Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno en Ecuador
31 de Enero de 2024
El artículo explora los desafíos de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Ecuador durante el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno, destacando tensiones y consideraciones clave
Durante los últimos años, la seguridad en Ecuador se ha venido deteriorando debido a varias razones, entre las cuales destacan la falta de una política pública integral en seguridad con una visión multidimensional, la crisis económica, la baja inversión social, el crecimiento de la industria ilegal, la penetración de organizaciones criminales en estructuras del Estado y la fragilidad de la institucionalidad.
En el 2023 Ecuador fue el país más violento de la región; se registraron 7.592 muertes violentas, lo que representa más de 40 muertos por cada 100.000 habitantes, un aumento del 64.9% respecto al año anterior. Esto se agrava por una fuerte crisis carcelaria, con reportes de masacres al interior de los recintos dominados por bandas criminales.
Con la llegada del nuevo presidente Daniel Noboa, se marcó un cambio en la estrategia de seguridad acompañada de la sustitución de autoridades en los mandos policiales y militares.
En la sesión del 07 de enero de 2024, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, definió una nueva estrategia para mitigar la situación actual del país, sugiriendo la declaración de un estado de excepción. Un día después, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores reportó la fuga de Adolfo Macias, alias «Fito«, líder de la banda de los «Choneros», una de las más grandes y peligrosas del país.
Fito había sido sentenciado a 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, siendo denunciado también por el candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio por amenazas durante la campaña.
En respuesta a ello, mediante el decreto ejecutivo 110 del 08 de enero de 2024, se declaró estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días.
Con ello, se movilizaron fuerzas armadas y policía a nivel nacional, suspendiendo los derechos de libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia (en centros de rehabilitación social) y libertad de tránsito de 23h00 a 5h00. También se declaró a los centros de privación de la libertad y zonas periféricas como zonas de seguridad, para controles de policía y fuerzas armadas.
En respuesta al Estado de excepción, las organizaciones criminales llevaron a cabo lo que se denominó la «noche del terror«. Durante este tiempo, se tomó un canal de televisión en vivo, se secuestró a su personal y hubo fugas de personas privadas de la libertad, incluyendo a Fabricio Colon Pico, presuntamente implicado en planificar atentados en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
La respuesta del presidente Noboa fue, mediante el decreto ejecutivo 111 de 09 de enero de 2024, reconocer la existencia de un conflicto armado interno (CAI) e identificar a 21 organizaciones del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas.
Según el Gobierno, en los primeros días de vigencia del decreto y el reconocimiento del CAI, se han incautado 10.539 kilos de droga, 1.003 armas de fuego, 1.222 armas blancas, 35.772 municiones y más de 4.000 explosivos. En adicional, se recuperaron autos 538 autos robados y 353 motocicletas, así mismo, se detuvieron a 2.763 personas de los cuales el 6% de ellos son procesados por terrorismo, es decir 158 personas.
Por otro lado, se reportaron 12 atentados a infraestructura policías y 13 a infraestructura públicas y privadas. Pese a ello, el Gobierno afirma que ha surgido efecto el accionar de fuerzas armadas y policía nacional, pues resultado del decreto de excepción la cantidad de muertes violentas diarias en el país ha caído a 6.
Si bien se ha mostrado resultados en datos estadísticos, no se ha hecho referencia respecto a la situación de los detenidos, si han sido procesados, qué cantidad de ellos han recibido prisión preventiva y respectos que delitos han sido procesados.
En este contexto, el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de un comunicado, realizó un llamamiento a Ecuador, para que cualquier medida que busque afrontar la violencia sea “proporcionada y limitada a lo requerido por la situación de seguridad, así como que cualquier restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.”
Finalmente, el día 23 de enero de 2024, mediante decreto 135, se modificó las restricciones de movilización a un sistema de semáforos, en donde clasifica el riesgo en alto, medio y bajo. En altos encontramos a Quito la capital, Esmeraldas, Guayaquil y Manta; mientras que en bajo destacan, las Islas Galápagos, Loja, Ambato e Ibarra.
Ante esta crítica situación, el derecho internacional humanitario (DIH) juega un rol fundamental, ya que de ello depende el actuar correcto del Estado ecuatoriano ante este conflicto. El DIH busca que las intervenciones hostiles respeten la dignidad humana. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realiza recomendaciones para la capacitación en esta materia, prevención de vulneración de derechos y promoción de la adopción de legislación.
En cuanto a convenios internacionales, es crucial considerar los convenios de Ginebra y de La Haya con sus protocolos adicionales. En ellos, se encuentran principios transversales como la humanidad, distinción, proporcionalidad y necesidad, fundamentales para el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, considerando que los civiles, heridos y personal médico son personas protegidas no beligerantes. Además, se destaca la prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes.
Entender el DIH en este conflicto es fundamental, ya que, de no hacerlo, conforme el estatuto de Roma, otros tratados y la costumbre, se podrían incurrir en delitos de guerra, con la posibilidad de ser procesados por la Corte Penal Internacional y las responsabilidades que conlleva.
La situación en Ecuador es difícil, pero eso no justifica el no respeto de los derechos humanos, los cuales no deben ser considerados como enemigos del actuar del Estado. Por el contrario, marcan los límites de sus competencias y el uso correcto del monopolio de la fuerza, con el propósito de someter a los grupos armados al imperio del Estado y evitar vulneraciones a personas no participantes en las hostilidades.
El reconocimiento de un CAI ha permitido a la sociedad sentir que el Estado ha retomado el control de la crisis. No obstante, esta no encontrará un fin si no se prioriza en el país el fortalecimiento de instituciones, el sistema democrático, la independencia judicial, se mitiga la pobreza extrema, el desempleo y la falta de garantía de los derechos fundamentales.
Dada la economía débil de Ecuador, se requerirá del apoyo de otros Estados y organizaciones internacionales para retomar el control en la seguridad, erradicar y expulsar de su territorio a organizaciones criminales transnacionales, evitar el resurgimiento de fenómenos ligados al narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y delitos ambientales.
Citación académica sugerida: García, Luis. Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante el Estado de Excepción y el Conflicto Armado Interno en Ecuador. Agenda Estado de Derecho, 2024/01/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/conflicto-armado-interno-en-ecuador/
Palabras clave: Ecuador, Estado de excepción; conflicto armado interno; derechos humanos; derecho internacional humanitario.
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha realizado estudios de cuarto nivel en derecho minero y se encuentra realizando una especialización en Legal tech en la George Washington University, además se ha certificado como mediador y experto en cultura de paz. Así mismo ha realizado varios diplomados en Panamá, Costa Rica, Uruguay y Colombia relacionados con planificación estratégica, comunicación y generación de políticas públicas. Se ha desarrollado como director jurídico y CEO de ongs locales. Conferencista en materias de migración, liderazgo y anticorrupción. De igualmente, ha trabajado como asesor en la Corte Constitucional del Ecuador, secretario general de la AMC, Asesor Político en procesos electorales seccionales y actualmente forma parte del equipo de la KAS como gerente de proyectos de Ecuador.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
