En el caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina, una de las víctimas fue interceptada y detenida por la policía “con fines de identificación”, debido a que se consideró que su actitud era “sospechosa”. En la patrulla fue obligado a bajarse los pantalones y la ropa interior. Luego fue procesado y condenado penalmente. La policía fundamentó la detención en que estaba nervioso y no estaba vestido conforme a la zona por la que transitaba. La Corte IDH consideró que de estas razones un observador razonable no podía inferir objetivamente la posible comisión de un ilícito.

Esto hubiera sido suficiente para establecer la arbitrariedad de la detención, sin embargo, la Corte IDH decidió ir más allá y establecer que las razones que sustentaron la detención con fines de identificación -en realidad- respondieron a preconceptos y estereotipos sobre la apariencia y vestimenta de la víctima, y sobre el comportamiento aceptable en presencia policial. Indicó que dichos estereotipos traen aparejada una presunción de culpabilidad contra toda persona que, a criterio de la policía, encaje en los mismos, impidiendo una evaluación en cada caso de las razones objetivas que justifiquen la sospecha. Así, la Corte concluyó que la detención fue discriminatoria, además de arbitraria.

En el caso Acosta Martínez vs. Argentina, se aborda la detención, seguida de muerte de una persona afro-uruguaya en las inmediaciones de una discoteca, después de que la policía recibiera una denuncia sobre la presencia de una persona armada. El señor Acosta fue detenido e introducido en la patrulla porque supuestamente se encontraba en estado de ebriedad. Allí sufrió lesiones y falleció cuando iba a ser trasladado al centro médico. La Corte IDH consideró que la causal prevista en el edicto aplicado (estado de ebriedad) era ambigua y trascendía el ejercicio legítimo del poder punitivo. Aunque la Corte pudo quedarse en este punto para determinar la arbitrariedad de la detención, decidió analizar los hechos bajo la lupa del derecho a la igualdad y no discriminación.

En este análisis, la valoración probatoria de la Corte IDH resulta particularmente importante, tomando en cuenta que, aunque se alegaba discriminación racial, no había ninguna referencia explícita para fundamentar el alegato. La Corte consideró suficiente el hecho de que las únicas personas interpeladas por la policía fueron afrodescendientes y que fueron detenidas sin que les hubieran encontrado armas. Agregó que la amplitud de la causal le permitió a la policía darle “a posteriori” una “apariencia de legalidad” a su actuación, aunque en realidad se basó en perfiles raciales. Los elementos circunstanciales del caso, la existencia de una normativa que otorgaba un amplio nivel de discrecionalidad y la constatación de un contexto general de violencia policial y uso de perfiles raciales en el país, fueron suficientes para concluir que hubo discriminación racial. 

Estos dos casos vienen a consolidar la línea relacionada con discriminación por el uso de perfiles raciales o relacionados a la percepción de la situación socio-económica de una persona en el ejercicio de las potestades de los cuerpos de seguridad del Estado, aunque no existan referencias explícitas a las categorías prohibidas de discriminación. Destaco que la valoración probatoria en el caso Acosta Martínez, dando especial relevancia a los elementos circunstanciales y de contexto, es coherente con formas de discriminación menos explícitas. Además, la Corte IDH dictó medidas de no repetición consistentes con estos hallazgos, particularmente, cambios normativos, capacitaciones enfocadas en la prohibición del uso de estereotipos y perfiles raciales y la producción de estadísticas sobre denuncias de detenciones arbitrarias y discriminatorias, a la par de un sistema de registro y estadísticas sobre la población afrodescendiente en el país. Una novedad reciente es este último componente estadístico de las medidas de no repetición en este tipo de casos. Con algo de optimismo, esto también puede considerarse un punto de partida para que el SIDH empiece a relacionar prácticas discriminatorias en la actuación policial como una – de muchas – causas estructurales de disparidades raciales o socio-económicas en la población penitenciaria.