Córdoba vs. Paraguay y el debate sobre la redefinición de la niñez en el sistema interamericano
21 de Mayo de 2024
Recientemente, la Corte Interamericana publicó su sentencia en un caso en el que decidió acerca de los derechos de la niñez y la adolescencia en el marco de la sustracción y restitución internacional de menores.
El 5 de septiembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia en el caso Córdoba vs. Paraguay, en donde se aborda el incumplimiento de Paraguay de su deber de adoptar medidas para procurar la restitución internacional de un niño argentino, trasladado por su madre a Paraguay sin el consentimiento de su padre.
La sentencia tuvo la oportunidad de ser paradigmática para el derecho interamericano sobre las obligaciones estatales que se deben cumplir en materia de restitución internacional de menores de edad, dada la multiplicidad de temas planteados. Sus contribuciones sustantivas fueron las mínimas necesarias para resolver el caso. Ello no obstó a que la sentencia otorgase valiosos aportes que podrían orientar a la reflexión sobre las mejores formas de lidiar con casos de esta naturaleza en el futuro.
En el 2006 el señor Córdoba denunció el traslado de su hijo “D.”, por parte de su mamá a Paraguay. Ese traslado se habría dado sin el consentimiento del señor Córdoba. La denuncia se presentó en Argentina, y en el mismo año Argentina notificó de la solicitud de restitución internacional a Paraguay. En ese momento, Paraguay conocía el paradero de D. y de su madre, y la madre presentó oposición jurídica al trámite de restitución, llevando hasta la Corte Suprema de Justicia su caso. Tras la decisión desfavorable de la Corte Suprema, el paradero de D. y su madre resultó desconocido hasta el 2015, cuando Interpol les encontró.
En el 2015 D. ya tenía aproximadamente 11 años. Tenía arraigo en Paraguay. A pesar de imponer un régimen de acercamiento progresivo con el señor Córdoba, de forma recurrente D. manifestó no querer acercarse a su papá. Frente a ello, las acciones intentadas por el señor Córdoba, ante las autoridades paraguayas para la restitución de su hijo, fueron infructuosas. Ya en 2019, cuando D. tenía 15 años, manifestó que no quería ser “molestado” por su padre.
Paraguay fue responsabilizado internacionalmente, por cuanto no adoptó las medidas razonables para ejecutar la orden judicial de restitución que se ordenó en el 2006 a favor del señor Córdoba. La Corte IDH consideró que, durante el período entre 2006 y 2015, el niño estuvo escolarizado, tuvo citas médicas y fue vacunado, lo cual reflejó la falta de coordinación interinstitucional para encontrar a D. Además, cuando finalmente fue encontrado, el trámite de restitución llevado a cabo no estuvo orientado a garantizar su interés superior, su derecho a ser oído y su autonomía progresiva, de forma que le permitiera tomar una decisión sobre en qué país quería estar. Las faltas de Paraguay contribuyeron a una vulneración del derecho a la integridad personal, vida privada y protección a la familia del señor Córdoba.
En la sentencia, la Corte IDH cristalizó un deber estatal de tramitar con “diligencia y celeridad excepcional” los casos de restitución internacional, para así disminuir los impactos de la separación sobre el niño o niña y su núcleo familiar. Dicha norma debe, a su vez, compatibilizarse con el deber de garantizar el derecho a ser oído del niño o niña, en todo proceso que les concierna.
Más allá de eso, la Corte IDH enunció y sistematizó las normas de derecho internacional aplicables a casos de restitución internacional, como el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, aunque no profundizó en la interpretación armónica entre dichos tratados, generando que se perpetúe el vacío jurisprudencial sobre el tema. Esto es importante, dado que el Comité de Derechos de la Niñez, en el caso J.M. vs. Chile, ha reconocido la posibilidad de que existan conflictos entre dichas normas y el derecho internacional de los derechos humanos, caso en el cual deberían primar estas últimas.
Los únicos estándares vigentes respecto a la armonización entre estos tratados son los desarrollados por ese Comité en el referido caso J.M. y en el caso C.A.K.O. vs. Chile, por el cual las autoridades internas deberían:
En lo que concierne a la dimensión procesal del caso, este abre tres líneas de debate que serán fundamentales para próximos casos que conciernan a los derechos de la niñez.
En primer lugar, la Corte IDH cristaliza la necesidad de consultar a niños y niñas en los procesos interamericanos desde sus etapas iniciales, y por ello emplaza a la Comisión Interamericana a hacer lo propio. Esto es especialmente importante para no disponer reparaciones que van en contravía de los intereses de los niños y niñas que son parte directa o indirectamente en el proceso. Es un aprendizaje del Sistema Interamericano para prevenir hechos como el caso Fornerón, donde a pesar de que la Corte IDH dispuso que se estableciera un procedimiento para vincular al señor Fornerón con su hija, fue en la etapa de implementación que se cristalizó la voluntad de ella de suspender contactos con su padre.
El emplazamiento de la Corte IDH puede tener implicaciones para dicha institución y para la Comisión Interamericana, que podrían evaluar adoptar normas reglamentarias para casos de niñez, donde se asegure mayor celeridad en la tramitación del caso y espacios de escucha específicos para niños y niñas que tengan intereses en juego durante el proceso.
Un punto neurálgico del debate entre jueces, fue la violación del artículo 2 de la Convención, resuelta por el Presidente en voto dirimente dado el empate de votos entre jueces participantes en la deliberación. El debate se circunscribía a si la ausencia de una normativa específica sobre restitución internacional contribuyó a los hechos del caso en concreto. La mayoría consideró que sí contribuyó. Por ello dispuso una medida de no repetición en ese sentido.
Ahora bien, un punto llamativo es que la sentencia va más allá y considera que Paraguay cumpliría con esa reparación si aprueba el proyecto de ley que “regula el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes” o uno de contenido similar. El voto concurrente de la mayoría del tribunal es más claro al sostener que “es a través de la aprobación de esa ley que se dará un cumplimiento cabal de las obligaciones del Estado contenidas en el artículo 2 de la Convención en casos futuros que impliquen supuestos como el presente en Paraguay”. De esta forma, pareciera que la Corte IDH se pronunció de forma anticipada sobre la convencionalidad de una norma que aún está pendiente de aprobación. Con ello, la Corte IDH pareciera “prever” la compatibilidad del proyecto de ley con el derecho internacional, y por lo tanto brindar una confianza legítima a Paraguay de que si aprueba ese proyecto, estará en conformidad a derecho.
De ser el caso, este precedente será especialmente valioso para la función de gobernanza y estabilización normativa de la Corte IDH, en tanto marca pauta a Paraguay y a la región sobre un proyecto legislativo acorde al sistema. No obstante, ata su legitimidad a que efectivamente esa ley sea adecuada, por una parte, y declare el cumplimiento de esa medida en caso de que se apruebe la ley.
Por último, pero no menos interesante, el caso contó con la excusa de la jueza argentina Verónica Gómez de conocer el caso, que se dio durante la audiencia del caso. La excusa se llevó a cabo con base en el artículo 19.2 del Estatuto de la Corte que prevé que “[s]i alguno de los jueces estuviere impedido de conocer, o por algún motivo calificado considerare que no debe participar en determinado asunto, presentará su excusa ante el Presidente». Si bien la sentencia no prevé una motivación detallada de la excusa y las razones por las que se aceptó, podría estar vinculado a que la nacionalidad de la víctima era la misma que la de la jueza.
Esto puede abrir una conversación sobre la necesidad de jueces y juezas de excusarse en casos en los que la presunta víctima sea connacional de la misma, dado un posible indicio de conflicto de interés. Tal posición se podría justificar en que los jueces de un Estado deben abstenerse de conocer casos en donde dicho Estado sea parte, por lo que dicha regla sería extrapolable. Sin embargo, dicha analogía tendría que hacerse con mucho cuidado, porque los motivos que justifican esta última regla no responden a la nacionalidad, sino a las relaciones de poder que pueden existir entre un Estado y su juez nacional integrante del pleno, cosa que no se daría en casos de víctimas y jueces connacionales.
La sentencia del caso Córdoba es corta, pero inspira conversaciones estructurales sobre el futuro del Sistema Interamericano. Si bien sus contribuciones sustantivas fueron las indispensables para resolver el caso (lo cual podría argumentarse ser favorable para fortalecer su legitimidad), sus aportes respecto a la participación de la niñez en etapas tempranas del litigio interamericano, respecto a la posibilidad de evaluar la convencionalidad de normas no aprobadas, y sobre la participación de jueces en casos en los que la víctima tenga su nacionalidad podrían tener impactos duraderos en la política judicial de la Corte IDH y del Sistema, en general.
Citación académica sugerida: Pérez, Edward. Córdoba vs. Paraguay: desde el debate sobre la niñez hasta su redefinición del litigio interamericano. Agenda Estado de Derecho. 2024/05/XX. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/debate-sobre-la-redefinicion-de-la-ninez-en-el-sistema-interamericano/
Palabras clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos; Paraguay; niñez y adolescencia; sustracción internacional; restitución internacional.
Consultor en derechos humanos. PhD(c) en University College London (UCL). LL.M. en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Fue abogado de la Secretaría de la Corte IDH y Senior Legal Advisor de la Oficina para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
