Esto, que parece sencillo y obvio para muchos, no lo es. La lucha histórica por la democracia ha dado sus frutos. Aún así, a pesar del acuerdo sobre su expansión, la evaluación de aquella no genera los mismos consensos. Un sector de la academia especializada y la opinión pública es pesimista y ha llamado la atención sobre los problemas y los retrocesos que enfrentan los sistemas democráticos en la actualidad (Bermeo 2016; Diamond 2020; Ginsburg y Huq 2018). Otro, en cambio, aunque reconoce que existen problemas, destaca aspectos positivos incluso en los sistemas que se han democratizado recientemente como la ampliación de derechos individuales políticos y civiles, la celebración de elecciones cada vez mejor organizadas, autoridades electorales autónomas y cada vez más profesionales, la ampliación de los controles sobre quienes ejercen el poder, la reducción de la brecha de género en la representación, la inclusión de grupos históricamente subrepresentados (Levitsky y Way 2015; Przeworski 2019a; Schmitter, 2015) y la aceptación casi generalizada de la ciudadanía y las élites de la idea de que, aunque la democracia no es perfecta, es “el único juego posible en la ciudad” (Przeworski, 2019a; Linz, 1987).

Somos conscientes de que quienes identifican problemas en el funcionamiento de la democracia están preocupados -y con razón- por las limitaciones a los derechos individuales, la impunidad y la corrupción, las debilidades estatales y el ejercicio autoritario del poder. Es cierto que en diversos países del mundo el funcionamiento de la democracia se ha vuelto cada vez más tenso por la presencia de líderes personalistas que acceden al poder a través de las elecciones, pero que lo ejercen de manera autocrática, ignorando límites constitucionales y polarizando con sus discursos las diferencias entre seguidores y opositores. Esas pulsiones autoritarias, sumadas a los altos niveles de desigualdad y pobreza -agravadas por la presente crisis- y el cada vez mayor descontento de la ciudadanía con los resultados de la democracia, están poniendo a prueba a las mismas democracias.

No queremos rechazar lo obvio ni ser ingenuos o inocentes. Pero tampoco podemos negar los rasgos positivos que han alcanzado esas mismas democracias en las últimas décadas. Los datos son igualmente evidentes cuando se observa la rutinización de las elecciones, el aprendizaje de la ciudadanía a votar de las rutinas electorales y la posibilidad de que la gente pueda utilizar el voto para quitar a gobernantes que ya no les representan. Dicho de otro modo, la democracia procedimental -aquella que siguiendo a Przeworski (2019b) supone la combinación de certeza en las reglas de juego e incertidumbre en los resultados- continúa siendo una opción real en muchas partes del mundo. Eso no quiere decir que las democracias estén libres de enfrentar desafíos importantes pero también implica que son capaces de continuar haciendo lo que ya saben hacer: elecciones competitivas, justas y (más o menos) plurales de manera ininterrumpida, facilitando la alternancia entre diversas opciones competitivas y garantizando cada vez más el acceso igualitario, de hombres y mujeres, a los cargos de representación política.

Un aspecto positivo que es evidente en cuanto a la salud de las democracias tiene que ver con el incremento de la representación legislativa de las mujeres. Si bien este es solo un dato, la ausencia de mujeres en el poder cuestiona la existencia misma de la democracia. Entre 1919 y 2019, la media anual del porcentaje de legisladoras de las Cámaras Bajas se incrementó en el mundo de 0.18 a 23.3%. De hecho, como se aprecia en la siguiente gráfica, la etapa en el que este crecimiento ha sido más intenso y constante corresponde a las últimas tres décadas. En los países de América Latina el cambio en la representación descriptiva fue aún más veloz pues se incrementó 30 puntos porcentuales desde 1991, cuando se comenzaron a adoptar medidas de acción afirmativa y/o el principio de la paridad de género, tal y como fue reportado recientemente por CEPAL. Este incremento constituye un avance significativo, que tiene el potencial de marcar un cambio profundo -y favorable- en las relaciones sociales, la manera de hacer política y la construcción de democracias paritarias (Bareiro y Soto 2015). Una mayor inclusión de los grupos históricamente excluidos de la representación y participación política -mujeres, indígenas, afros, personas de la diversidad sexual- que se está dando en los países de la región es clave para la profundización de la democracia.