De la violencia sexual a niñas y adolescentes en la escuela y la Corte IDH

29 de Septiembre del 2020
De la violencia sexual a niñas y adolescentes en la escuela y la Corte IDH

Este comentario se basa en la investigación desarrollada por la autora en el caso, en calidad de Perita propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 14 de agosto de 2020 se conoció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró responsable a Ecuador en un caso de violencia sexual ejercida por una autoridad escolar en contra de una adolescente.

Es la primera vez que este organismo falla en un caso de esta naturaleza. La violencia sexual sufrida por la adolescente fue cometida por el Vicerrector del colegio al que asistía y llevó al suicidio de la estudiante.

En su sentencia, el Tribunal se pronunció sobre la responsabilidad estatal en la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la educación, y por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos. También se pronunció ante la falta de actuación con diligencia debida en la realización de investigaciones administrativas y judiciales.

Este fallo es importante por varias razones. En primer lugar, es relevante el reconocimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en entornos educativos seguros y a recibir educación libre de violencias sexuales. La Corte Interamericana ha señalado que la violencia sexual ejercida contra la víctima, siendo ella una niña, afectó su derecho a una vida libre de violencia, resultó discriminatoria y menoscabó su posibilidad de decidir en forma autónoma su relacionamiento con otras personas y el ejercicio de su sexualidad. También se indica que se vulneró su derecho a la educación, que incluye la observancia de los derechos humanos en el marco del proceso educativo, y que se le causó graves sufrimientos, lo que tuvo relación con su decisión de quitarse la vida, sin que el Estado le prestara el auxilio debido para evitar su muerte.

El fallo, además, viene a reforzar los estándares en torno a la violencia que afecta a mujeres, de cualquier edad, lo que se ha constituido en los últimos años en una preocupación principal para el derecho internacional, así como lo es desde el punto de vista social y académico, y desde la perspectiva del derecho y las políticas públicas estatales en gran cantidad de países. La violencia traspasa los espacios y fronteras geográficas, así como políticas, y se asume que se expresa de formas muy diversas: desde la violencia física a la sexual, simbólica, institucional o psicológica. Ahora, resulta también reconocida en los contextos educativos.

El fallo debe llamar a los establecimientos escolares del continente a poner atención en sus procedimientos y prácticas, pues refuerza la necesidad de prevención, erradicación y sanción de la violencia sexual, incluyendo el acoso sexual en el ámbito escolar. Para una niña adolescente, quien, como todas las niñas y niños, tiene sueños, aspiraciones, planes y metas de vida, las consecuencias de ser víctima de violencia sexual en contextos patriarcales y machistas son enormes. Si ello se produce además en el contexto del proceso educativo a que tiene derecho y dentro del plantel escolar encargado de ello, por parte de los adultos responsables, se agravan exponencialmente las consecuencias. Más aún cuando se trata de hechos que se reiteran en el tiempo, habida consideración de la percepción y valoración del transcurso del tiempo en la infancia y adolescencia. 

Vemos entonces, a raíz de este fallo, que las razones de la persistente violencia de género a mujeres en distintas etapas de su vida, lejos de estar erradicadas, gozan de buena salud, y se han ido profundizando y extendiendo a contextos que parecían ser seguros, como la escuela. En términos generales, y de acuerdo con datos de Unicef del año 2014, 1 de cada 10 niñas han sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas. En muchos casos, los responsables han sido amigos o conocidos. Si bien el organismo internacional señala que las agresiones de parte de soldados, líderes religiosos o maestros son menos frecuentes, se trata de una realidad que también se evidencia en varias partes del mundo y, concretamente, en países latinoamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Colombia y Paraguay.

El cruce de la desigualdad estructural e histórica entre hombres y mujeres, fruto de un sistema patriarcal extendido por los siglos en la gran mayoría de los estados, la construcción sexista de muchas instituciones, y la existencia de arraigados estereotipos, que a su vez determinan expectativas de comportamiento, son parte de las razones detrás de esta realidad.

Los estereotipos de género constituyen una visión generalizada o una preconcepción sobre características y atributos de los miembros de un grupo en específico, asumiendo que comparten las mismas características y ciertos roles que deben cumplir. Hacen referencia a la construcción o comprensión de los hombres y las mujeres, en razón de la diferencia entre sus funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Afectan tanto a hombres y mujeres, pero las mujeres son las que se ven más perjudicadas, derivando de ello la desigualdad que se acrecienta por el modelo patriarcal.

Lo anterior, a su vez, se manifiesta de manera más cruel en las niñas y adolescentes, quienes, por su falta de total madurez y autonomía, en tanto proceso progresivo, necesitan protección y cuidados especiales por su condición de tal y, por tanto, están mucho más expuestas ante las consecuencias de la violencia de hombres hacia mujeres. Si se trata de un contexto marcado por la presencia de prácticas recurrentes, lenguaje o comentarios de carácter machista o estereotipados sobre roles de hombres y mujeres, la existencia de acoso sexual podría llegar a ser vista como algo ‘normal’, naturalizando así un comportamiento vulneratorio de derechos para una niña o adolescente.

Imperioso es también poner atención al entorno de la víctima de este tipo de violencia, dado que prácticas de acoso sexual pueden generar un impacto en quienes lo presencian o lo escuchan, generando miedo, ansiedad, vergüenza o rechazo, lo cual inevitablemente también afectará sus propios procesos de aprendizaje y puede influir en los procesos de denuncia y de investigación. Específicamente, el acoso sexual hacia las niñas en contextos educativos, perpetrado por profesores u otros trabajadores del establecimiento, puede estar motivado por el deseo de castigarlas, intimidarlas o humillarlas, por un interés sexual, o por el deseo de menospreciar y sentirse superior.

A su vez, se agrava la situación cuando confluyen en un caso determinado condicionantes de mayor vulnerabilidad psicosocial de una niña o adolescente, lo que manifiesta la interseccionalidad de la desigualdad en este tipo de casos. Tales son, por ejemplo, la pertenencia a alguna etnia minoritaria, una condición socio-económica precaria o la ausencia (temporal o permanente) de figuras familiares que suelen ser vistas como referentes en la formación y madurez de una persona, como el padre, por ejemplo. Esta última circunstancia hace que la hegemonía del varón que actúa desde la superioridad jerárquica en el contexto educativo se despliegue con mayor fuerza, pues puede utilizar tales circunstancias para generar en la niña o adolescente la representación de que él puede ser un espacio de refugio y apoyo ante un hogar conformado sólo por mujeres, a quienes el modelo patriarcal hegemónico hace ver como más vulnerables y necesitadas de apoyos externos, sobre todo cuando se trata de un varón de avanzada edad y quien aparece como referente.

En el caso fallado por la Corte Interamericana ha quedado claro que la niña estaba en situación de absoluta vulnerabilidad y los actos de violencia sexual que vivió para pasar el curso llevaron al fin de su derecho más preciado: la vida.

Citación académica sugerida: Gauché Marchetti, Ximena: De la violencia sexual a niñas y adolescentes en la escuela y la Corte IDH, 2020/09/29, https://agendaestadodederecho.com/de-la-violencia-sexual-a-ninas-y-adolescentes-en-la-escuela-y-la-corte-idh

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LA AUTORA
Ximena Gauché Marchetti

Doctora en Derecho. Académica e investigadora en la Universidad de Concepción (Chile). Especialista en género, diversidades sexuales e infancia y adolescencia, desde la perspectiva del derecho internacional de los Derechos Humanos Más información.

Artículos Relacionados

Sigue nuestro Newsletter en LinkedIn

Suscribirte en LinkedIn

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.