ABORTO Y PREVENCIÓN: LA RESPUESTA DE COLOMBIA

17 de Marzo de 2022
ABORTO Y PREVENCIÓN: LA RESPUESTA DE COLOMBIA
Crédito foto: El Colombiano

La Corte Constitucional de Colombia despenalizó la IVE hasta la semana 24 de gestación ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión?

El Instituto Guttmacher reporta que 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año en el mundo entre 2015 y 2019. De estos, el 61% terminó en aborto, lo cual implica 73 millones de abortos inducidos al año. Según estas cifras, por demás escandalosas, el aborto implica una pérdida anual de miembros de la familia humana de casi el doble de una población como la de Colombia y de millones más que el total de muertos en toda la Segunda Guerra Mundial. La respuesta más evidente es que se necesitan políticas públicas urgentes para reducir estas cifras, teniendo además en cuenta que existe un consenso en que el aborto es indeseable para cualquier mujer.

Sin embargo, la respuesta mundial se aleja de este objetivo, especialmente si se sigue con la lógica de que la solución es la misma en todos los contextos: la liberalización. Si bien es cierto que luego de la despenalización en ciertos países se reducen los abortos, en otros casos, en cambio, luego de la despenalización aumentan exponencialmente: por ejemplo, en Groenlandia, según las cifras oficiales, el aborto está despenalizado desde 1975 y hoy en día ocurren más abortos que nacimientos. En España, por cada 4 embarazos se realiza un aborto; en Reino Unido en 2020 hubo 209.917 abortos, la cifra más alta desde que se introdujo la ley de aborto en 1967.

Las cifras citadas, demuestran que las soluciones no pueden ser decididas de arriba hacia abajo, o impuestas por tendencias del derecho comparado. El llamado es entonces a adoptar políticas públicas contextualizadas, que respondan a problemáticas concretas. En Colombia, los datos muestran que a pesar de que la  despenalización del aborto se ha ido ampliando, en la práctica, desde el  establecimiento de las tres causales de despenalización en 2006, los abortos no se han reducido, sino que han ido en aumento. En efecto, dada la amplia interpretación que con el tiempo se ha dado a la causal de riesgo para la salud de la mujer, los procedimientos de aborto son prácticamente libres, sin importar la semana de gestación. Según el Director Médico de Profamilia, basta con que una mujer manifieste sentimientos de desesperanza para certificarle la causal.

Una muestra clara del aumento del número de abortos se deriva de los informes de gestión de Profamilia (una sola de las muchas instituciones que realizan abortos), que evidencian una tendencia constante de aumento de los abortos año a año. En 2017 se incrementó en un 63% el número de abortos dentro de las causales, realizando un total de 10.514 abortos en todo el país. En 2018, Profamilia realizó 16.878 abortos, lo que significa un crecimiento del 60,5% con respecto al 2017, y en 2019 el número de abortos llegó a la cifra de 22.146. Es decir, el incremento en tres años ha sido de más del 150%. Podría pensarse que el aumento se debe a la reducción de los abortos clandestinos. Sin embargo, no es así. Los mismos informes de Profamilia indican que el número de abortos clandestinos sigue siendo el mismo en el periodo 20082017. Entonces, si no estamos reduciendo los abortos clandestinos, y los abortos legales siguen en aumento, ¿cuál es la prevención que se ha logrado con la cada vez más extendida despenalización?

Cuatro razones por las que el comunicado de prensa de la Sentencia C-055 de 2022 dificulta una política pública seria de prevención del aborto

El comunicado de prensa del fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación, no aporta ningún elemento a la política de prevención de los abortos y en cambio la hace más difícil:

1.) La Corte debe exigir medidas que permitan recaudar datos. Según el I.Guttmacher, para todas las regiones del mundo (sin importar si el aborto es legal o no), hay un 80% de incertidumbre en las cifras. Esto se suma a que no hay disponibles datos confiables de las razones que han llevado a las mujeres a abortar. Es de esperarse que los datos sean aún más inciertos en los países en los que el aborto es completamente libre, cuando esta liberalización va acompañada de la prohibición de preguntar a las mujeres qué las está llevando a tomar esta decisión: podrían incluso ser forzadas a hacerlo, y sería muy difícil hacer un seguimiento a esto. Entonces, la liberalización no puede implicar la prohibición de obtener y sistematizar información relevante para una política de prevención.

2.) La Corte omite aclarar expresamente cuál es su postura frente al argumento -por demás antitécnico- de que la despenalización del aborto equivale a que se convierta en un derecho fundamental. Esperemos que el texto completo de la sentencia no repita este error jurídico de sentencias de tutela anteriores, pues tendría como trasfondo que la conducta es deseable, buena, un ideal de realización que se debe promover. Esto impide que haya una política seria de prevención, pues es un contrasentido prevenir el ejercicio de un derecho fundamental. Y en esto hay que ser claros: el comunicado de prensa no afirma que se pueda exigir un acceso libre y gratuito hasta la semana 24, por tanto, una exigencia en tal sentido no tiene fundamento legal en este momento.

3.) Hay una ausencia absoluta de exhortos para prevenir abortos y para proteger al que está por nacer, aunque el comunicado en once ocasiones diga que el “bien jurídico de la vida en gestación es una finalidad constitucional imperiosa”. En contraste, se exhorta a proteger a “los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar”. Es decir, que el que merece protección es el que sobrevivió a un aborto (cuestión que sobraría, pues de lo contrario se avalaría el homicidio), y en cambio el que está por nacer quedó de nuevo invisibilizado y desprotegido.

La protección al no nacido es una finalidad imperiosa, que una mujer pueda decidir de manera libre terminar su embarazo en semanas avanzadas de la gestación no resiste ningún test de proporcionalidad. Aunque estudios científicos serios muestran que el dolor fetal está presente desde la semana 7, en todo caso no hay duda de que el no nacido puede sentir dolor desde la semana 20, en donde los procedimientos de terminación del embarazo establecidos por la OMS son insoportablemente dolorosos, sea que se acuda al desmembramiento o a la inyección de cloruro de potasio. Esta inyección está prohibida en veterinaria y Human Rights Watch la ha considerado como una tortura en los procedimientos de pena de muerte en los EEUU.

La Corte Constitucional, sustentó arbitrariamente el plazo de las 24 semanas, no en criterios científicos, sino en derecho comparado y sentencias de la Corte Suprema de EEUU de 1990. Los avances científicos desde ese momento son tantos, que hay numerosos casos de viabilidad extrauterina antes de esa semana, y para esa etapa ya se pueden hacer trasplantes de órganos dentro del vientre, procedimientos para los cuales, a diferencia de lo que ocurre con el aborto, se aplica anestesia al que está por nacer.

De hecho, como lo afirma la Academia Nacional de Medicina en reacción al fallo de la Corte, el ser que está por nacer no solo responde al dolor, sino que la viabilidad extrauterina debe entenderse al menos desde la semana 22 de gestación. Después de esa semana, la Academia indica que no puede hablarse de un procedimiento de aborto, sino que la mujer debe pasar por un parto.

4.) Aunque un aborto es una tragedia para la mujer y para el no nacido, la Corte decidió mantener el modelo de causales hasta el último día de gestación. La única explicación razonable es que la Corte considere que no hay un acceso libre hasta la semana 24, sino que la consecuencia del fallo es únicamente la despenalización; de lo contrario, no existe justificación alguna para que una mujer espere hasta la semana 24 para realizarse un aborto que ya tiene acceso libre, y cuando el ser humano por nacer ya puede sobrevivir por fuera de su vientre.

El texto completo de la sentencia tiene que garantizar un amplio margen de configuración al Congreso para limitar por vías no penales el aborto, para prevenirlo y desincentivarlo, sin que luego estas leyes puedan ser interpretadas como barreras de acceso. Por demás, esto sería lo único coherente cuando, contrario al argumento de la demanda de Causa Justa sobre un cambio sociocultural, luego de publicado el comunicado, la opinión pública mostró un rechazo del 83.2% a la posibilidad de que las mujeres puedan abortar hasta la semana 24 de gestación.

Finalmente, rechazamos la afirmación de que esta sentencia es el logro más importante para las mujeres después del voto. Como mujeres, colombianas y abogadas, nos duele profundamente que la lucha por nuestros derechos se haya reducido a la liberalización del aborto, una conducta invasiva y violenta con el cuerpo de la mujer, que es la evidencia fehaciente del fracaso en la política pública de salud sexual y acompañamiento a la mujer gestante. Ninguna mujer debería enfrentarse a un aborto, por lo que ninguna mujer debería celebrarlo.

Esto nos tiene que hacer reflexionar como mujeres. Gracias al feminismo podemos votar, podemos acceder a las aulas universitarias y podemos participar en el discurso público. Pero ahora parece que solo podemos hablar si todas estamos de acuerdo, porque cuando la mayoría de las magistradas opinaron distinto se les reprochó e intentó acallar ¿No lucha el feminismo para que las mujeres podamos decir lo que pensamos? Por nuestra parte, no dejaremos de alzar la voz a favor de lo que creemos es el mayor logro de los derechos humanos: garantizar la dignidad de todos los seres humanos, especialmente de los que no tienen voz, como alguna vez no la tuvimos las mujeres.

Citación académica sugerida: Acosta-López, Juana & Idárraga, Ana María. Aborto y prevención: la respuesta de Colombia. Agenda Estado de Derecho. 2022/03/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/aborto-y-prevencion-la-respuesta-de-colombia/

Palabras clave: aborto, Colombia, Corte Constitucional, no nacido

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LAS AUTORAS
Juana I. Acosta-López

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Derechos Humanos de la Universidad Externado, LLM en International Legal Studies de NYU y candidata a Doctora de la UNAM. Ha sido consultora en el sector público y privado, agente en representación de Colombia, y de Bolivia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subdirectora del área temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Ha sido presidenta de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y profesora de pregrado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Cuenta con numerosas publicaciones en temas de derechos humanos y justicia transicional. Actualmente es directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana; co-coordinadora del Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz; miembro del Comité Editorial del International Review of the Red Cross y consultora en temas de derecho internacional y justicia transicional.

Ana Idárraga

Abogada de la Universidad de la Sabana, Magíster en Derecho Penal y Justicia Internacional de la Universidad de Kennedy (Argentina) y el Instituto interregional de investigación sobre delincuencia y justicia de las Naciones Unidas (UNICRI), y Magister en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Fue joven investigadora en la convocatoria de Colciencias “Jóvenes investigadores por la paz”, cuenta con experiencia en investigación en derecho penal internacional, justicia transicional y derecho internacional humanitario. Ha sido asesora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido parte del equipo de defensa del Estado en diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es la profesora coordinadora de la Línea de Persona y Familia de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana.

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.