El 2 de octubre de 2017, Marian Gómez y Rocío Girat se encontraban bajo el domo de la estación de metro subterránea de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. Ambas mujeres estuvieron un rato allí, se besaron, abrazaron, conversaron y fumaron cigarrillos. Esas acciones llamaron la atención de un guardia de seguridad y de un policía, que abordaron a la pareja con la excusa de que no estaba permitido fumar en el lugar. Ellas denunciaron la intervención como discriminatoria y basada en su sexualidad. La secuencia posterior de los hechos devino en un largo proceso judicial. 

En una primera instancia, el Tribunal Oral 26 condenó a Marian Gómez a la pena de un año de prisión en suspenso por considerarla autora de los delitos de resistencia a la autoridad y de lesiones leves agravadas por damnificar a personal policial. El fallo se dio a conocer el día 28 de junio de 2019, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. El tribunal tuvo por probado que, a propósito del arribo policial, la imputada resistió la orden de detención, golpeó al agente que intervino en primer término y lesionó a una oficial de policía que llegó en apoyo. 

La condena fue luego revocada por la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que el 7 de abril de 2021 absolvió a Marian Gómez por los delitos indicados. Esta decisión fue celebrada por numerosas organizaciones sociales que siguieron el caso y denunciaron el proceso penal en sí como forma de disciplinar a las sexualidades disidentes y condicionar su expresión pública. El principio de igualdad y no discriminación cruza tres aspectos fundamentales de la sentencia absolutoria. 

En primer término, la sentencia absolutoria resalta la selectividad del accionar de seguridad y policial que se percibe en la causa. Si bien el tema no es profundizado, el enfoque es relevante por la recurrencia de este tipo de prácticas. 

Al respecto, en el DIDH hay una consolidada línea jurisprudencial que proscribe el uso de perfiles discriminatorios en el accionar policial y que destaca la arbitrariedad de las detenciones por ese motivo. Sólo por tomar casos recientes, la Corte Interamericana trató el tema en “Azul Rojas Marín vs. Perú”, en “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina” y en “Acosta Martínez vs. Argentina”. 

En ellos, la Corte se detuvo en la arbitrariedad que suponen las detenciones de las fuerzas de seguridad cuando no existen elementos objetivos que relacionen una conducta con un hecho ilícito, sino tan solo suposiciones, pálpitos, meros prejuicios o un accionar abusivo de los agentes. El asunto también fue tratado por la CIDH en un informe sobre violencia contra colectivos LGBTIQ+ en la región. 

En segundo lugar, la sentencia absolutoria destaca ciertos sesgos en la valoración de la prueba que fundó la condena. En lo que aquí interesa, cuestionó el peso que otorgó el Tribunal Oral a la declaración del empleado de seguridad, que presentaba debilidades y prejuicios implícitos. También cuestionó que el tribunal no reparara en que la acción policial se dirigió únicamente hacia Marian Gómez, aun cuando su pareja declaró haber estado fumando al igual que ella y muchas otras personas en la estación. 

En esa línea, la sentencia indicó que no podía pasar inadvertido que Marian Gómez era quien presentaba un aspecto menos ajustado a las normas hegemónicas en materia de vestimenta, comportamiento y expresión de género, ni tampoco podían desatenderse los testimonios que señalaron que el policía la llamó “pibe” varias veces en el marco de su intervención.   

Si bien la sentencia absolutoria no avanzó en el desarrollo, este enfoque de valoración probatoria también encuentra apoyo en el DIDH. Sobre el particular, existe una jurisprudencia sostenida que exige que las investigaciones se sustancien con perspectiva de género y de una forma libre de estereotipos y prejuicios. Ello permite configurar el acceso a un juicio imparcial y justo, lo que incluye tener debidamente en cuenta el testimonio de las personas afectadas. En el caso de mujeres imputadas de delitos, este enfoque exige eliminar el estereotipo según el cual aquellas distorsionan los hechos con fines “instrumentales”, como el de mejorar su situación legal y obtener ventajas procesales.

Finalmente, el principio de igualdad y no discriminación también permea el análisis del tipo penal de resistencia a la autoridad imputado en el caso. Aquí, la sentencia absolutoria ofrece distintos argumentos para concluir que no existía una orden legítima del funcionario policial que pudiera ser resistida en los términos del ilícito atribuido a Marian Gómez, a lo que agrega un cuestionamiento al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. 

Dentro de esa argumentación, la sentencia integró nuevamente el accionar selectivo de la fuerza policial y la valoración de los testimonios de las involucradas, en particular lo relacionado con el trato discriminatorio del agente y con las referencias a la identidad/expresión de género de la acusada.

Lo señalado continúa el criterio presentado en puntos previos, pero a la vez permite una reflexión adicional sobre el delito en cuestión y sobre la presencia que adquiere en contextos de intervenciones policiales cuestionadas. En tal sentido, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ha indicado que este tipo de delitos es intrínsecamente ambiguo y permite “un alto grado de discrecionalidad a las fuerzas del orden, sin suficientes salvaguardias para garantizar la protección contra la detención arbitraria”. También otros organismos han llamado la atención sobre el uso de esas figuras delictuales para validar intervenciones de las fuerzas de seguridad. 

A modo de conclusión, el abordaje de los problemas que el caso revela exige al menos cinco clases de medidas de no repetición: (i) la adecuación normativa, a fin de precisar supuestos objetivos relacionados con un delito para la detención de personas, que eviten la discrecionalidad y la utilización de estereotipos discriminatorios; (ii) el diseño de protocolos que, con base en normativas adecuadas, regulen de modo detallado el accionar de las fuerzas de seguridad; (iii) la capacitación de funcionarios policiales, fiscales y judiciales en estándares internacionales de DDHH sobre detención, revisión judicial integral y no discriminación; (iv) el control judicial estricto; y (v) el diseño de mecanismos de denuncia, que permitan investigar abusos de las fuerzas de seguridad con debida diligencia y con salvaguardas suficientes para las personas damnificadas.