El 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: avances y desafíos que deja una presidencia histórica
Días antes de terminar su mandato como presidenta de la Comisión Interamericana, el equipo editorial de Agenda Estado de Derecho entrevistó a Antonia Urrejola, quién analizó la situación de los derechos humanos de la región, así como los avances y desafíos que dejó su presidencia.
Es abogada por la Universidad de Chile, con Post-Título en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Experta en derechos humanos y derecho indígena. Fue asesora del Ministerio del Interior y del Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile. Fue asesora principal del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (2006-2011). Fue Comisionada y Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo del que también fue presidenta.
Es difícil poder resumir en pocas palabras, no solamente su presidencia, sino su mandato como Comisionada. ¿Cuáles fueron los avances más destacados de su presidencia en la CIDH y también los retos que todavía quedan?
En estos últimos cuatro años, la Comisión ha dado un salto cualitativo para hacerse cargo del atraso procesal, algo que lamentablemente es estructural al Sistema y es un tema que nos ha preocupado a todas las personas que trabajamos en él, desde adentro y desde afuera. No tengo las cifras a mano, pero para dar un ejemplo, la Comisión tenía atraso procesal desde los tramites iniciales. Hoy día, las peticiones iniciales son respondidas y tramitadas de manera inmediata. Eso no quiere decir que no siga habiendo atraso procesal, sobre todo en la etapa de fondo, pero ya es un avance enorme, como también lo son las cifras históricas de los últimos años de informes de fondo publicados o casos que han sido enviados a la Corte, eso es muy importante y hay que destacarlo.
También, el avance que ha significado la creación de los mecanismos de seguimiento. Tengo que reconocer aquí, la mirada estratégica de Paulo Abrão (ex Secretario Ejecutivo de la CIDH) y lo que fue el plan estratégico que terminó este año, que tiene ver con el seguimiento a las recomendaciones que hace la CIDH respecto de los informes de fondo, informes temáticos e informes de país. Pero, también, la generación de distintos mecanismos flexibles, que no están en el Estatuto [de la CIDH], en el Reglamento y en la Convención [Americana sobre Derechos Humanos (CADH)], pero que van respondiendo a las dinámicas cambiantes del continente, como han sido por ejemplo: el mecanismo de seguimiento de Nicaragua, el mecanismo de seguimiento para Venezuela, los GIEI (el de Ayotzinapa, el de Nicaragua y el de Bolivia). Creo que eso también ha sido muy importante.
Rescataría como avance el trabajo del SIMORE, que también es un mecanismo de seguimiento, que finalmente logramos lanzar el año pasado y en el 2021 empezamos a ver sus frutos. Varios países, en lugar de enviar el informe anual a la Comisión por correo electrónico, lo subieron al SIMORE y eso es de acceso público. Es muy importante, que los propios Estados hagan rendición de cuentas respecto al avance de las recomendaciones y esa rendición no solo sea mediante un informe que le mandan a la Comisión, sino que lo hagan también a través del mecanismo del SIMORE que, al ser público, lo pueden ver todas las personas interesadas, la academia, organizaciones de víctimas, organizaciones de sociedad civil, etc.
¿Y cuáles fueron los desafíos más notables de su presidencia?
Los desafíos fueron muchos, la pandemia en primer lugar. Tal y como lo expresé en el Consejo Permanente de la OEA que se hizo sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, sobre el impacto de la pandemia, que no solo es sanitario, sino que es el impacto de la desigualdad y la pobreza, en un continente que ya era enormemente desigual y donde la discriminación estructural era parte del día a día. La pandemia aterrizó en ese contexto y esos problemas se han agravado. Con eso, el principal desafío es cómo los órganos del sistema interamericano, junto con los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, podemos hacer frente a este aumento de la desigualdad y la discriminación estructural
Lo anterior, conlleva además otro desafío importante, que es el descontento social. Cuando hay crisis económicas, crisis sanitaria, crisis de acceso a derechos económicos, sociales y culturales, eso va de la mano con el descontento social y ahí hay un desafío fundamental de los órganos del sistema y de los propios Estados, el desafío de hacer frente a esto con políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Relacionado con ello, otro desafío es entender que el derecho a la protesta es un derecho esencial de las democracias. Es un tema que también hemos visto en los últimos tiempos con mucha preocupación.
En varios países se ha ido limitando el derecho a la protesta a través de la represión y el uso desproporcionado de la fuerza o mediante el cuestionamiento y la criminalización a las personas que hacen uso de este derecho. Sin lugar a duda, este derecho es fundamental en cualquier sociedad democrática, participativa e inclusiva. Entendemos que, en este contexto social, se ha hecho también uso de la protesta por la vía violenta. Pero, ahí de nuevo, el desafío es que los Estados entiendan que deben garantizar el derecho y su deber es marginar al que hace un uso violento. El hecho que haya violencia en las protestas no quiere decir que se deslegitima el derecho. Va a ser un desafío muy importante que los Estados entiendan eso y que los órganos de protección puedan trabajar con los Estados en generar políticas públicas en la materia, sobre todo con las fuerzas de seguridad.
Finalmente, otro tema que vemos con mucha preocupación, es el deterioro de la democracia. Eso se palpa en cómo se ha ido atacando la separación de los poderes del Estado. Vamos viendo regímenes que son elegidos democráticamente, pero luego empiezan a tomar medidas, como atacar al periodismo independiente, que es algo muy grave que erosiona la democracia. Estamos viendo que está empezando a ser una práctica el cuestionamiento, el hostigamiento y persecución a poderes judiciales que actúan en causas que son sensibles políticamente o en causas de derechos humanos. Pero, también, la emisión de leyes que tienden a copar el Poder Judicial u otros órganos independientes. Eso sí que es algo gravísimo y erosiona la democracia. Cuando no existe Estado de derecho, no hay garantía de derechos humanos.
Por primera vez en la historia, la directiva completa de la Comisión fue integrada solo por mujeres ¿Qué significa esto para las mujeres o para la perspectiva de género en un continente que todavía es bastante machista?
El hecho de que haya sido noticia que haya una Junta Directiva (JD) solo de mujeres, da cuenta de que seguimos con una enorme brecha de género. No debiese ser noticia y sigue siéndolo. Más allá de eso, es un honor haber sido parte de esta primera JD compuesta solo por mujeres. Creo que ya eso es un avance, porque da un ejemplo, sobre todo, a las más jóvenes de que sí podemos ocupar los espacios públicos. El hecho de que cada vez más las mujeres vayan tomando suficientes espacios, creo que le va abriendo camino a las nuevas generaciones, así como nosotras tuvimos mujeres antes, que lucharon hasta por el derecho al voto, algo tan básico hoy día.
Me parece, sí, que hay una suerte de contradicción, que en un año donde tenemos la primera JD de mujeres de la CIDH, paralelo a eso, hemos visto en contexto pandémico, el aumento de la violencia sexual, el aumento de la violencia de género y sobre todo el aumento de los feminicidios. Las cifras son alarmantes en el continente. Insisto, es como una suerte de contradicción, tener, por dar otro ejemplo, una elección en la Corte IDH, donde finalmente va a haber tres mujeres, después de que era solo una y poder aplaudir eso, por una parte, pero ver, por otra parte, como esa violencia contra las mujeres sigue existiendo y se sigue profundizando. Creo que eso es un desafío que tenemos que seguir enfrentando, tanto desde los órganos de protección como la Comisión, pero también desde los propios Estados, a través de políticas públicas y también las organizaciones de derechos humanos.
Ahora ¿De qué manera veo una diferencia con una JD de mujeres? No ha habido tiempo para reflexionarlo, pero si pudiera decir algunas cosas, lo primero que me parece, es que las mujeres tenemos una manera de ejercer los liderazgos, un poco más horizontal. Eso nos hace más cercanas no solo a la gente, sino a los propios equipos con los que trabajamos y creo que eso al final del día, es mucho más eficiente. En el ámbito del trabajo, la gente se siente libre de dar opiniones si no hay una estructura piramidal, donde hay simplemente que obedecer lo que diga la autoridad sino un espacio para poder discutir y debatir, en general. Esta es mi experiencia. También, creo —y no quiero establecer un estereotipo— que nosotras las mujeres, sobre todo, en el ámbito de derechos humanos, tenemos más empatía con las víctimas. Cuando trabajas en derechos humanos, eso es fundamental.
Siempre he percibido a la CIDH como un espacio de escucha, creo que eso se rescata muy poco cuando hablamos de su impacto. Me he dedicado en el último tiempo, precisamente a rescatar el rol que tuvimos, sobre todo antes de la pandemia, cuando íbamos a los distintos territorios a escuchar a las víctimas y simplemente ser un espacio de escucha y tener empatía con ellas. Eso es muy importante para que las víctimas se sientan validadas, empoderadas y escuchadas.
Quizás tiene que ver con el hecho que cuando uno va a los espacios donde existen víctimas organizadas ¿a quienes vemos?; ¿quiénes son las buscadoras de la desaparición forzada en México?: Las madres buscadoras ¿Quiénes se han organizado respecto a los presos políticos en Nicaragua? Son mujeres. ¿Quiénes se han organizado respecto de los jóvenes asesinados en la grave crisis de violaciones de derechos humanos en Nicaragua? En general, es bien impactante cuando uno tiene reuniones con las organizaciones de derechos humanos, darse cuenta de que la mayoría somos mujeres. Eso también habla de la empatía que tenemos las mujeres, además de la resiliencia. Desde esa perspectiva, creo que, como una Junta Directiva de mujeres, hemos podido ir rescatando también esos espacios de escucha para las víctimas y hemos hecho un esfuerzo por relevar, de nuevo una frase que yo uso mucho, que es de Mariana Jofine, una académica brasilera que afirma: “los silencios que se quieren hacer oír”.
Recientemente tuvimos un webinario sobre violencia sexual en dictaduras La Comisión no ha trabajado ese tema. Lo empezamos a trabajar hace poco. Creo que no es coincidencia que seamos mujeres las que estamos a cargo de la Comisión para que empezáramos a trabajar de manera más interseccional lo que es la violencia sexual. Obvio, que hay muchísima jurisprudencia respecto a la violencia sexual en conflictos armados y dictaduras. Pero poder abrir espacios como fue el de ese evento, no se había hecho antes: tener a las víctimas de violencia sexual de conflicto armado, tuvimos una indígena guatemalteca, a una mujer afro de Colombia y tuvimos dos víctimas de la dictadura de Argentina y de Uruguay, todas víctimas de violencia sexual. Fue un espacio muy importante.
Creo que también hemos abierto más espacios para esos silencios que se quieren hacer oír, para aquellas mujeres que hablan cuando pueden hablar y también hemos seguido revelando que la violencia sexual y de género —y no solo me refiero a las mujeres, sino también los colectivos de LGTBI— sigue siendo una herramienta de represión política y esto también como Junta Directiva lo hemos revelado. Ahí, de nuevo, en lo relativo a Nicaragua, pongo el ejemplo de las presas políticas en este país y como ha habido un especial ensañamiento respecto de las lideresas por el simple hecho de ser mujeres y como la violencia de género se utiliza también como una herramienta de represión política, no solo para dominar a la víctima, sino que también para ejercer miedo respecto de la comunidad. Eso es un llamado porque son las mujeres quienes salen a la calle a defender a las víctimas. En estos cuatro años [que fui Comisionada de la CIDH], generalmente, cuando me reuní con organizaciones de familiares víctimas o de víctimas fueron en su mayoría mujeres, la mejor manera de acallarlas es a través de la violencia sexual.
Respecto a Nicaragua y la reciente denuncia de la Carta de la OEA ¿Cómo evalúa usted el papel que ha jugado la Comisión en ese país?
Creo que la CIDH ha tenido un rol histórico en Nicaragua. Desde el 2018, cuando se dieron los hechos [de protesta masiva y sus consecuencias], el gobierno de Nicaragua permitió que nosotros visitáramos el país y eso tengo que reconocerlo. Hay otros Estados que en esas graves crisis de derechos humanos no permiten a la Comisión visitarlos. El hecho de que hayamos podido ir varias veces durante el 2018, nos permitió ser una voz ante la comunidad internacional sobre la grave violación de derechos humanos que estaba ocurriendo en Nicaragua, cuando no se le estaba prestando la debida atención y desde ahí la Comisión ha cumplido un rol fundamental, más allá que después no pudimos entrar más y el MESENI se tuvo que ir.
La Comisión no ha cesado de levantar la voz sobre las graves violaciones a los derechos humanos y las distintas etapas de la represión en Nicaragua. Lo que hay hoy día, es un Estado policial de facto, donde no existe Estado de derecho, donde se ha concentrado todo el poder en el matrimonio Ortega-Murillo y su entorno.
Al no haber Estado de derecho, no hay garantía de derechos humanos. Pero quien ha llevado la voz fundamental en materia de violaciones de derechos humanos, ha sido la Comisión y esa voz no solo la hemos llevado a través de informes temáticos, los distintos comunicados de prensa, los distintos informes anuales, las distintas entrevistas, sino que también hemos hecho uso de todos los espacios políticos para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos, tanto en el Consejo Permanente de la OEA, la Asamblea General de la OEA, como también lo hemos hecho ante el Consejo de Derechos Humanos y ante la oficina de la Alta Comisionada, con quien hemos trabajado muy de la mano. Me parece que la Comisión ha hecho un trabajo muy relevante en llamar la atención de la comunidad internacional de lo que está sucediendo en Nicaragua.
¿Qué pasará una vez que se cumpla con el tiempo para que Nicaragua se retire de la OEA?
A pesar de los enormes esfuerzos que ha hecho la Comisión, los órganos políticos no han estado a la altura del apoyo que Nicaragua necesita, y tampoco lo han estado los gobiernos de la región y esa es mi frustración. Desde esa perspectiva, con la denuncia que ha hecho ahora el gobierno centroamericano, hay dos años todavía para que se haga efectiva. Nunca pierdo la esperanza, sino no trabajaría en derechos humanos. Pienso que ahí el rol que va a tener la Comisión, es tratar de revertir esta decisión. También es fundamental el rol de los órganos políticos de la OEA, como de los Estados de la región para revertirla. Lo peor que le pueda pasar a Nicaragua, a las víctimas nicaragüenses, al pueblo nicaragüense y al Estado mismo, es salirse del Sistema. El aislamiento no le conviene a nadie, tampoco le conviene al gobierno, pero menos a las víctimas y ahí creo que el desafío es tratar de revertir esa decisión.
Mientras ocurre este periodo, la Comisión sigue teniendo exactamente las mismas funciones con respecto a Nicaragua y las va a seguir ejerciendo con la misma fuerza. Va a seguir conociendo de casos, va a seguir conociendo de medidas cautelares, va a seguir viendo informes, comunicados de prensa. Estoy segura de que quien ocupe la relatoría en mi remplazo, va a seguir trabajando mano a mano con el MESENI, y haciendo el trabajo que hemos hecho estos cuatro años. Pero también creo que el desafío es poder buscar un espacio de diálogo. Lo veo muy difícil, pero creo que hay que buscar un espacio de diálogo para revertir esa decisión.
En el contexto de la pandemia se creó la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Inmediata (SACROI) ¿Cómo valora el funcionamiento de esta Sala y cómo cree que puede fortalecerse más allá del contexto de la pandemia?
La SACROI, ha sido muy importante. Es una herramienta de trabajo interno de la Comisión respecto de gobiernos que nos preocupan o respecto de materias que nos preocupan. La SACROI, tiene un mecanismo de trabajo para coordinar los distintos mecanismos [de la CIDH]: Mecanismos cautelares, de monitoreo, de peticiones y casos. De manera tal, de poder ir dando una respuesta oportuna, coordinada e interseccional a las distintas situaciones [relacionadas con la pandemia]. Ahí creo que la Comisión tuvo una mirada estratégica, realmente fundamental, a la semana que llegó la pandemia a la región, se creó esta SACROI-COVID.
Tuvimos una reunión del pleno [de la CIDH] con la Secretaría Ejecutiva —todavía estaba Paulo Abrão— para ver cuáles iban a ser las prioridades y en tiempo récord sacamos la Resolución sobre Derechos Humanos y Pandemia, resolución que sigue teniendo un impacto y vigencia. Hacemos recomendaciones a los Estados en distintas materias, desde la generación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, sobre el cumplimiento de los estándares respecto a los Estados de excepción, sobre el acceso de información, transparencia, recomendaciones específicas para los grupos en mayor vulnerabilidad, como son los pueblos indígenas, adultos mayores, mujeres, afrodescendientes, etc.
Posteriormente, hay otras resoluciones. La Resolución de Vacunas sigue estando vigente. La necesidad de que los gobiernos entiendan que la vacuna es un bien público y también un llamado a la cooperación y solidaridad internacional. En ese sentido, los gobiernos tienen que hacer frente a la desigualdad. Y esa desigualdad se ve no solo en el interior de esos países, la necesidad que la vacuna se distribuya a todas las personas con igualdad de condiciones sin discriminación, sino que también la desigualdad en el continente existe de un país respecto de otro. [La Resolución contiene también] el llamado a la solidaridad y cooperación internacional entre aquellos países que tienen más vacunas y los que no las tienen.
También hay una resolución que fue dirigida hacia las personas enfermas de COVID-19, sobre todo también a los familiares de los fallecidos. Cuando veíamos sobre todo que en varios países fallecían muchísimos familiares, sin que las personas pudiesen despedirse por razones sanitarias, además, muchos cuerpos fueron llevados a fosas comunes y ahí la imposibilidad de identificar a los familiares, esto es algo que no corresponde. Había, por ejemplo, imágenes impactantes con estas fosas comunes, en una región que ha vivido la desaparición forzada. Esto es algo muy violento, más allá de que las circunstancias son distintas. Por ejemplo, vimos en Ecuador que se les habían notificado a personas que sus familiares habían fallecido por COVID-19 y les entregaban unas cenizas. Y después resultaba que su familiar estaba vivo y no sabían a quién pertenecían las cenizas. A partir de este momento tuvimos que proferir una resolución al respecto. Creo que todas estas resoluciones siguen estando vigentes.
En fin, los Estados siguen teniendo un deber fundamental de establecer políticas públicas con enfoque de derechos humanos y sin discriminación como desafío fundamental. Lo señalé al inicio, es como la Comisión va apoyar a los Estados en enfrentar este descontento social y la afectación grave que están teniendo desde el punto de vista económico, en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Obviamente, las circunstancias se han agravado por la pandemia. De ahí el trabajo que pueda hacer la Comisión con los Estados en el futuro va a ser fundamental, entendiendo que los recursos son más limitados de lo que eran antes de la pandemia. La Comisión entiende esto. Pero eso no quiere decir que hay una regresión de lo ya alcanzado. Tampoco quiere decir que esto permite políticas públicas que sean discriminatorias o excluyentes respecto a determinados colectivos. Creo que ese va a ser el principal desafío junto con la garantía del derecho a la protesta.
Algunos expertos han criticado la falta de motivación de decisiones de inadmisibilidad de la CIDH o cuando la Comisión rechaza solicitudes de medidas cautelares ¿Qué avances ha habido al respecto o que han discutido internamente, para mejorar la experiencia de las víctimas y sus representantes ante la CIDH respecto a este punto?
Sí. Precisamente ahora en el último periodo de sesiones en diciembre de 2021, se trató de un tema que la Comisión discutió. Somos conscientes de la sensación de frustración para las víctimas y a sus representantes cuando les llega una notificación de rechazo sea por inadmisibilidad o de rechazo de una medida cautelar sin motivación. Aún la Comisión no ha tomado una decisión al respecto.
Cuando tomamos una decisión de declarar inadmisible un caso o rechazar una medida cautelar, obviamente está fundamentada [internamente]. Puesto que hay un debate interno. Parece algo menor, pero esa notificación si tuviese permanentemente una motivación escrita, requiere más tiempo, más horas humanas para poder fundamentar eso. Es un tema que recién se está discutiendo, cómo hacer para que se entienda al menos cuáles son las fases mínimas de por qué se declaró inadmisible o por qué se rechazó una medida cautelar, sin tener que hacer público todo el debate que hubo, porque también los debates son reservados. Es un tema que la Comisión está discutiendo. No lo puedo adelantar. No sé qué decisión se vaya a tomar, pero si puedo garantizar, que es un tema que se va a seguir discutiendo.
¿Qué va a hacer después de su paso por la CIDH? ¿Va a seguir luchando por los derechos humanos?
Mi interés es trabajar siempre en derechos humanos, sea desde el Estado, sea desde organismos internacionales o como consultora. A mí me gusta mucho el tema internacional. Quiero seguir ligada al sistema internacional, seguir trabajando en temas de derechos humanos en la región.
Sí tengo claro que a mí me mueve desde las entrañas los temas en derechos humanos, si es desde la sociedad civil, como consultora, desde el Estado en generación de políticas públicas. Todos esos roles son fundamentales. Por otra parte, me siento personalmente comprometida con dos países. Uno de ellos es Colombia y me encantaría desde donde esté, poder seguir trabajando en algunos temas de Colombia, sobre todo en materia de memoria, de verdad y justicia y pueblos indígenas.
Y, luego Nicaragua. El hecho que haya sido mi primera visita de trabajo cuando cayó la crisis, me marcó. Llevaba cuatro meses de comisionada, fue un bautizo brutal porque me tocó esta grave crisis y para mí hay un antes y un después —y lo digo sin exagerar— en mi vida, la verdad no solo en mi gestión desde la Comisión, si no en mi vida. El haber llegado a Nicaragua en ese momento y el haber sido relatora por todo este tiempo. Yo tengo un compromiso personal con Nicaragua que desde donde sea que esté voy a seguir.
Citación académica sugerida: Fuchs, Marie-Christine. El 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: avances y desafíos bajo una presidencia histórica. Agenda Estado de Derecho. 02/03/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-2021-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-avances-y-desafios-que-deja-una-presidencia-historica/
Abogada alemana y Doctora en Derecho de la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemania. Realizó sus estudios de Maestría en Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en el Europainstitut de Universität des Saarlandes, Alemania. Cursó estudios de licenciatura en derecho francés. Ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional Privado en Hamburgo. Fue directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad-Adenauer.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
