El 2 de septiembre de 2020, en la zona de Yby Yaú, departamento de Concepción, Paraguay, dos niñas argentinas de 11 años, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, fueron asesinadas durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este hecho generó una condena internacional y reavivó las alarmas sobre la creciente militarización del Estado en sus políticas de seguridad. Las irregularidades, tanto en el operativo como en la posterior investigación, pusieron en duda la credibilidad del gobierno y expusieron fallas estructurales en la protección de los derechos humanos en el país.

El caso despertó tal preocupación que llevó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU a iniciar una investigación confidencial en 2020. En enero de 2025, el Comité publicó un informe que abordó los posibles homicidios ilegítimos y las alegaciones de que Paraguay adoptó medidas para encubrir los hechos. El informe concluyó que el Estado paraguayo es responsable de graves violaciones de derechos humanos, que fueron agravadas por la falta de una investigación imparcial. Este dictamen hace eco de las denuncias de la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos y evidencia la erosión de la frágil institucionalidad en el país.

El informe del Comité concluyó que Paraguay violó el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al privar arbitrariamente de la vida a las niñas, y el artículo 4, al no llevar a cabo una investigación adecuada sobre sus muertes. Esto resultó en un vacío de información respecto a la causa, la forma y las circunstancias de los hechos, lo que confirma la gravedad de las violaciones de derechos humanos y pone de manifiesto las fallas del sistema judicial y de seguridad en Paraguay.

Además, es esencial analizar este caso desde una perspectiva de género, dado que la violencia estatal contra mujeres y niñas no es un fenómeno aislado, sino parte de un problema más amplio relacionado con el uso desproporcionado de la fuerza. Aunque el gobierno paraguayo insiste en que los hechos no ocurrieron en un contexto de conflicto, es necesario abordarlo desde el marco de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que promueve la integración de una perspectiva de género en los procesos de paz y seguridad. En este marco, los Estados tienen la obligación de aplicar de manera integral las disposiciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos para proteger especialmente la vida y seguridad de las mujeres y niñas.

En su respuesta a la investigación del Comité, el gobierno minimizó la responsabilidad de la FTC, unidad integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. Sin embargo, las evidencias demostraron que la investigación fue gravemente obstaculizada desde el principio. Se destruyeron pruebas clave, como la ropa de las niñas, que fueron quemadas bajo el pretexto de protocolos sanitarios relacionados con el COVID-19, y se impidió realizar un análisis forense inmediato para esclarecer los hechos.

El manejo de la información por parte del gobierno agravó aún más la situación. El entonces presidente, Mario Abdo Benítez, afirmó inicialmente que las víctimas eran combatientes adultas, pero luego corrigió la versión, indicando que eran adolescentes. Finalmente, la identificación de las víctimas confirmó que tenían apenas 11 años. La negativa del Estado paraguayo a permitir una investigación externa alimentó las sospechas de encubrimiento, socavando la confianza en la legalidad y la independencia judicial.

Organizaciones de derechos humanos indican que este caso no es aislado, sino parte de un fenómeno más amplio de militarización de la seguridad en el norte de Paraguay desde la creación de la FTC en 2013. La falta de controles y mecanismos de rendición de cuentas dentro de esta unidad ha facilitado abusos continuos, especialmente contra comunidades campesinas y líderes locales. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) ha denunciado de manera reiterada la falta de una investigación imparcial, exigiendo justicia para las víctimas y sus familias, y subrayando la urgente necesidad de garantizar la verdad y la reparación para evitar la repetición de estos hechos.

La gravedad de este caso también generó pronunciamientos internacionales, como el de Michelle Bachelet, entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien expresó su preocupación por la falta de transparencia y el uso excesivo de la fuerza, pidiendo una investigación independiente. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al presidente paraguayo exigiendo justicia, señalando que el gobierno había falsificado los hechos al presentarlos como un enfrentamiento, similar a los casos de «falsos positivos» en Colombia. La organización Human Rights Watch también denunció la destrucción de pruebas y las irregularidades en la investigación, que violaron tanto protocolos internos como normativas internacionales sobre derechos humanos.

Este caso pone de manifiesto la fragilidad del Estado de derecho en Paraguay y la urgente necesidad de reformas en los sistemas de seguridad y justicia. La falta de respuestas claras solo perpetuará la impunidad, afectando principalmente a los grupos más vulnerables frente a la violencia estatal y privada. En este contexto, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda a Paraguay adoptar medidas para concluir adecuadamente la investigación de las muertes de las dos niñas, verificando los hechos, aceptando responsabilidades y colaborando internacionalmente en la recolección de pruebas forenses. Además, sugiere capacitar a los agentes del orden en derechos humanos con un enfoque de género y niñez, y revisar el marco legal para asegurar la supervisión independiente de las fuerzas de seguridad y garantizar que sus acciones se ajusten a las normativas internacionales. Solo mediante estos pasos se podrá avanzar hacia una justicia plena y restauradora, respetuosa de los derechos humanos de todas las niñas.