El Estado de Derecho en Polonia. Cuando la pandemia se encuentra con el iliberalismo constitucional

11 de Noviembre del 2020
El Estado de Derecho en Polonia. Cuando la pandemia se encuentra con el iliberalismo constitucional

A finales de septiembre de 2020 la Comisión Europea (CE) ha publicado los reportes sobre el Estado de Derecho en cada país miembro de la Unión Europea. Entre ellos se encuentra el documento dedicado a Polonia, que –junto al de Hungría– fue uno de los más esperados. Lo anterior se debe a que ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) están pendientes los asuntos para declarar la existencia de un riesgo claro de una violación grave de los fundamentos axiológicos de la Unión Europea (incluyendo libertad, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos).

 La lectura del documento dedicado a Polonia no llena de optimismo, ya que demuestra que durante la pandemia de Covid-19 la independencia judicial en Polonia está muriendo en silencio. Lo anterior constituye una confirmación de la regla general que cada situación crítica tiene el potencial de ser explotada para obtener beneficios políticos, sobre todo cuando las garantías constitucionales –incluyendo el control de constitucionalidad independiente– han sido neutralizadas.

Entre muchos problemas relacionados con el principio de Estado de Derecho mencionados por la CE, incluyendo la independencia judicial, el marco de anticorrupción y el pluralismo en los medios de comunicación, destacan las cuestiones relacionadas con el régimen disciplinario de los jueces. No cabe ninguna duda de que los magistrados polacos desde finales de 2015 están bajo una presión política fuerte. El régimen de la responsabilidad disciplinaria, modificado sustancialmente en 2018, se ha convertido en un instrumento muy eficaz para intimidar a los “insubordinados”. Pese a que es un procedimiento que actualmente subestima la independencia judicial, sigue siendo utilizado para los jueces que no temen defender públicamente los principios democráticos.

El principal problema relacionado con el régimen disciplinario en Polonia consiste en el órgano que participa en dichos procedimientos. Es, creada en 2018, la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, cuyo estatus es dudoso desde el punto de vista del derecho de la UE. La justicia europea ya en noviembre de 2019 ha confirmado que su composición puede suscitar serias dudas acerca de las garantías de la independencia judicial. Además, en octubre de 2019, en otro procedimiento, la CE ha pedido que el TJUE revise la totalidad del nuevo régimen de la responsabilidad disciplinaria de los jueces en Polonia. La consecuencia de este recurso fue la medida provisional dictada por el TJUE en abril de 2020, en la cual suspendió el funcionamiento de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo e indicó que hasta la sentencia final no se puede garantizar que los procedimientos disciplinarios contra los jueces fueran controlados por un órgano que satisfaga las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, entre ellas la de independencia.

La reacción de la misma Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo frente a esta medida dictada por el TJUE fue inmediata. La Cámara mandó al Tribunal Constitucional (TC) polaco un recurso de constitucionalidad preguntando si es admisible la competencia de un órgano de la UE de suspender el funcionamiento de un órgano judicial nacional. No es la primera vez que el TC polaco, o mejor dicho un Tribunal Anticonstitucional o un zombi constitucional –una institución controlada políticamente– se utiliza para legitimar los dudosos cambios legislativos que subestiman la independencia judicial.

Haber mandado el mencionado recurso no es, sin embargo, la manifestación máxima de la falta del respeto del derecho de la UE por parte de los populistas polacos. Lo último consiste en que tanto el gobierno, como la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo ignoran la medida provisional de la justicia europea. Los procedimientos ante esta Cámara continúan pese a su cese de abril de 2020. El mejor ejemplo es el asunto resuelto el 12 de octubre de 2020, cuando se revocó la inmunidad (suspendiendo en funciones y privando una parte de remuneración) de una jueza conocida por defender la independencia judicial y la presidenta de una asociación de jueces polacos.

La CE, siendo el guardián de los Tratados de la UE, conociendo esta práctica y sabiendo que un órgano suspendido por la justicia europea sigue actuando a nivel nacional, se autolimitó en su reporte a mostrar unos principales hechos, sin indicar que las autoridades polacas siguen violando conscientemente el derecho de la UE. La CE tampoco criticó vehementemente los acontecimientos del 12 de octubre de 2020 relacionados con la resolución de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo. Del mismo modo, la sociedad polaca y los medios de comunicación no les dedicaron mucha atención, ya que desde el comienzo de octubre 2020 Polonia enfrenta la segunda ola de Covid-19, lo que preocupa mucho a la gente.

En este sentido, la pandemia otra vez tiene influencia en el equilibrio constitucional y afecta la importancia y el impacto de las noticias sobre el deterioro del Estado de Derecho en Polonia. Desde el comienzo de esta situación crítica en marzo 2020, el gobierno polaco sigue adoptando medidas que se encuentran entre las más amplias y de mayor alcance –afectando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales–, subestimando al mismo tiempo varios principios constitucionales. Ya durante la primera ola de Covid-19 se evidenciaron varios problemas jurídicos que constituyen el mejor ejemplo del iliberalismo constitucional, que busca la centralización del poder y su uso indebido en unas situaciones críticas. Entre ellos vale la pena destacar el hecho de no haber declarado una de las constitucionales medidas de excepción, sino modificar y aplicar las leyes ordinarias, privando asimismo a los ciudadanos de una serie de garantías sustanciales y formales. Se trataba también de varias infracciones de los principios de la legalidad y la exclusividad de las leyes (sistema constitucional de fuentes de derecho), ya que la gran parte de las disposiciones centradas en combatir la pandemia estaban redactadas en términos muy amplios y generales, dejándole a los órganos públicos mucha discrecionalidad en lo que se refiere al contenido y dimensión de estas medidas. No obstante, lo más nocivo para la democracia liberal y los principios constitucionales fue la manera de aplazar las elecciones presidenciales que iban a celebrarse a principios de mayo de 2020 (finalmente realizadas en junio de 2020). Todo el periodo precedente a las elecciones fue extremadamente caótico, sin ninguna certidumbre sobre los elementos básicos, tales como la fecha del sufragio, forma de votar y el órgano responsable de organizar y supervisar el proceso electoral. Durante dos meses se aprobaron tres diferentes leyes electorales, en un procedimiento legislativo no deliberativo y sin consultas públicas.

Lo anterior demuestra por qué en un Estado democrático es crucial tener un poder judicial independiente. En estas situaciones extraordinarias, un Tribunal Constitucional imparcial es capaz de controlar la proporcionalidad de las medidas legislativas adoptadas y oponerse a la concentración del poder. Asimismo, los tribunales ordinarios independientes pueden verificar las decisiones individuales que constituyen injerencias en los derechos civiles, políticos y sociales. No cabe ninguna duda de que el gobierno polaco y los políticos populistas hacen todo para debilitar este complejo sistema de control y equilibrio.

Citación académica sugerida: Krzywoń, Adam: El Estado de Derecho en Polonia. Cuando la pandemia se encuentra con el iliberalismo constitucional, 2020/11/11, https://agendaestadodederecho.com/el-estado-de-derecho-en-polonia-cuando-la-pandemia-se-encuentra-con-el-iliberalismo-constitucional

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ACERCA DEL AUTOR
Adam Krzywoń

Profesor agregado de Derecho Constitucional en la Universidad de Varsovia. Investigador en Madrid Institute for Advanced Studies (2019/2020). Actualmente investigador en German Research Institute for Public Administration (FÖV), en Speyer.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.