Desde la denuncia del tratado en 2012, quedó sembrada la duda en el ordenamiento jurídico internacional si la Corte podría conocer de casos en contra de Venezuela, por hechos ocurridos con posterioridad al 10 de septiembre de 2013. Si bien, el argumento de la inconstitucionalidad de la denuncia, se concentra en la idea de supremacía constitucional, bajo: a) la premisa de que el artículo 23 de la Constitución venezolana otorga rango constitucional a los tratados en materia de derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico interno; y b) que la denuncia efectuada por el Poder Ejecutivo habría modificado la Constitución sin seguir el procedimiento previsto en sus artículos 340 y siguientes. Ello permite afirmar que en el derecho interno hay un fundamento sólido para sostener la ineficacia en la desvinculación del tratado, pero no parece ser tan autosuficiente el argumento, cuando este problema era analizado a la luz del derecho internacional.

Adicionalmente, si bien la Corte puede hacer un control de convencionalidad, excedería sus límites de juzgamiento si realizara  un control de constitucionalidad sobre el derecho venezolano, lo que dificultaba que el antedicho argumento constitucional, tuviese resonancia en las motivaciones de la Corte al decidir este caso en su fase de excepciones preliminares. Partiendo de esa limitación, correspondió a la Corte Interamericana hacer un análisis desde la perspectiva del derecho de tratados que sirvió de base para su decisión, contando con el piso dado en su opinión consultiva No. 26 y con la verificación de fuentes de derecho internacional como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el principio del pacta sunt servanda.

La Corte desestimó las excepciones preliminares del Estado a través de las cuales alegó la falta de competencia de la Corte para conocer del caso, en virtud de la supuesta entrada en vigor de la denuncia de la CADH y que los hechos del caso ocurrieron luego de ello. La Corte desmontó lo dicho por el Estado, basándose en los siguientes argumentos, que resumen hechos con efectos jurídicos relevantes: 

1. En 2018, Nicolás Maduro fue proclamado presidente en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral. De hecho, la Asamblea General de la OEA declaró ilegítimo el proceso electoral de 2018 y enfatizó la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela.

2. El 1 de julio de 2019, el presidente “Encargado” (designado por la Asamblea Nacional) suscribió el instrumento de ratificación del tratado con efectos retroactivos, y el 31 de julio de 2019 lo depositó ante la Secretaría General de la OEA.

3. La Corte tomó en cuenta que la mayoría de los Estados miembros de la OEA reconocieron a la Asamblea Nacional como autoridad legítima.

4. La Corte indicó que en derecho internacional es admisible que un Estado, mediante una manifestación expresa, extienda obligaciones a hechos anteriores (retroactividad), siempre que esa voluntad sea inequívoca.

5. Concluyó que la CADH debe considerarse vigente de forma continua para Venezuela desde la denuncia hasta el depósito de la ratificación del 31 de julio de 2019, sin que mediara interrupción eficaz.

La ruta marcada por la Corte es que el cumplimiento de formalidades del derecho internacional, en el marco del procedimiento de ratificación del tratado con efectos retroactivos, como mecanismo de reinserción del Estado al cumplimiento de las obligaciones de este, generó efectos jurídicos. Es un precedente judicial muy relevante en torno a la interpretación procesal de la eficacia de la CADH para los Estados, pero especialmente para el caso de Venezuela, porque reabre las puertas de la competencia plena de la Corte, para conocer sobre violaciones ocurridas en ese país sobre derechos protegidos en el tratado.