¿DICTAR SENTENCIAS O RESOLVER CONFLICTOS?

5 de Enero del 2021

El derecho de acceso a la justicia ha venido adquiriendo importancia dentro de los sistemas jurídicos latinoamericanos, pero su alcance suele estar atado a la idea de acceso a los tribunales de justicia como si esa fuera la única justicia posible. Desde hace algunos años que ese concepto restringido del derecho de acceso a la justicia está siendo cuestionado. Hoy, los sistemas judiciales latinoamericanos, nos enfrentamos con un contexto de alta conflictividad en donde los tribunales se muestran incapaces de atender en forma adecuada y oportuna todas las necesidades e intereses de las personas. Este fenómeno de insatisfacción con los órganos jurisdiccionales contribuyó a la proliferación de metodologías anexas o vinculadas a los tribunales de justicia como la mediación, la conciliación y el arbitraje.

Como consecuencia de ello, esa noción pequeña del acceso a la justicia ha sido reemplazada por otra más amplia, la de acceso a la forma más adecuada de prevención, atención y resolución de los conflictos.  Esto quiere decir, entre otras cosas, que hoy la justicia: 1. No es propiedad exclusiva de los tribunales de los principales centros departamentales; 2. Es algo diferente al proceso judicial, y puede materializarse a través de instituciones de diversa naturaleza; 3. Se adapta al conflicto que debe atender y contribuir a resolver; 4. Es dinámica, más humana y se presenta como un servicio a la comunidad; y 5. Tiene por fin la resolución material o real del conflicto y no se satisface con la mera resolución burocrática o formal.

Aunque pudiera parecer una obviedad, desde un enfoque tradicional del derecho de acceso a la justicia, dictar sentencias y resolver conflictos son la misma cosa. Sin embargo, la resolución material de un conflicto no depende del juez competente, sino de las propias partes. En este sentido, el conflicto es un fenómeno social vinculado a la subjetividad de las partes, pues son ellas quienes tienen la convicción acerca de la existencia de un diferendo. Como consecuencia de ello, la resolución del conflicto no depende del dictado de una sentencia ajustada a derecho, sino del propio sentir subjetivo de los protagonistas del litigio. Así, las sentencias no sólo no son capaces muchas veces de resolver materialmente un conflicto, sino que a veces contribuyen a escalarlo.

A partir de esta reflexión podríamos asentir que, aun cuando la intervención del Poder Judicial está vinculada inexorablemente a la existencia de una disputa que necesita ser resuelta, el fenómeno del conflicto sigue siendo el gran desconocido de todos los operadores del derecho.

Tal como se expresó, el conflicto es un fenómeno subjetivo, en donde dos o más partes perciben que sus intereses y necesidades se muestran incompatibles con los intereses y necesidades de otra u otras personas, de quienes depende su satisfacción. Desde la perspectiva que propongo, un conflicto no puede comprenderse objetivamente, como un problema universal, sino que debe estudiarse desde la perspectiva individual de quienes se encuentran involucrados en él, ya sea como partes o en calidad de terceros.

La sentencia como instrumento formal tiene un valor jurídico, simbólico y cultural que nos hace pensar que es suficiente para regular la convivencia social, pero tratándose del resultado de un proceso adversarial en donde se declara un vencedor y un vencido, es poco probable que se genere en ambas partes la convicción subjetiva necesaria para poner fin al conflicto.

Por el contrario, las metodologías colaborativas de resolución de conflictos como la negociación, la conciliación y la mediación operan sobre la base de la colaboración y no de la contienda. En este tipo de mecanismos, son las propias partes quienes negocian (ya sea por sí mismas, o con la intervención de un tercero imparcial) y se dan sus propias soluciones. Es decir que, a diferencia del proceso judicial tradicional en donde la justicia viene dada desde afuera, desde el juzgador, en los métodos no adversariales de resolución de conflictos las soluciones surgen de las mismas partes, y como tales, gozan de mayor aceptación y acatamiento.

Como parte de la evolución latinoamericana en la materia, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad mencionan a la mediación y la conciliación como metodologías que pueden favorecer la atención de los conflictos de las personas que pertenecen a grupos sociales postergados.

También las constituciones han comenzado a incorporar este tipo de procedimientos como parte de sus textos, pudiéndose citar como ejemplo en Argentina a las provincias de CorrientesEntre Ríos, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perfilándose como un verdadero derecho que supone la introducción de instancias de diálogo, negociación y composición en forma previa al acceso a los tribunales de justicia.

No es de extrañar que en las últimas décadas hayan proliferado diferentes organismos administrativos y judiciales investidos de facultades para la prestación de servicios comunitarios de: asistencia jurídica gratuita, mediación y resolución de conflictos, atención para mujeres y NNA víctimas de violencia familiar y de género, etc. Estos nuevos “polos de justicia” constituyen verdaderas vías de acceso para atender los conflictos en forma primaria, reservándose la actuación judicial para aquellos supuestos que así lo ameriten en función de la falta de acuerdo entre las partes, o de las características/gravedad del caso.

Con esto quiero decir que ni la justicia se reduce a los métodos colaborativos de resolución de conflictos, ni basta con garantizar el acceso a los tribunales de justicia. Una nueva comprensión de este derecho debe llevarnos entonces, a plantear espacios de convivencia institucional en donde ambos sistemas se presenten como complementarios, dentro de una secuencia en donde deberán privilegiarse temporalmente las instancias de autocomposición para dar lugar entonces en forma subsidiaria a instancias de resolución heterocompositivas del conflicto, usualmente –aunque no exclusivamente- a través de un pronunciamiento judicial.

La incorporación de estos mecanismos a los sistemas de justicia latinoamericanos han sido una verdadera reforma en términos de repensar sistemas que han permanecido incuestionados hace siglos, para dar lugar a un tipo de justicia más horizontal y dialógica en donde son las propias partes quienes recuperan el poder de resolución de sus diferencias a través del diálogo.

Potenciar estas capacidades y promover la colaboración entre la ciudadanía, a más de acercarnos a un tipo de convivencia más pacífica, es coherente con la propia finalidad de toda sociedad: alcanzar objetivos comunes en forma solidaria, de modo tal de promover la satisfacción material, afectiva y espiritual de todos los miembros que la integran en condiciones de igualdad real.

 Nota del editor: Este artículo es un resumen del libro ¿Dictar sentencias o resolver conflictos? publicado recientemente en Argentina por el profesor Ignacio Noble

Citación académica sugerida: Noble, Ignacio: ¿DICTAR SENTENCIAS O RESOLVER CONFLICTOS?, 2021/01/05, https://agendaestadodederecho.com/dictar-sentencias-o-resolver-conflictos/

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ACERCA DEL AUTOR
Ignacio Noble

Profesor de Derecho  por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (U.N.S.T.A.), Tucumán, Argentina. Director Académico del Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social (C.I.E.D.E.P.A.S.); director de proyectos de investigación en MARC y Coordinador del Consejo de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la (U.N.S.T.A.).

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