El juicio de Berta

10 de Agosto de 2021
El juicio de Berta

Aunque la sentencia contra uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres representa un avance importante, se debe continuar en el proceso de determinación de todas las responsabilidades

LOS HECHOS PROBADOS

El pasado 5 de julio, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal, determinó, por unanimidad de votos, que David Castillo, ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), es culpable como coautor en el asesinato de Berta Cáceres en el año 2016.

De acuerdo con el tribunal, en el juicio se probaron tres hechos: en primer lugar, que el conflicto se generó por la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque y que la oposición de las comunidades y el COPINH, liderada por Berta Cáceres, se debió a que este representaba un peligro para el medio ambiente y se impulsó en violación al derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas.

En segundo lugar, los directivos de la empresa DESA realizaron acciones destinadas a vigilar y neutralizar los movimientos y acciones de Berta Cáceres y el COPINH. Para lograrlo, se organizaron en un grupo de WhatsApp y pagaron servicios a informantes con el fin de obtener información anticipada de las fechas y lugares en donde realizarían movilizaciones y otras acciones de oposición a la construcción de la hidroeléctrica.

En tercer lugar, David Castillo fue una pieza esencial en la decisión de acabar con dicha oposición en contra del proyecto Aguas Zarca y en la supervisión y aportación del presupuesto y los elementos logísticos que Douglas Bustillo, el cabecilla de los autores materiales, necesitaba para coordinar y ejecutar el asesinato de Cáceres.

Las pruebas presentadas en el juicio otorgaron al tribunal el pleno convencimiento de que eran suficientes y no contradictorias para producir la certeza de que Castillo ejecutó acciones tendientes a la consumación del crimen y formó parte de la planificación de cómo y dónde se ejecutaría.

LAS DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA

A la luz de lo anterior, este juicio nos permite reflexionar sobre dos dimensiones de la sentencia: en su dimensión jurídica, representa un paso importante en la lucha contra la impunidad estructural que azota al país y que coloca a Honduras como la nación con mayor impunidad en América Latina de acuerdo con el Índice Global de Impunidad.

No obstante, lograr dicha sentencia ha sido una lucha titánica por parte de la familia de Berta Cáceres, sus representantes legales y el COPINH, con el apoyo y acompañamiento de muchas organizaciones nacionales e internacionales. Sin este trabajo articulado las posibilidades de obtener parcialmente justicia se hubieran reducido enormemente y quizá este caso formaría parte de la larga lista de los que quedan sin investigación, sanción y reparación en Honduras.

Pero no es suficiente, pues como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia -como en el caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia)-, la impunidad subsiste cuando no se ha determinado toda la verdad de los hechos y todas las responsabilidades. Si bien hasta ahora se ha logrado condenar a varios autores materiales y a David Castillo como coautor intelectual, la propia sentencia señala el nexo de otros directos de la empresa DESA.

En este sentido, el sistema judicial hondureño todavía tiene una deuda con el derecho de la familia de Berta Cáceres y de la sociedad hondureña de conocer todas las circunstancias que han rodeado su asesinato y quiénes son las demás personas responsables del mismo, particularmente cuando son personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado y al poder político, económico y empresarial.

Es preciso reafirmar que sólo cuando se esclarecen todas las circunstancias de un crimen se puede afirmar que el Estado de Honduras ha proporcionado a las víctimas y a sus familiares un recurso efectivo, y ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar, permitiendo a los familiares de Berta conocer toda la verdad.

LAS DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA SENTENCIA

En su dimensión política, esta sentencia tiene varias representaciones simbólicas: primero, el crimen contra Berta Cáceres es la culminación de un patrón sistemático y generalizado de violencia contra ella y su lucha, lo cual se repite a diario en contra de quienes defienden la vida y los bienes comunes. Por ello, de acuerdo con Global Witness, Honduras es el país per cápita más peligroso del mundo para las personas defensoras del medio ambiente.

Segundo, Berta fue víctima de un sistema selectivo en tanto que actúo de manera diligente cuando la estigmatizó y criminalizó, pero que aún sigue en deuda con respecto a determinar todos los hechos y todas las responsabilidades en su asesinato, y continúa demostrando su resistencia a investigar al resto de personas autoras intelectuales conectadas con el poder económico en el país.

Y, tercero, el juicio permitió que saliera a la luz pública las conversaciones por chat y llamadas entre las personas señaladas como responsables del crimen, revelando la faceta más clasista, racista y patriarcal de quienes lo planificaron y ejecutaron. Berta lo tenía claro y por eso afirmaba que había que “enfrentar a la dictadura basada en diferentes formas de dominación. No solo es el capitalismo depredador, no solo el racismo que también se ha fortalecido en esta dictadura, sino también el patriarcado”.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Esta sentencia puede ser el punto de partida en el combate a la impunidad en Honduras. Ahora se requiere que se den pasos firmes hacia la determinación de todos los hechos y de todas las responsabilidades. Mientras el resto de personas autoras intelectuales sigan sin ser investigadas, enjuiciadas y sancionadas, la impunidad continuará y no podrá haber justicia y reparación integral.

Como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negar y obstaculizar la justicia y el conocimiento de toda la verdad, no sólo pone en riesgo la seguridad democrática al alimentar la impunidad e impedir la plena realización del Estado de derecho, también propicia la repetición crónica de la violencia en contra de quienes defienden la vida y la indefensión de las víctimas y sus familiares.

Citación académica sugerida: Mejía Rivera, Joaquín, A. El juicio de Berta. Agenda Estado de Derecho, 2021/08/10. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-juicio-de-berta/

Palabras clave: Honduras, Berta Cáceres, lucha contra la impunidad

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ACERCA DEL AUTOR
Joaquín A. Mejía Rivera

Doctor en Derechos Humanos. Investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y coordinador adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.