Desde su asunción como primer mandatario, el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, priorizó públicamente como uno de los objetivos de su administración proponer y llevar a cabo una serie de reformas en el sistema federal de justicia.      

En paralelo, la administración Fernández, pregonó por instalar en diferentes ámbitos el debate en torno a la Corte Suprema de Justicia y la necesidad de modificar el número de magistraturas. Estas concepciones, empezaron a gravitar con mayor resonancia como consecuencia de algunas sentencias adversas a los intereses del gobierno que fue dictando la Corte sobre temas sensibles, que tuvieron una repercusión negativa en las esferas internas del ejecutivo nacional.

Aún se desconoce cuál será el desenlace de estas ideas, pero lo cierto es que terminaron por penetrar en el debate parlamentario, con la presentación de cuatro proyectos de ley durante el presente año, presentados en el Senado como cámara de origen, con la finalidad de elevar el número de votos y voces.

Previo a profundizar sobre estas propuestas de reforma, resulta atinado precisar algunos conceptos en torno al Estado argentino y el poder judicial federal. En primer término, la Nación argentina posee un diseño constitucional de corte federal, lo cual presupone la coexistencia de al menos dos niveles de gobierno, el Estado federal y los gobiernos locales. Para estos últimos la Constitución es clara al imponer el mandato de asegurar su régimen de administración de justicia.

Dentro de la órbita de la justicia federal, la carta Magna crea y erige a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como su titular. En cuanto a su organización e integración, la Constitución Nacional no menciona nada al respecto, sobre todo en lo que aquí nos interesa, es decir el número de miembros que la componen, delegando implícitamente su regulación en el Congreso.

La última ley que trató el asunto es la 26183, que establece que son cinco los magistrados que integren el Máximo Tribunal nacional. Desde noviembre de 2021 existe una vacante, tras la renuncia de la Suprema Highton de Nolasco.

En cuanto a este órgano constitucional, no sólo ejerce la función jurisdiccional como último tribunal de revisión, sino que también posee un rol fundamental con respecto a la efectivización del principio de supremacía constitucional. En efecto, debe mencionarse que la ley suprema argentina adoptó como causa ejemplar, la constitución norteamericana, replicando un régimen de control de la constitucionalidad de las leyes, normas y actos de los gobernantes, denominado judicial y difuso, depositado en todos y cada uno de los jueces.

La eficacia y uniformidad de ese control requiere la existencia de un tribunal especialmente encargado de revisar las decisiones dictadas al respecto, órgano que, en el régimen de la Constitución, no es otro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como anticipamos los proyectos de reformas que han adquirido estado parlamentario, se centran en ampliar el número de magistrados que integran el máximo tribunal federal, modificando así el actual régimen legal. Si bien no hay coincidencia entre las propuestas, acerca del número al cual ascenderían los miembros de la Corte, cuando nos adentramos en el análisis de los fundamentos, es posible identificar la reiteración de ciertas razones o puntos de común acuerdo.