La necesidad de controlar al TC guarda relación con la elección de sus miembros. Cuando la Asamblea Constituyente de 1979 diseñó el Tribunal de Garantías Constitucionales, ésta optó por una elección plural de miembros. La elección de sus 9 integrantes sería repartida equitativamente entre los tres poderes del Estado (3 por el Congreso, 3 por el Ejecutivo y 3 por la Corte Suprema de Justicia). Luego del autogolpe, en 1996, el Congreso Constituyente Democrático, de mayoría Fujimorista, decidió que los ahora siete miembros del TC serían elegidos únicamente por el Congreso, dejando atrás el equilibrio de poderes.

La recomposición del TC es inminente pues seis de sus siete magistrados tienen el periodo vencido desde el 2019. Según su reglamento, los miembros del TC son elegidos por un periodo de cinco años y no tienen opción a elección inmediata. La demora en la designación se debe a la crisis política existente desde el 2019. Fue precisamente la falta de transparencia en el proceso de selección de los candidatos al TC, lo que originó que el entonces Presidente Vizcarra disolviera el Congreso ese año. El Congreso “complementario”, que acaba de cesar, intentó repetidamente nombrar a nuevos magistrados sin éxito debido a la falta de consenso (se necesita el voto de dos tercios de los congresistas según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) y la impresión de su falta de idoneidad para llevar a cabo dicho proceso. 

A pesar de estas declaraciones, el Congreso “complementario” continuó, infructuosamente, con el proceso irregular de elección de magistrados. La falta de transparencia en la selección y evaluación de candidatos provocó una medida cautelar, dictada dentro de un proceso de amparo, ordenando la suspensión del proceso. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abogaron también por la suspensión del trámite. Pero, argumentando la injerencia del poder judicial en cuestiones legislativas, el Congreso comunicó su intención de desobedecer la orden judicial y denunció a la jueza que dictó la medida por prevaricato. 

Inclusive, el Congreso “complementario” intentó una interpretación antojadiza del criterio de selección: El orden de precedencia. Según el Reglamento Normativo del TC, depende primero de la antigüedad en el cargo y, en caso de igualdad, de la colegiatura. Como los 6 magistrados fueron nombrados el mismo día, correspondería comenzar a reemplazarlos usando el segundo criterio. Pero, para la mayoría del Congreso “complementario”, este criterio no favorecería el reemplazo de magistrados críticos a las medidas populistas últimamente tomadas y favorecedoras de intereses de algunos congresistas favorables al fujimorismo. Una voceada alternativa fue entonces usar el primer criterio teniendo en cuenta la hora en que los magistrados fueron elegidos, para así, asegurar el reemplazo de al menos un candidato conocido por sus votos contra medidas pro Fujimoristas. Afortunadamente, el Congreso “complementario” no llegó a reunir consenso para intentar una nueva votación antes del cambio de mando. Ahora queda ver cómo el nuevo Congreso, dividido, sin mayorías claras, pero claramente hostil al nuevo Ejecutivo, afrontará este reto. 

Por el momento, mientras el país sigue en crisis política luego de un cambio de mando accidentado, el control estratégico del TC sigue siendo un recurso altamente relevante. El Consejo de Ministros recientemente nombrado por el Presidente de la República, Pedro Castillo, enfrenta serias críticas por parte del Congreso y de la población, al incluir, entre otros, a una persona investigada por el delito de apología al terrorismo. Muchos se preguntan si ésta es, en realidad, una medida tomada con el fin de provocar la disolución del Congreso, al ser improbable que el Consejo de Ministros reciba la “confianza” necesaria (Art. 130 Constitución del Perú).

 Al mismo tiempo y en respuesta, la sombra de la vacancia presidencial por incapacidad moral resurge en el Congreso, pues el presidente podría ser acusado por incluir en su gabinete a personas investigadas por delitos de alta sensibilidad nacional, tomando en cuenta la historia reciente de la lucha contra el terrorismo en el Perú. Asimismo, Castillo ha declarado su intención, al menos durante la campaña electoral, de eliminar el TC y reemplazarlo por un organismo más representativo, además de instaurar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Al carecer de mayor explicación desde el nuevo gobierno, queda ver si, en efecto, existe un plan efectivo de cambiar la Constitución y si dicho cambio incluiría, como se ha señalado, un proceso de selección de magistrados plural que garantice representación y obedezca a un equilibrio de poderes.