En 24 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe, las relaciones consensuadas entre personas adultas del mismo sexo están despenalizadas, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA World) en su Informe Homofobia de Estado 2020.

No obstante, en Venezuela se sigue criminalizando penalmente a las personas LGTBIQ+ —lesbianas, gay, bisexuales, pansexuales, trans, no binarias, de género diverso e intersex—, miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) que mantengan relaciones sexuales consensuadas, pues el Código Orgánico de Justicia Militar, en su artículo 565, establece:

“El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura.”

Así, las relaciones consensuadas entre personas adultas del mismo sexo son entendidas como una “afrenta a la dignidad”, siendo tipificadas como un delito contra el decoro militar.

Este artículo se encuentra en plena vigencia y ha sido utilizado para detener y procesar a miembros activos de las FFAA, en años tan recientes como el 2014, cuando un soldado del Ejército fue condenado a un año, diez meses y quince días de prisión, así como a la separación de su servicio activo, por sostener relaciones sexuales con otro hombre. El juez militar, citando una investigación de 1951, realizada por la Comisión del Servicio Civil del Distrito de Columbia (Estados Unidos), concluyó:

“[Q]uedó establecido que quienes tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir los organismos gubernamentales deben insistir en que los funcionarios del gobierno sigan normas aceptables de conducta personal, por lo que, en opinión del Comité, los homosexuales no son personas adecuadas para tener empleos en el Gobierno por dos razones: la primera, porque generalmente son indignas; y la segunda, porque constituyen un riesgo para la seguridad nacional. Tanto la indignidad como el riesgo para la seguridad nacional fueron estudiadas extensamente con la finalidad de abordar las conclusiones expuestas.

Estas mismas consideraciones existen entre nosotros para rechazar como indigna la conducta del militar «que cometa actos sexuales contra natura» y erigirla en delito en el aparte del Art. 565 del Código de Justicia Militar. Serían, pues, actos que rebajan la dignidad, los hechos de los homosexuales militares y de los pervertidos sexuales.”

La existencia de este artículo, su aplicación, y el uso de estudios arcaicos para su argumentación jurídica, va directamente en contra de los Principios de Yogyakarta de 2006, que establecen que “los Estados derogarán todas las disposiciones penales y de otra índole jurídica que prohíban, o de hecho sean empleadas para prohibir, la actividad sexual que llevan a cabo de forma consensuada personas del mismo sexo que sean mayores de edad” (principio 2.B.) y contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos que sostiene que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, incluyendo a las personas con distintas identidades de género y orientación sexual. Así pues, se violenta el derecho a la igualdad y no discriminación, el libre desenvolvimiento de la personalidad y la protección a la vida privada y el honor.

Como sostiene Yendri Velázquez, defensor de derechos humanos y activista LGTBIQ+, en una entrevista con la autora de este texto:

“Este artículo tiene un aspecto particular, incluso en su aplicación, que es el de reforzar el concepto religioso de que las relaciones ‘naturales’ son las heterosexuales. Vemos cómo los prejuicios religiosos todavía en pleno siglo XXI siguen limitando el ejercicio de los derechos para ciertos grupos de personas […] En los casos documentados no solo se observa una ‘justicia injusta’ sino además un proceso de humillación y acoso que atenta contra la dignidad humana. Lamentablemente, aunque la propaganda gubernamental venda a las instituciones del Estado como instituciones apegadas al progresismo y a los derechos humanos, en la práctica se observa que han decidido ignorar las demandas de la comunidad LGBTIQ+”