9 de Septiembre de 2021
Entrevista a José Miguel Vivanco (Parte II)

Un balance de la protección a los defensores de derechos humanos en Colombia

Un balance de la protección a los defensores de derechos humanos en Colombia
IFDH

A casi cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional, el Estado colombiano se enfrenta a importantes desafíos relacionados, no sólo con la implementación de los compromisos contemplados entre las partes en el marco de las negociaciones, sino también frente a la superación de escenarios de discriminación estructural, ciclos de violencia que persisten e incluso se intensifican en el país y quiebres institucionales que afectan la salvaguarda de los principios del Estado de Derecho y la correspondiente protección de los derechos humanos. Escenarios que fueron la causa de la ola de protesta social en los últimos meses.

En recientes informes, la CIDH, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas han advertido la necesidad de orientar los esfuerzos del Estado, en particular, para: (i) garantizar la presencia estatal en los territorios; (ii) contener las manifestaciones de violencia por grupos armados emergentes; (iii) desmantelar organizaciones criminales; (iv) salvaguardar la vida e integridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz; (v) fortalecer el sistema judicial y las investigaciones penales surtidas en la jurisdicción ordinaria, (vi) preservar la autonomía de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y (vii) adoptar, de manera plena, los estándares de derechos humanos y DIH por parte de los integrantes de la fuerza pública, entre otros aspectos. 

Dada la complejidad del contexto colombiano y con el propósito de conmemorar el día nacional de los derechos humanos, Agenda Estado de Derecho publica la entrevista realizada en marzo a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la Organización, a fin de conocer su perspectiva frente a los principales retos que enfrenta Colombia en la protección de líderes y lideresas sociales –presupuesto necesario para la salvaguarda de los derechos humanos en la región–. Lo anterior, teniendo presente que al inicio de este año, Human Rights Watch publicó el informe denominado “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”

ACERCA DEL EXPERTO (entrevistado)

José Miguel Vivanco

Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, es un experto en América Latina. Antes de unirse a Human Rights Watch, fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Ha sido profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.

Según José Miguel Vivanco, el Acuerdo de Paz, en sí mismo, ha representado un importante avance en materia de protección a los derechos humanos en Colombia. En particular, resalta que, por un lado, aquel supuso una oportunidad para los colombianos de revisar sus políticas públicas y repensar las vías para fortalecer la institucionalidad democrática, principalmente, en los sectores rurales y, por el otro lado, señala que tras su firma, al menos en un primer momento disminuyeron los casos de violaciones a los derechos humanos asociadas al conflicto armado. Bajo tal contexto, Vivanco insiste en la necesidad de preservar y salvaguardar el Acuerdo de Paz y, en consecuencia, el camino recorrido. 

Ahora bien, a pesar de que en el Acuerdo de Paz se contemplaron compromisos relacionados con la protección de los defensores de derechos humanos y la promoción del trabajo que adelantan en el país, órganos como la CIDH y HRW han alertado sobre la magnitud de hechos victimizantes perpetrados en su contra que no sólo desconocen el contenido del Acuerdo sino que, dado su propósito silenciador, representa una amenaza latente a la vigencia y salvaguarda de los derechos humanos en Colombia. 

1) ¿Cuáles son las principales causas de la victimización a defensores de derechos humanos?

De acuerdo con José Miguel Vivanco, el fenómeno de victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos, aun cuando tiene patrones comunes, se ha materializado con dinámicas regionales diferenciadas. En el marco de las investigaciones surtidas por la organización, los presuntos responsables de estos hechos son “grupos irregulares armados, especialmente aquellos que han llenado el vacío de las FARC tras su desmovilización en el 2016. Estos grupos, por la ausencia de la presencia del Estado en las regiones, ejercen presión frente a la población civil, se inmiscuyen en el narcotráfico, ilegalmente representan la ley en los territorios y operan con altos grado de violencia y casi plena impunidad.”

Para Vivanco, la victimización masiva a los defensores de derechos humanos en Colombia ha encontrado espacio en la (i) falta de presencia institucional integral del Estado en los territorios, (ii) la insuficiencia en la garantía de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población, (iii) los altos niveles de impunidad y (iv) la incipiente o casi nula política del Estado orientada a desmantelar los grupos armados irregulares o de delincuencia organizada. 

2) ¿Cuáles son los principales avances y desafíos frente a la prevención de estos hechos victimizantes?

Vivanco destaca el importante papel de la Unidad Nacional de Protección y su eficacia en la implementación de esquemas de seguridad frente a la población que, de acuerdo a su valoración, se encuentra en una situación de riesgo. 

En particular, también resalta que “si uno examina el trabajo de la Unidad, encuentra que el número de personas asesinadas, que contaban con un esquema de protección, es muy pequeño. Es decir, todos los años, lamentablemente asesinan a tres o cuatro personas que contaban con seguridad. Lo que esta estadística demuestra es que, en general, el sistema no es perfecto, no está totalmente blindado, pero tiene un rendimiento, yo diría, más que aceptable.”

Ahora bien, advierte sobre la existencia de dos ‘cuellos de botella’ que impactan en la capacidad de prevenir de manera oportuna y eficaz los hechos de victimización en contra de defensores de derechos humanos.  

 

2.1 El déficit presupuestal de la UNP

El primer cuello de botella consiste en un déficit presupuestal de 47 millones de dólares en la UNP. Si bien es cierto que el presupuesto, año a año, ha aumentado, Vivanco resalta que “no es lo suficiente”. A su consideración, este déficit genera graves obstáculos en la concreción del mandato de la Unidad: 

2.2 La ausencia de planes de protección colectiva

Un segundo cuello de botella se materializa en el hecho de que los líderes sociales y los defensores de derechos humanos que son asesinados no están bajo el radar de protección. “No pudieron llegar, no alcanzaron a llegar a la Unidad Nacional de Protección. Son personas que pertenecen a comunidades de alto riesgo”, manifestó Vivanco. De conformidad con el informe publicado por HRW “Cuatro de los 53 defensores asesinados entre enero y diciembre de 2020, según ACNUDH, habían recibido esquemas de protección; de esos, 3 no estaban usando el esquema completo cuando fueron asesinados”.

Bajo tal contexto, para Vivanco, debe implementarse, a través de planes piloto, la protección colectiva de ciertas comunidades. No obstante, a la fecha (i) el presupuesto destinado a tales programas es insuficiente y (ii) las actuaciones adelantadas para determinar los escenarios a intervenir han sido incipientes. De hecho, a su consideración, en el actual gobierno parece existir un importante retroceso sobre la materia.

3) ¿Cuáles son los principales avances y desafíos frente a la investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos victimizantes?

José Miguel Vivanco reconoce la existencia de importantes avances en la identificación de los autores materiales de los asesinatos perpetrados en contra de defensores de derechos humanos. En particular, señala que a pesar de que Colombia tiene un porcentaje de impunidad por encima del 90% en relación con delitos comunes, “en el caso de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, el éxito que ha tenido la Fiscalía en la identificación de los autores materiales lo coloca por sobre casi el 60%, lo cual es extraordinariamente positivo. Se ha logrado hasta ahora 59 condenas en casos de defensores.”

Ahora bien identifica tres problemas vigentes: primero, la falta de ejecución de las órdenes de captura; segundo, los vacíos en la persecución de los determinadores o autores intelectuales de los hechos victimizantes y, por último, la insuficiencia de la determinación de los contextos o el esclarecimiento de los patrones de macrocriminalidad que subyacen a los fenómenos de victimización. 

En virtud de tal contexto, HRW ha recomendado “una reforma al Código de Procedimiento Penal para que, en el marco de los preacuerdos, el autor material deba entregar información de aquellos que estuvieron en posición de determinadores, que pagaron y que ordenaron el asesinato de ese líder”. 

Así pues, desde la perspectiva de José Miguel Vivanco, el Estado tiene tres retos muy importantes a fin de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia: primero, fortalecer la Unidad Nacional de Protección; segundo, dar continuidad a la implementación del Acuerdo de Paz y, tercero, el fortalecimiento del proceso penal que permita la investigación, juzgamiento y sanción de los determinadores y favorezca el esclarecimiento de los patrones de macrocriminalidad. Esto último no sólo como garantía del acceso a la justicia de las víctimas, sino también como presupuesto necesario para la ‘no repetición’. 

Diseño y Diagramación: Paulo A. Cañón Clavijo.

Citación académica sugerida: Vivanco, José M.: Dictaduras, populismos y caudillismos: una amenaza latente para los derechos humanos en la región en 2021, 2021/04/26, https://agendaestadodederecho.com/un-balance-de-la-proteccion-a-los-defensores-de-derechos-humanos-en-colombia/

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ACERCA DE LAS AUTORAS
Marie Christine Fuchs

Abogada alemana (Rechtsanwältin, Berlin) y Doctora en Derecho de la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemania. Realizó sus estudios de Maestría en Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en el Europainstitut de la misma universidad. Cursó estudios de licenciatura tanto en derecho alemán como en derecho francés. Ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional Privado en Hamburgo, así como investigadora y profesora asistente en el Europainstitut. De 2011 a 2015 se desempeñó como abogada en el despacho jurídico internacional Freshfields Bruckhaus Deringer en Berlín. Desde 2016, es directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Es autora de diversas publicaciones sobre derecho internacional público y derecho internacional de derechos humanos.

Cindy Espitia Murcia

Abogada y Comunicadora Social y Periodista. Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Investigadora de ObservaJEP, profesora de cátedra de los programas de Comunicación y Derecho y coordinadora de la Línea de Paz y Justicia Transicional de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana. Experiencia en litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Consultora e investigadora en derechos humanos y justicia transicional.

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