La violencia sexual es una forma grave de discriminación cuyo bien jurídico protegido es la integridad corporal, la libertad y autonomía sexual de las víctimas.

Al igual que muchas otras formas de discriminación y violencias de género, está arraigada en la desigualdad del poder y los privilegios de género masculinos y, por ello, las niñas, niños y adolescentes de nuestro continente son las más vulnerables.

Un estudio realizado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) sobre 12 países en América Latina y el Caribe analizó las cifras de la violencia contra las mujeres y niñas entre las edades de 15 y 49, y halló que la prevalencia de la violencia física o sexual entre parejas íntimas durante un periodo de 12 meses, era más alta entre adolescentes entre las edades de 15 y 19 años. Y, tanto en Costa Rica como en nuestra región las cifras de embarazo adolescente son muy altas.

Asimismo, el informe de Equality Now titulado Fracaso en la protección: Cómo las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las mujeres, niñas y adolescentes en las Américas, destaca las brechas legales que permiten la impunidad de los agresores. A saber:

i. La valoración de los hechos que constituyen la violación sexual calificados como estupro, a efecto de imponer penas menores y desvirtuar la gravedad de los hechos. 

ii. Las definiciones de violación y agresión sexual centradas en el paradigma del uso la fuerza y la resistencia, en lugar de basarse en el consentimiento libre y voluntario, como lo establecen los estándares regionales e internacionales.

La Corte Penal Internacional ya reconoció que la fuerza no constituye un elemento per sé de la violación, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció en la sentencia del caso Angulo Losada vs. Bolivia que las normativas penales relacionadas con la violencia sexual deben contener la figura del consentimiento como su eje central, es decir, para que se perpetre una violación, no se debe exigir la prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física, bastando para ello que se demuestre, mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió con el acto sexual.

Esto significa que la judicatura, al momento de valorar las pruebas, siempre debe analizar el contexto de las circunstancias coercitivas, así como las dinámicas de desigualdad de poder o autoridad, donde se explotan las situaciones de vulnerabilidad, confianza, influencia y dependencia, como en este caso donde, legalmente, jamás puede presumirse que hubo consentimiento de la madre de Keibril.

iii. Los plazos de prescripción para los delitos sexuales discriminan a las víctimas, ya que éstas necesitan un tiempo, más allá de la mayoría de edad, para romper el silencio y denunciarlos. Para que el derecho de acceso a la justicia sea una realidad, los delitos de violencia sexual deberían ser imprescriptibles.

Así lo estableció la Corte IDH en los casos Fernández Ortega et. al. vs. México y Linda Loaiza López Soto vs. Venezuela, donde determinó que la violación puede ser equiparada a tortura en ciertos casos.

Al comparar la imprescriptibilidad de la tortura, como un delito grave de lesa humanidad, con la violación, podemos concluir que es necesario impulsar urgentemente la imprescriptibilidad de los delitos sexuales como una reforma esencial. Sin estas reformas, las adolescentes violadas, como la madre de Keibril, no podrán acceder a la justicia.