Chile: la contienda por la proporcionalidad de la sanción en momentos transicionales

8 de Septiembre de 2021
Chile: la contienda por la proporcionalidad de la sanción en momentos transicionales
Crédito: Fotografía de Kena Lorenzini, donada al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile

Una resolución de la CIDH recomienda al Estado chileno revisar 14 sentencias en las que se rebajaron las penas de los condenados por crímenes de lesa humanidad. 

Los crímenes estatales perpetrados contra la población durante la dictadura chilena (1973-1990) generaron un contexto criminal que sobrepasó al ordenamiento jurídico interno, desprovisto de las figuras penales de tortura, desaparición forzada, genocidio y crímenes contra la humanidad. A ello se debe agregar el aún vigente Decreto Ley de Amnistía y la ausencia de normas internas que expresen la imposibilidad legal de aplicar la prescripción a delitos de tal magnitud, ausencia que implica una infracción a la obligación de sancionar toda grave violación a los derechos humanos, contenida en el derecho internacional público. 

En tal adverso contexto para la obtención de justicia, las víctimas han debido utilizar en tribunales nacionales, el derecho internacional de los derechos humanos como su principal arma. En algunos momentos la Corte Suprema chilena ha usado los elementos centrales del derecho internacional para fundamentar la sanción de los responsables. Pero también ha retrocedido contradictoriamente sobre sus pasos, situación que, desde el año 2007, se tradujo en la aplicación del instituto de la “prescripción gradual” en beneficio de quienes perpetraron delitos imprescriptibles. Esta medida, basada en el transcurso del tiempo “más de la mitad del tiempo necesario para la prescripción del delito”, elimina todas las agravantes y confiere al sentenciador la posibilidad de atenuar la pena en hasta tres grados.  

A consecuencia de la aplicación del referido instituto, los condenados por su participación en delitos de lesa humanidad fueron sancionados a penas de baja magnitud (inferiores a 5 años y un día), otorgándoseles adicionalmente el beneficio de cumplir su condena en libertad. Mientras tanto, la Corte afirmaba que estaba cumpliendo con su obligación internacional de sancionar, mediante una sanción nominal. Las víctimas y quienes defienden sus intereses nada podían hacer en sede interna, frente a la decisión política de beneficiar a agentes que, además de perpetrar delitos contra la humanidad, no habían contribuido ni al esclarecimiento de los hechos, ni solicitado perdón. 

Las víctimas, tras décadas de batallas en sede interna, se vieron forzadas a continuar su contienda por la búsqueda de la justicia, y decididas a contribuir al desarrollo del estándar del contenido de la obligación de sancionar, realizaron en cada caso denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde las peticiones iniciales,  las víctimas argumentaron que la ausencia de sanción efectiva y proporcional constituía una forma de impunidad, un incumplimiento de la obligación de sancionar. Adicionalmente, las víctimas denunciaron la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia y la protección judicial, todas situaciones que han dañado una vez más su integridad personal. 

Las 14 primeras presentaciones interpuestas en representación de numerosas víctimas, familiares directos de 48 víctimas de crímenes de lesa humanidad, consistentes en desapariciones forzadas y/o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales, fueron acumuladas en el caso No. 13.054, y tras 13 años de litigio, el 26 de mayo de 2021 la CIDH dio a conocer a las partes su informe preliminar de fondo, en el que reconoce la existencia de vulneraciones a los derechos fundamentales de las víctimas y, entre otros aspectos, recomienda la revisión de las 14 sentencias en las que se rebajaron desproporcionalmente las penas a los condenados por crímenes de lesa humanidad.  El informe es lamentablemente de carácter reservado hasta que se remita a la Corte IDH, y aunque el plazo inicial era de dos meses para que el Estado informara el cumplimiento de las recomendaciones, en la actualidad no se ha entregado información alguna por parte del Estado, no ha existido comunicaciones con las víctimas o sus representantes, y la CIDH otorgó una prórroga al Estado que se vence en noviembre de 2021.

¿Qué señala la resolución de la CIDH?

Entre los aspectos más relevantes de esta resolución de la CIDH destaca la importancia de que la impunidad supera la idea de mera ausencia de condena, y que el acceso a la justicia en cuanto derecho requiere que se imponga una sanción adecuada a los responsables, en respeto al principio de proporcionalidad, a la finalidad de la pena, e insistiendo en el cumplimiento efectivo de la sanción impuesta. Afirmaciones que en este caso en concreto constituyen una consolidación de la jurisprudencia ya esbozada por la Corte Interamericana en el caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia

La CIDH centró su resolución en la importancia del respeto al principio de la proporcionalidad como elemento integrante de la obligación de sancionar, proporcionalidad que debe guardar relación con los bienes jurídicos afectados, la culpabilidad y la gravedad de los hechos, requisitos que de no concurrir generan “impunidad de facto”.

A juicio de la CIDH, la “impunidad de facto” surgiría cuando se fijan sanciones desproporcionalmente leves e inadecuadas a la gravedad de los crímenes, asegurando que los responsables no fueran encarcelados, situación que califica de incompatible con la Convención. Tales afirmaciones son contribuciones importantes para la consolidación del contenido de la obligación de sancionar adecuadamente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, no solo respecto de Chile, sino de nuestra región y del mundo, especialmente en el contexto de procesos transicionales, donde no es poco frecuente que se propongan soluciones alternativas o de aparente sanción para dar por superados conflictos internos. La afirmación desde la CIDH y como expresión de la evolución del propio Sistema Interamericano parece ser clara a la luz de lo dispuesto en la Convención: el acceso a la justicia y la obligación de sancionar, es decir, las penas impuestas a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, para cumplir con su finalidad, deben ser efectivas y proporcionales. 

En el caso concreto y a raíz de las referidas vulneraciones, la CIDH recomendó al Estado chileno dictar nuevas sentencias que aseguren que las penas impuestas a los responsables no consideren la aplicación de la prescripción gradual. Chile y en particular su Corte Suprema serán nuevamente instados a revisar el contenido de sus sentencias, como se realizó en el caso Almonacid y en el caso Norín Catrimán y otros.  

La resolución también llama a Chile a revisar su legislación, aspecto que es especialmente relevante toda vez que, durante su proceso transicional, Chile se ha caracterizado por no haber hecho modificaciones a su marco legal en lo relativo a los crímenes de Estado perpetrados desde la dictadura. Esta resolución, que surge en medio de un proceso constituyente, puede ser  especialmente relevante en atención al principio de la proporcionalidad de la sanción de aquellos crímenes estatales perpetrados durante el estallido social, y que obligaría al legislador y a los juzgadores a alejarse de figuras normativas y procesales que salvaguarden la existencia de sanciones desproporcionales en beneficio de los responsables.

Adicionalmente, la CIDH concluye que hubo vulneración de los artículos I.b y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, reconociendo el carácter permanente del ilícito. Ello es especialmente relevante en un país donde la desaparición de personas sigue estando ausente de su código penal. 

Por último, otro aspecto importante que puede plantear esta resolución y el tránsito que probablemente le espera al interior del SIDH —es decir, que el Estado realice un informe de cumplimiento de las recomendaciones, se escuche a la parte peticionaria y que la CIDH, en caso de que no exista un cumplimiento, decida eventualmente remitir el informe a la Corte IDH, ya que las víctimas han solicitado que sea remitido a la Corte IDH— se relaciona con las reparaciones, especialmente aquellas que se conocen como simbólicas. En este caso, es crucial que se reconozca la lucha de las familias por la justicia, su esfuerzo y contribución al desarrollo de la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos a partir de una contienda que no ha reconocido límites ni en el tiempo ni en el territorio.

Citación académica sugerida: Fernández, Karinna. Chile: la contienda por la proporcionalidad de la sanción en momentos transicionales. Agenda Estado de Derecho, 2021/09/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/chile-la-contienda-por-la-proporcionalidad-de-la-sancion-en-momentos-transicionales/

Palabras clave: Chile, crímenes de lesa humanidad, dictadura, proporcionalidad

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ACERCA DE LA AUTORA
Karinna Fernández Neira

Abogada defensora de derechos humanos.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.