Los retrocesos normativos descritos fueron rápida y exitosamente judicializados por la sociedad civil, quedando suspendido provisionalmente el decreto uruguayo y derogado definitivamente el decreto ecuatoriano en instancia de apelación. En ambos casos con sentencias judiciales innovadoras.

El primer aspecto a destacar de ambas sentencias es su fuerte anclaje en derechos humanos. En Ecuador, el fallo explicitó que “las medidas tributarias sobre productos no saludables materializan obligaciones del Estado en respeto de los derechos humanos,” reconociendo que el consumo de estos productos nocivos responde a la fuerte influencia de los entornos y las actividades del sector privado y, por ende, “no es una decisión meramente individual”.  Así, la sentencia reconoce el papel de la industries involucradas como determinantes de la salud que deben ser abordados por los Estados en su rol de garante de este derecho.  Por su parte en Uruguay, donde la acción utilizada fue un amparo en materia de niñez, la sentencia tiene su fundamento en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, destacando que las medidas sobre el empaquetado de cigarrillos deben priorizar su interés superior.

En segundo lugar, las sentencias comparten su reconocimiento del derecho a la salud en su faz preventiva, más allá del acceso a bienes y servicios de salud. Ambos casos discuten medidas regulatorias dirigidas a desincentivar el consumo de productos perjudiciales con el objetivo de prevenir las ENT. Aunque en el Derecho internacional de los derechos humanos, y a nivel comparado, existe un reconocimiento de esta dimensión preventiva y de la importancia de los determinantes de la salud, es menos común su judicialización. Por ello, estas decisiones deben considerarse un avance en la expansión de la protección judicial del derecho a la salud.

En Uruguay, el reconocimiento del deber de prevención está vinculado directamente al tipo de acción utilizada, pues la existencia de daño “actual o inminente” es uno de los requisitos de procedencia del amparo. Además, la sentencia usa dicho deber como justificación de una innovación procesal, al revertir la carga probatoria frente a la omisión del gobierno de acreditar que el retroceso normativo “no genera daño alguno” a la salud.

La sentencia ecuatoriana está igualmente fundamentada en la función preventiva de los impuestos saludables.  El fallo reconoce que “al modificar factores que facilitan que las personas se enfermen, los impuestos saludables contribuyen a crear entornos saludables y materializan las obligaciones de los Estados en relación con el derecho a la salud y otros interrelacionados,” al prevenir afectaciones a la salud individual y la sobrecarga de los sistemas de salud. Así, la decisión protege no sólo la salud individual, sino también las implicaciones más estructurales de las regulaciones que se intentó debilitar. 

Las sentencias también resultan innovadoras en cuanto al principio de progresividad y la correlativa prohibición de regresividad injustificada, presente en ambos casos, pero central en el de Ecuador. Allí se indica que los derechos “no pueden ser disminuidos, desmejorados ni eliminados, ni [se puede] privar a las personas de condiciones de protección adquiridas o colocarlas en situación de vulnerabilidad”. Si bien se reconoce que la prohibición de regresividad no es absoluta, se destaca la necesidad de una debida justificación. Así, se entiende que la “falta de justificación objetiva y razonable” por parte del Estado al haber emitido un decreto “palmariamente” contrario a la normativa nacional e internacional, constituye una medida regresiva en relación con el derecho a la salud y los derechos de la infancia y la naturaleza. Esto es especialmente relevante, dado que los retrocesos eran respecto de regulaciones preventivas. La decisión ecuatoriana indicó que las acciones gubernamentales impugnadas disminuyen las “condiciones para que las elecciones saludables sean las más fáciles y preferidas por las personas”. Esto representa un abordaje innovador de la prohibición de regresividad.

En relación a la reducción de impuestos saludables y su regresividad, una consideración adicional, que aunque no está abordada explícitamente estuvo presente en el debate, es la capacidad de los impuestos de generar recursos económicos que  pueden ser utilizados para la satisfacción de los derechos humanos, en particular los económicos y sociales. Teniendo esto en cuenta, la disminución de los impuestos no sólo se asocia a una menor protección de la salud individual y colectiva, sino también en la reducción de la recaudación, siendo una medida doblemente regresiva. Este punto podría fortalecer la judicialización de la prohibición de regresividad en el futuro.