La medida, sin embargo, debía pasar el control automático de constitucionalidad, a cargo de la Corte Constitucional. Y lo pasó. (Sentencia C-242 de 2020, MMPP Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo).  La Corte abordó al menos tres asuntos críticos.

Primer asunto crítico ¿es posible reformar una ley estatutaria que regula un derecho fundamental, mediante poderes de excepción? La Corte consideró que sí (considerando 6.122). Para ello se apoyó en una ampliación del precedente sentado en la Sentencia C-671 de 2015, en donde avaló la suspensión temporal y geográficamente limitada de la ley estatutaria de garantías electorales. Los dos casos, sin embargo, no eran asimilables en asuntos relevantes. En ese caso, no se trataba de limitar el alcance de un derecho fundamental; todo lo contrario, la razón para dicha suspensión era que la medida perseguía la protección de derechos fundamentales “por razones humanitarias”. Frente a la intervención en el derecho de petición, la Corte amplió el alcance territorial y material de su precedente, y lo más grave, avaló una alteración del contenido esencial del derecho fundamental de petición: los términos para responder. Una postura novedosa y, por lo menos, heterodoxa.

El segundo asunto crítico: ¿Es posible que la intervención en el derecho fundamental sea indefinida? La Corte consideró que la medida debía ser transitoria (considerando 6.124, 6.125 y 6.134). Pero no fijó un término para esto, ni precisó un criterio claro que limitara la discrecionalidad del Gobierno para prorrogar la medida a través de decretos ordinarios relacionados con la “emergencia sanitaria”.

Tercer asunto crítico: ¿La ampliación de los términos cobija todas las modalidades del derecho de petición? La Corte indicó con claridad que la extensión de términos no era aplicable a los casos en que el ejercicio del derecho de petición estuviera orientado a la protección de los derechos fundamentales, como por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública (considerando 6.132 y 6.133) Sin embargo, no tomó la precaución de precisarlo en el resolutivo de la sentencia, a pesar de que algunos intervinientes lo advirtieron (consid. 6.140).

En resumen, la Corte amplió la jurisprudencia en favor de los poderes de excepción del Gobierno para intervenir los derechos fundamentales. Sin embargo, no precisó los criterios para limitar el ejercicio discrecional del Gobierno para prolongar la medida restrictiva y no precisó el alcance de la exequibilidad en su parte resolutiva. Básicamente la Corte le dejó un amplio márgen al Gobierno Nacional, y el Gobierno lo aprovechó. Pudo gobernar la mayor parte de su periodo constitucional con los términos del derecho de petición extendidos, para todas las materias y según su voluntad. Y contra esta inercia institucional no valió nada. Ni los informes de Procuraduría, ni la presión de la opinión pública, ni el notorio carácter antidemocrático de la medida. El Congreso de la República tuvo que volver por sus fueros.