19 de Abril de 2024
La agenda hemisférica de DESCA 2024-2026: ambientalista, equitativa y democrática
En una región sacudida por la crisis climática y las desigualdades arraigadas, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado su Plan de Trabajo 2024-2026, proponiendo una estrategia hemisférica que aspira a establecer las prioridades y trazar una hoja de ruta para la acción regional. Este documento, surgido de debates en el contexto de un intenso proceso de participación y consulta, no solo renueva el compromiso de la CIDH con estos derechos, sino que también propone una serie de acciones concretas frente a los desafíos identificados.
El proceso detrás de la Agenda Hemisférica para los DESCA se ha caracterizado por un enfoque técnico y colaborativo. Esta iniciativa contó con una notable participación, involucrando a 21 Estados de la OEA, así como Estados observadores, y más de 400 entidades y personas. Mediante consultas y la distribución de cuestionarios, se consolidaron las contribuciones que además incluyeron aportes de instituciones nacionales de derechos humanos, entidades de la sociedad civil, personas activistas, de la academia y, significativamente, niños, niñas y adolescentes. Este enfoque permitió profundizar en temas específicos y asegurar que las estrategias desarrolladas sean más pertinentes y capaces de adaptarse a los desafíos futuros.
Además, el Plan de Trabajo prevé el establecimiento de mecanismos de diálogo y cooperación continua y permanente con los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Este foro de consulta facilitará no solo reuniones periódicas y consultas temáticas sobre cuestiones relevantes, sino que también fortalecerá los procesos de interacción y colaboración, permitiendo que las estrategias y acciones de REDESCA se ajusten a las realidades cambiantes de la región.
Las líneas temáticas priorizadas en la Agenda son el resultado de de un diagnóstico exhaustivo y de la sistematización de los insumos recolectados en la consulta pública antes referida. Esos procesos han permitido mapear los desafíos más apremiantes de la región. Este ejercicio de análisis y diálogo ha sido crucial para identificar áreas clave donde la acción es más urgente. De esa forma, fueron identificados cuatros grandes desafíos regionales de los cuales se derivan las cuatro áreas temáticas prioritarias y los cuatro enfoques transversales.
El Plan de Trabajo pone la emergencia climática y la protección del medio ambiente en el centro de sus prioridades, abordando el impacto del cambio climático en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Se prioriza el acceso al agua potable y el saneamiento, así como la seguridad alimentaria, sin dejar de considerar otros derechos como el derecho al trabajo y a la salud, entre otros que resultan impactados por el cambio climático.
La justicia ambiental se consolida como otro de los aspectos clave, enfocando las políticas públicas en atenuar los efectos del cambio climático, especialmente en comunidades vulnerables. El plan destaca la necesidad de una transición energética hacia fuentes renovables, subrayando la importancia de un desarrollo económico que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos. Se enfatiza que la mitigación del cambio climático y la adaptación deben avanzar de manera equitativa, evitando la reproducción de desigualdades existentes y promoviendo la justicia climática y social.
La interacción entre las actividades empresariales y los derechos humanos constituye otra de las prioridades para la REDESCA. La atención se centra en las industrias extractivas y su impacto en el medio ambiente, especialmente en áreas habitadas por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La expansión agroindustrial, con el crecimiento de monocultivos y prácticas extractivas, también amenaza la biodiversidad y los modos de vida tradicionales, subrayando la urgencia de promover prácticas agrícolas responsables. El desafío se agrava por la deforestación y el uso indebido de agroquímicos, lo que requiere una acción concertada para la conservación de recursos naturales y la biodiversidad.
Además, la innovación y el desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, plantea dilemas éticos y legales significativos. La Relatoría Especial subraya la necesidad de una gobernanza tecnológica que respete los derechos humanos, abordando el impacto de la digitalización en el empleo, la educación, la salud y los derechos culturales, para prevenir la intensificación de desigualdades y asegurar una inclusión efectiva en la era digital.
El combate a la pobreza y las desigualdades se ha presentado reiteradamente como un imperativo urgente en la región. Desde la perspectiva de la Relatoría Especial es esencial alinear las políticas económicas y fiscales con los principios de derechos humanos para avanzar en términos de combate de la pobreza y la desigualdad. Este enfoque busca impulsar la equidad y una participación inclusiva en el desarrollo, resaltando la necesidad de políticas fiscales y económicas que fortalezcan los procesos democráticos y financien adecuadamente los DESCA.
La preocupación ante la existencia de sistemas tributarios regresivos, que, con su baja capacidad de recaudación, socavan la habilidad estatal para financiar los DESCA es central dentro de esta agenda. Así como la estrategia de adoptar una tributación más justa y verde, promoviendo una perspectiva interseccional. También es fundamental explorar la compleja relación entre la gestión de la deuda pública, las políticas de austeridad y las decisiones de política monetaria, y su impacto en los DESCA.
La agenda también destaca la necesidad de combatir la corrupción y la captura del Estado, fenómenos que erosionan la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Además, se reconoce la importancia de las economías solidarias, informales y del cuidado, abogando por el reconocimiento de derechos de las personas trabajadoras de estos sectores de la economía.
La relación entre democracia y garantía de los DESCA es fundamental en la región, especialmente frente a desafíos como la inestabilidad política, el surgimiento de regímenes autoritarios, y las protestas sociales que ocurren periódicamente con el objetivo de reivindicar estos derechos. Una democracia sólida requiere instituciones fuertes, derechos garantizados y participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones. Esto es crucial para abordar problemas como el cambio climático, donde las comunidades en situación de vulnerabilidad deben ser contempladas en el marco de los procesos de toma de decisiones ambientales que los afectan directamente.
La presencia arraigada de discriminación histórica y estructural, como el racismo sistémico, el machismo y la fobia hacia la comunidad LGBTQIA+, entre otras formas, se erige como un obstáculo significativo para el pleno ejercicio de la ciudadanía de una gran parte de la población, al mismo tiempo que socava los cimientos de las democracias en varios países. Es esencial promover la protección social de esos grupos y fomentar políticas públicas aún más inclusivas para avanzar hacia sociedades más igualitarias y democráticas. Además, la salvaguarda de los derechos culturales, la diversidad cultural y la libertad artística se constituyen en elementos clave para el fortalecimiento de la democracia. Promover el respeto por la pluralidad y facilitar la participación de todas las personas en la vida cultural no solo permite la expresión de diversas identidades culturales, sino que también contribuye a construir un espacio público más inclusivo y respetuoso de las diferencias.
En su Plan de Trabajo 2024-2026, la REDESCA busca contribuir a transformaciones significativas, centrando sus esfuerzos en la optimización operativa y la colaboración efectiva. Este enfoque implica no solo mejorar la eficiencia de sus procesos internos sino también fortalecer las alianzas con actores fundamentales, buscando establecer mecanismos más efectivos de gestión de la información y comunicación. Así, se asegura una sinergia robusta con Estados, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas.
La Relatoría Especial también se propone reforzar su papel asesor para la CIDH, enfocándose especialmente en el análisis y gestión de peticiones, casos y medidas cautelares. Este compromiso está diseñado para incrementar la calidad y efectividad de las respuestas institucionales ante las problemáticas de los DESCA, promoviendo la adhesión y respeto a los estándares interamericanos.
Para potenciar su impacto, la REDESCA se esforzará en expandir su acervo de conocimiento especializado, mejorando sus estrategias de investigación, el análisis y la diseminación de información. Este labor se complementa con actividades de monitoreo riguroso, que incluyen la elaboración de informes documentados y la realización de visitas de campo, lo que permitiría abordar preocupaciones actuales y también anticiparse a futuras tendencias y desafíos.
Adicionalmente, la REDESCA busca desarrollar estrategias concretas para integrar los DESCA en las políticas públicas nacionales, con un especial énfasis en atender las necesidades de grupos y regiones afectados por discriminación histórica, desafíos climáticos y las situaciones de fragilidad institucional. Adoptando un enfoque integral, la REDESCA aplicará enfoques interseccionales e interculturales para combatir la discriminación y promover los derechos humanos, enfocándose en la indivisibilidad y progresividad de estos derechos.
Citación académica sugerida: Palummo Javier: La agenda hemisférica de DESCA 2024-2026: Ambientalista, equitativa y Democrática. Agenda Estado de Derecho, 2024/04/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-agenda-hemisferica-de-desca-2024-2026-ambientalista-equitativa-y-democratica/
Relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH. Es abogado con doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay) y doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina). También tiene una maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia, y ha realizado estudios en reconocidas instituciones y universidades de Chile, Italia, Perú, Suecia, y Finlandia. Su trayectoria incluye la pertenencia en calidad de experto independiente en órganos de Naciones Unidas como el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Procedimiento de Denuncia ante el Consejo, y ha sido Director de Investigación y Gestión de Información y Coordinador Académico de la Escuela Internacional del Instituto de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos del MERCOSUR del 2015 al 2023.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
