Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que los principios éticos esenciales para la actividad de la judicatura de los Estados, se extienden a la actividad de los tribunales internacionales. También es posible afirmar que este nuevo Código de Ética de la Corte IDH, no es el primero de su clase, así como me atrevo a afirmar que tampoco es innovador. Sus cuatro páginas se basan enteramente en principios ampliamente aceptados por la doctrina, incluso clásica, así como por el desarrollo doctrinario moderno, e incluso por la jurisprudencia de la propia Corte IDH, sus tribunales homólogos y otros mecanismos internacionales que dan seguimiento en materia de derechos humanos, como los de Naciones Unidas.

En cuanto a su contenido, como se afirmó anteriormente, este no introduce novedades sobre el tema. De una lectura simple, se puede observar su gran similitud con el Código de Ética de la Corte Penal Internacional y con la Resolución sobre Ética Judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los tres documentos optan por una redacción llana y sin tecnicismos sobre los principios que deben regir la actividad de sus Juezas y Jueces, incluso después de terminar sus periodos. Sin embargo, más allá de recopilar elementos fundamentales para fortalecer la credibilidad, transparencia e imparcialidad de su actividad jurisdiccional, no se elabora de manera clara su aplicación, supervisión y, en caso de ser necesarias, sus sanciones.

Como mencioné al inicio de este análisis, la Corte IDH al adoptar su Código de Ética hace referencia a los artículos 52, 70 y 71 de la CADH y los artículos 4, 11, 16, 18, 19 y 24 de su Estatuto, retomando principios que ya se encontraban regulados por ambos instrumentos. Sin embargo, de cara al contenido del Código, llama la atención que se haga referencia al artículo 20 del Estatuto, titulado “Responsabilidades y Régimen Disciplinario”, así como llama la atención el haber omitido hacer referencia al artículo 73 de la CADH, relacionado a las sanciones que pueden ser impuestas a una Jueza o Juez.

Aun y cuando no exista instancia judicial en materia de derechos humanos superior a la Corte IDH en la región, la actividad de las Juezas y Jueces que la integran no está exenta de escrutinio e incluso sanciones. El artículo 20 del Estatuto de la Corte IDH prevé una potestad disciplinaria respecto de quienes integren su Pleno, la cual está a cargo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y podrá ser utilizada solo a solicitud motivada de la propia Corte IDH, así como también establece que es la propia Corte IDH la encargada de reglamentar su régimen disciplinario. Esto, va en conexión al artículo 73 de la CADH, que designa a la Asamblea General de la OEA como órgano encargado para conocer y resolver sanciones aplicables a los Jueces y Juezas de la Corte IDH. De esta forma, es claro que integrantes del Pleno de la Corte IDH pueden ser sancionados por faltar a sus deberes inherentes al cargo, lo que, por extensión, debería incluir sus deberes éticos.

A pesar de lo anterior, la Corte IDH al emitir su Código de Ética omite hacer referencia a cualquier mecanismo de seguimiento a la aplicación de las obligaciones, en este caso éticas, que deben cumplir sus Juezas y Jueces, así como tampoco refiere a un eventual seguimiento a la implementación de estos principios éticos, más allá de una consulta con la Presidencia de la Corte; aspecto que sí contempla el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual prevé la posibilidad de la Presidencia para consultar alguna situación relacionada a la aplicación de los principios éticos con un respectivo Bureau e introduce la obligación, por parte de la Presidencia, de reportar anualmente al Pleno del Tribunal la aplicación de estos principios.

En esta misma línea, aunque sería injusto no aclarar que, aunque los principios aplicables a la judicatura nacional pueden ser entendidos a la judicatura internacional, su análisis debe hacerse de manera distinta debido a la naturaleza técnica y jurídica que diferencia a ambas. Siendo así, el Grupo de Estudio de la Asociación de Derecho Internacional sobre la Práctica y el Procedimiento de Cortes y Tribunales Internacionales, desarrolló los ya mencionados Principios de Burgh, considerando las particularidades y reconociendo los retos que la judicatura internacional enfrenta. Al respecto, y en lo que es de interés para este análisis, estos principios establecen una serie de consideraciones cuando se esté ante un caso de “falta de ética” por parte de un Juez o Jueza internacional. Sobre ello, entre otras medidas, establece la necesidad de que cada tribunal establezca normas de procedimiento para tratar denuncias específicas ante el alegado incumplimiento del deber por parte de una Juez y o Juez, medida que convencional y estatutariamente la Corte IDH podría adoptar, agregando, además, que los instrumentos jurídicos de la Corte deben establecer medidas apropiadas para ejecutar y procesar las anteriores posibles denuncias, así como también deben contemplar la posible destitución de un Juez o Jueza, situación que no es clara, o es inexistente, dentro del funcionamiento de la Corte IDH.

Ejemplo de ello es lo sucedido en 2018, cuando el entonces Presidente de la Corte IDH, Juez Roberto Caldas, se vio inmerso en un proceso penal por violencia dentro de la jurisdicción brasileña. Como consecuencia de dicho proceso, el Juez solicitó a la Corte una licencia indefinida que, una semana después, se convertiría en la renuncia definitiva a su puesto. En respuesta a ello, la Presidencia de la Corte IDH emitió un comunicado indicando que aceptaba la renuncia del Juez, resaltando la importancia de que se investiguen los hechos, y condenando cualquier tipo de violencia contra la mujer. Si bien el inicio de este proceso fue ampliamente cubierto por la prensa internacional, no fue sino hasta que el entonces Juez presentara su renuncia, que la Corte IDH emitió una comunicación oficial. Es en cuestiones de esta naturaleza en las cuales un Código de Ética robusto y de aplicación clara representaría un abordaje jurídico y técnico de la cuestión, que, sin duda, tendría un impacto positivo en la imagen y transparencia de la propia Corte IDH.