El Caso de Digna Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

25 de Febrero de 2022
El Caso de Digna Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Digna Ochoa. Tomada de Eleconomista

¿De qué se trata el caso Digna Ochoa versus México y cuál es su trascendencia jurídica?

¿Quién fue Digna Ochoa?

La vida y obra de Digna Ochoa, una histórica y reconocida defensora de derechos humanos en México, ha sido para varias generaciones un símbolo inspirador. Digna representó y asesoró jurídicamente varios casos de violaciones de derechos humanos de gran relevancia nacional, algunos de los cuales llegaron a ser conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Asimismo, recibió múltiples reconocimientos a nivel internacional por su labor en la defensa de los derechos humanos.

Digna fue encontrada muerta en su oficina de la Ciudad de México el 19 de octubre de 2001, justo unos meses después de que se levantaran las medidas provisionales de protección otorgadas por la Corte IDH con el fin de salvaguardar su vida y la de las abogadas y abogados del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Su muerte marcó profundamente la práctica del Tribunal en este rubro de forma que, por muchos años, las medidas provisionales tuvieron una larga vigencia con el fin de intentar evitar otro hecho trágico como el sucedido. Igualmente, la muerte de Digna Ochoa ocurrió en un contexto de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, que se extiende hasta nuestros días.

Inicialmente, las autoridades penales siguieron tres líneas de investigación principales sobre lo sucedido, entre las que se encontraban la posibilidad de autoría militar y la de que su muerte fuera en represalia por sus actividades de defensa de grupos y personas ecologistas en Guerrero.  Durante la investigación hubo múltiples fallas en la actuación de los servicios forenses: en la recolección de prueba, la cadena de custodia, la práctica de la prueba testimonial, entre otras. Tras un largo procedimiento, la conclusión a la que arribaron las autoridades mexicanas fue que Digna Ochoa se había suicidado.

Esta conclusión, fruto de una investigación poco diligente, dejó la muerte de la conocida defensora de derechos humanos, así como las violaciones procesales cometidas durante las investigaciones, en la impunidad. Las autoridades no sólo no la protegieron de las personas que la persiguieron, amedrentaron y violentaron, sino que además sembraron la idea de que su muerte no estaba relacionada con su trabajo por los derechos humanos, sino que fue una decisión propia.

La sentencia de la Corte IDH.

Ante ese panorama desolador se inició la lucha por acceder a la justicia y a la verdad ante las instancias internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese largo y difícil camino terminó el pasado 19 de enero de 2022 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la sentencia del Caso Digna Ochoa y Familiares Vs. México del 25 de noviembre de 2021.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia interamericana es que se determinó que la investigación de su muerte no solo fue deficiente, sino que también fue víctima de un discurso estatal «encaminado a denostar su imagen pública, polarizar a la sociedad mexicana y sustentar ante la opinión pública la versión del suicidio, […]haciendo uso de estereotipos de género [..].” (Párr. 140)

Igualmente, la Corte IDH determinó que la investigación y judicialización de la muerte de Digna Ochoa “no cumplió con lo estándares de debida diligencia, se usaron y aplicaron estereotipos de género que obstaculizaron el procedimiento […] y además, se realizaron declaraciones públicas en el marco de la investigación que dañaron la honra y dignidad de […] Digna Ochoa”.(Párr. 148 de la Sentencia)

Las implicaciones de la sentencia en México y Latinoamérica.

En cuanto a las reparaciones, la Corte Interamericana ordenó continuar con las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de Digna Ochoa; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; la creación de un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará su nombre y el diseño e implementación de una campaña para reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Además, entre las medidas de no repetición, destaca la creación e implementación de un “Mecanismo de Protección de Testigos que intervengan en el Procedimiento Penal”.

La sentencia del caso de Digna Ochoa es trascendental en un país en donde las personas defensoras de derechos humanos viven bajo amenazas y hostigamientos de todo tipo, y los asesinatos cometidos contra ellas ocurren ordinariamente, y en completa impunidad. Es un llamado a las autoridades para adoptar medidas que contribuyan a garantizar el derecho de acceso a la justicia para las personas defensoras, y concretamente, actuar con debida diligencia en la investigación y juzgamiento de ataques dirigidos contra estas personas.

En este sentido, resulta peculiar que se haya ordenado que el Ejecutivo Federal “Elabor[e], present[e] e impuls[e] una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales.” (Párr. 177.6) Lo anterior obliga al Ejecutivo a impulsar un cambio de la Carta Magna en un plazo de dos años.

Han sido pocos los casos en donde la Corte IDH ha ordenado directamente una reforma constitucional y esto, por lo regular, se ha dado cuando existe una clara contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), tal como sucedió, por ejemplo, en el caso Olmedo Bustos (La última tentación de Cristo) Vs. Chile en materia de libertad de expresión.

En el caso Digna Ochoa, si bien no existe por sí misma una contradicción entre la CADH y la Constitución Mexicana, se ordena promover el cambio constitucional mencionado con el fin de fortalecer a los servicios periciales, lo que representa, sin duda, el incipiente surgimiento de un estándar internacional en esta materia. A su vez, el hecho de que una sentencia internacional ordene una posible reforma constitucional, es algo trascendental a partir del valor casi intocable que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha otorgado a las restricciones a los derechos presentes en la misma desde la ya célebre Contradicción de Tesis 293/2011.

Igualmente, la sentencia es importante por el hecho de que en dos casos pendientes de resolución en la Corte IDHCaso García Rodríguez y Reyes Alpizar, y Caso Tzompaxtle Tecpile y otros– se está cuestionando la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, instituciones presentes en la Constitución Mexicana en sus artículos 19 y 16 respectivamente. Sin duda, lo resuelto en el caso Digna Ochoa es un precedente importante en el eventual debate tanto en el fondo como en las posibles medidas de reparación de ambos asuntos.

En la supervisión de cumplimiento de la sentencia o en una posible solicitud de interpretación, sin duda será objeto de discusión el alcance del verbo “impulsar” en una medida de reparación adoptada en un formato inédito. Una interpretación demasiado amplia bien podría terminar en ningún cambio, mientras que una muy estricta llevaría a que se concluyera el proceso de reforma rápidamente. Igualmente, cabría preguntarse si este deber corresponde exclusivamente al Ejecutivo o al resto del Estado Mexicano considerando que en el punto resolutivo 18 de la sentencia se menciona la participación del Estado y no sólo del Ejecutivo. En el Sistema Interamericano cuando la Corte IDH hace alusión al Estado se refiere a todos los poderes públicos lo que implicaría que la reforma constitucional sería obligatoria.

La sentencia de la Corte IDH es parte de la justicia que los familiares de Digna Ochoa esperaron por más de veinte años. Es justicia, pero no completa: aun falta determinar quien le arrebató la vida. Aun así, este es el primer paso en un proceso que tenemos que completar para honrar el luminoso legado que nos ha dejado la distinguida mexicana como defensora de derechos humanos, no le podemos fallar esta vez.

Citación académica sugerida: Pelayo Moller, Carlos M. El Caso de Digna Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agenda Estado de Derecho. 2022/02/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-caso-de-digna-ochoa-ante-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/

Palabras clave: Digna Ochoa, México, Corte IDH, Sistema Interamericano, reforma constitucional

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Carlos M. Pelayo Moller

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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