¿Detenciones incomunicadas por horas o días pueden ser consideradas desapariciones forzadas? ¿Qué deber tiene Venezuela para prevenir y rendir cuentas frente a estas conductas?
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (MII), establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, concluyó que las autoridades venezolanas utilizan la privación arbitraria de la libertad como arma para silenciar a los líderes políticos o figuras públicas que son percibidas como críticas del gobierno, incluidos periodistas, líderes sindicales, defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil.
En su informe de septiembre de 2023, la Misión llegó a la conclusión de que al menos en 14 casos “fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración atribuibles a las autoridades del Estado”. Las víctimas permanecieron desaparecidas durante al menos varias horas, y en algunos casos hasta diez días, hasta que se conoció su paradero. A pesar de las peticiones de sus familiares y/o abogados para saber si las víctimas estaban recluidas en lugares de detención específicos, las autoridades que tenían conocimiento de ello no proporcionaron ninguna respuesta”.
La definición internacional contemporánea de desaparición forzada caracteriza a esta violación como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (Observación general 1) ha dejado claro que no se requiere una duración mínima de privación de libertad para cumplir con esta definición; incluso, períodos muy cortos constituyen una desaparición forzada. El Comité ha afirmado que para prevenir que haya “víctimas de desaparición forzada en el contexto de la detención por motivos relacionados con la inmigración, siempre deben poder comunicarse con sus familiares (…)”. También, ha destacado que la “privación de libertad de los migrantes y la ocultación de su suerte o paradero equivalen a una desaparición forzada en el sentido del artículo 2 de la Convención, sin importar la duración de la privación de libertad(…)”.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha concluido que en Venezuela hay una práctica sistemática de privación ilegal de la libertad de las personas. En algunos casos, las personas han sido detenidas arbitrariamente y los organismos de seguridad negaron su paradero, incluso a sus abogados y familiares. En estos escenarios, las personas fueron puestas en libertad sin que les hayan imputado cargos después de varias horas o días de incertidumbre sobre su ubicación, a pesar de los repetidos intentos de buscar información de las autoridades.
En 2019, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias remitió al Gobierno venezolano una alegación general relativa a la existencia de obstáculos en Venezuela para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas “que se centraba primordialmente en el cuadro de desapariciones forzadas por períodos breves de opositores políticos y manifestantes pacíficos”.
Este patrón de desapariciones forzadas a corto plazo se ha vuelto aún más preocupante, ya que las víctimas a menudo “reaparecen” cuando son presentadas ante “tribunales especiales contra el terrorismo” y enfrentan vagas acusaciones penales como “conspiración” y “asociación criminal”. A estas víctimas típicamente se les niega el derecho a nombrar un abogado de confianza y se les asigna un defensor público con el que no tienen contacto. Existe un patrón y una práctica bien documentados de detención y enjuiciamiento de personas por parte de fiscales que ejercen funciones sin independencia y ante jueces que tampoco deciden de manera imparcial o independiente.
El caso de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, ilustra esta tendencia. Fue detenida arbitrariamente el 9 de febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Tres días después, el Fiscal General reconoció públicamente su detención y mencionó que asistía a una audiencia en el tribunal antiterrorista por la presunta comisión de los delitos de traición, conspiración y terrorismo. Su abogado de confianza no fue informado de su paradero ni de la existencia de esta audiencia; tampoco tuvo acceso al expediente del caso ni se pudo comunicar con San Miguel.
Los representantes del Estado venezolano negaron que las autoridades hubieran participado en desapariciones forzadas durante el debate del quinto examen periódico ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Argumentaron que, si alguien era detenido y su familia no conocía su paradero durante unas pocas horas, no podía considerarse un caso de desaparición forzada. No obstante, las autoridades venezolanas reconocieron durante dicho examen que “entre 2015 y 2022 se habían registrado 455 presuntos casos de desaparición forzada; 402 de esos casos estaban en curso de investigación, 10 casos habían sido sometidos a juicio, otros 40 habían concluido y, en solo 16, los casos habían sido archivados”.
De conformidad con el derecho internacional, la práctica de las desapariciones forzadas está prohibida y constituye una conducta delictiva sujeta a enjuiciamiento penal. La desaparición forzada, además de constituir por sí misma una violación de derechos humanos, también deriva en múltiples violaciones. Entre ellas cabe mencionar la denegación del derecho a la vida, la detención arbitraria, la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la denegación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Venezuela es parte en varios tratados de derechos humanos que protegen contra las desapariciones forzadas, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También forma parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Aunque firmó en 2008 la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aún no la ha ratificado.
En todo caso, la definición de este delito en el derecho interno no refleja plenamente el derecho internacional. La Comisión Internacional de Juristas identificó anteriormente la inadecuada definición del delito de desaparición forzada en el Código Penal venezolano (artículo 180-A) porque limita su alcance a las situaciones de privación ilegal de libertad y no incluye como autores a personas o grupos de personas que actúen con “la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que el delito de desaparición forzada, tal como se define en la legislación venezolana, no cumple con los criterios establecidos por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Más recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Venezuela, expresó su preocupación por los casos de desapariciones forzadas, incluidos los de corta duración, por la “alarmante impunidad en relación con los casos denunciados y lamentó profundamente que la delegación haya negado esas denuncias y haya criticado las fuentes de las denuncias (…)”.
Las autoridades venezolanas deben detener inmediatamente su política de represión, incluido el uso de desapariciones forzadas de corta duración. Venezuela debe ratificar la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y, en cualquier caso, debe actuar para adaptar su legislación nacional dado que es signataria. Esto incluye enmendar las leyes penales para definir el delito de desaparición forzada de conformidad con la Convención.
Además, el Ministerio Público debe investigar con prontitud, imparcialidad e independencia toda denuncia de detención incomunicada y desaparición forzada, independientemente de su duración. Los funcionarios que oculten información sobre el paradero de una persona detenida a sus familiares y abogados deben rendir cuentas. Las autoridades venezolanas también deben velar por que los funcionarios públicos no cometan estos delitos y deben realizar capacitaciones adecuadas y monitoreo independiente.
Por último, la comunidad internacional debe desempeñar un papel en este tema. Es crucial que los órganos de derechos humanos de la ONU y la OEA, los gobiernos y la sociedad civil continúen monitoreando la situación en Venezuela y presionen a las autoridades para que pongan fin a todas las desapariciones forzadas, incluso las de corta duración.
Citación académica sugerida: Lusverti, Carlos. Desapariciones forzadas de corta duración en Venezuela. Agenda Estado de Derecho. 2024/06/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/desapariciones-forzadas-de-corta-duracion-en-venezuela/
Palabras clave: Desaparición forzada, corta duración, Venezuela
Asesor jurídico para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
