Un desafío del SIDH es aumentar el nivel de implementación de las decisiones proferidas por sus órganos, en el entendido de que la finalidad última del ejercicio de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos es, entre otras, garantizar la reparación de las víctimas y, en la medida en que sea posible, regresarlas al estado anterior a la vulneración. Sin embargo, de un total de 272 casos, a noviembre de 2020, solo 39 están archivados por cumplimiento. Igualmente, es preocupante que ya sumen 16 los casos que han sido archivados por haberse aplicado el artículo 65 de la CADH (Corte IDH, 2020).

Si bien la realidad es compleja, ciertamente pareciera haber algunas legislaciones más eficaces que otras respecto a cómo implementar las medidas de reparación de la Corte, lo que se refleja en diferente niveles de cumplimiento dentro del SIDH: mientras que Costa Rica tiene un 100% de cumplimiento (4 casos con sentencia), Perú o Colombia tienen niveles mínimos de cumplimiento: solo tres de un total de 48 procesos en contra de Perú están archivados por cumplimiento total de medidas de reparación y, en el caso colombiano, 1 de 23.

En el caso peruano, cabe resaltar que nuestro sistema jurídico se caracteriza por una gran dispersión normativa y poca articulación, aun cuando el marco de incorporación del derecho internacional es aceptable, pues tras una interpretación sistemática de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha reconocido el rango de norma constitucional de los tratados sobre derechos humanos; es decir, el más alto nivel que una constitución podría dar pues el fundamento de validez para una norma supraconstitucional no podría ser inferior a ésta.

Específicamente, la res interpretata (los estándares) se consideran derecho auto aplicable y con carácter preferente a las normas jurídicas legales internas según los artículos 3, 55 y la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución Política del Perú , cumpliendo con lo dispuesto en el marco del SIDH respecto a que los instrumentos del mismo y la interpretación que hace la Corte IDH se consideren como norma de derecho interno, aunque de fuente internacional. Por otra parte, la res judicata (lo decidido en relación con el caso concreto), tiene reconocido carácter vinculante para todos los poderes públicos.

Entonces ¿dónde está el problema? Pues, para empezar, el artículo 68 de la CADH, si bien señala de obligatorio cumplimiento la ejecución de sentencias cuando se ha sido parte del caso, este instrumento mantiene silencio respecto a cómo deberán ejecutarse las medidas de reparación no pecuniarias, lo que ha determinado una relación imperfecta entre el objetivo y la práctica del SIDH. A nivel interno, siguiendo a Landa Arroyo, se pueden diferenciar dos tipos de mecanismos para ejecutar las medidas de reparación: los mecanismos institucionales y los mecanismos legales. El primer grupo supone actuaciones desde los poderes ejecutivos para articular a diferentes entidades a su cargo, lo que requiere de voluntad política y, si bien pueden resultar muy eficientes, hay que recordar que a menudo el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH es un pasivo político.

Respecto al segundo grupo, encontramos que el Código Procesal Constitucional en su Título X, artículo 115, declara que las sentencias de tribunales internacionales como la Corte IDH no requieren para su validez y eficacia de reconocimiento, revisión ni examen previo alguno, disponiendo que sean comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al presidente del Poder Judicial, quien a su vez las deberá remitir al tribunal donde se agotó la jurisdicción interna y dispondrá su ejecución por el juez competente según las disposiciones de la Ley 27775, que antecede la dación del Código pero que lejos de ser derogada por éste, se ve confirmada por el mismo.

Sin embargo, la Ley 27775,  que declara de interés nacional el cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos dictados contra el Perú por Tribunales constituidos mediante tratados ratificados por el Estado, diferenciaba innecesariamente entre las sentencias que condenan al pago de sumas por concepto de indemnización y aquellas que no, estableciendo diferentes procedimientos para éstas según se ordenara una suma determinada, se debiera determinar o solo se determinara que el Estado había originado daños y perjuicios. Estas disposiciones han sido derogadas por el Decreto Legislativo N°1068, de fecha 27 de junio de 2008, el cual junto a su reglamento (D.S 017-2008-JUS), a su vez, está derogado desde el 24 de noviembre de 2019 por el Decreto Supremo N° 018-2019- JUS, lo que no significa las disposiciones derogadas vuelvan a surtir efectos.

Lejos de solucionar los errores del Decreto Legislativo N° 1068, el nuevo decreto –esto es, el 018-2019– ha mantenido el cambio introducido por tal norma en cuanto las indemnizaciones pecuniarias no serían asumidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sino por la entidad que haya originado el precedente que dio origen al proceso ante el SIDH.

Esto es un sinsentido dado que la determinación de qué entidades quedarán obligadas, requiere -a grandes rasgos- que la Procuraduría Pública Especializada Supranacional emita un informe técnico proponiendo qué entidades deberán dar cumplimiento a las reparaciones (artículo 61.2), tanto en el caso de las reparaciones pecuniarias como no pecuniarias. En este caso, el o la procuradora realizará las gestiones y coordinaciones pertinentes con las entidades públicas implicadas a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia internacional (artículo 61.5).

Resulta obvio que si la responsabilidad es atribuida por la Corte IDH al Estado como un conjunto, resultaba más eficiente que existiera una partida permanente a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinada a cubrir las reparaciones ocasionadas por violaciones de derechos humanos a fin de no dilatar la ejecución. Cuanto menos cabe preguntarse qué incentivo tendría la procuraduría, que es en la práctica la parte vencida, para actuar con celeridad en estos procesos y el tiempo que requerirá completar todas las etapas de este procedimiento, así como que cada entidad se apersone mediante su procuraduría. Por otra parte, complica la situación que solo exista un Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales, y se ubique en Lima.

Finalmente, se observa que el proceso judicial no sería adecuado para ejecutar todas las medidas de reparación que se ordenan en contra del Perú ya que, como bien señala Landa Arroyo, cumplir las sentencias de la Corte IDH conlleva modificaciones legislativas, reformas estructurales, entre otras medidas que atañen no solo a funcionarios administrativos sino también a funcionarios políticos que no necesariamente pueden ser sometidos mediante sentencias.

Con el objeto de facilitar el proceso de implementación de las sentencias proferidas por Tribunales Internacionales, como la Corte IDH, -ya sabemos que la buena fe se presume- se plantea como posible solución que las sentencias dadas por la Corte IDH, las cuales tienen plena eficacia y validez no requiriendo ser reconocidas, revisadas ni previamente examinadas, tengan de forma expresa mérito ejecutivo a fin de que las víctimas puedan demandar su ejecución directamente ante el juzgado en que terminó la sede interna o al juzgado de ejecución que se ha creado para este fin, de forma completamente alternativa.