El 28 de noviembre de 2017, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia resolvió admitir una nueva postulación electoral del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019 al declarar la “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el artículo constitucional 168, que limitaba la posibilidad de la reelección presidencial “por una sola vez de manera continua”, y el resto de disposiciones legales que limitan esta posibilidad, argumentando que impedir la reelección es un límite desproporcionado a los derechos políticos de los electores y de los elegidos, ya que:

no habría motivo justificado para impedir la participación de quienes estén ejerciendo los cargos señalados en virtud a una primera reelección, en el proceso electoral correspondiente y buscar una nueva reelección, posibilidad que como se anticipó, no le garantiza en lo absoluto que vaya a ser indefectiblemente reelegido nuevamente, sino, en términos de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, únicamente si logra obtener la cantidad de votos necesarios para ello, de donde no tiene sentido ni utilidad limitar de inicio el derecho político de los sujetos comprendidos en las disposiciones legales y constitucionales ahora impugnadas, primero de participar y después, ser electo en elecciones periódicas y auténticas realizadas mediante sufragio universal e igual, como se establece en el art. 23 la CADH (Sentencia Constitucional Plurinacional 84/2017)

Cabe recordar que fue el propio movimiento político de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo quien impulsó la creación de esta nueva Constitución —y de esta disposición— en 2009. Sin embargo, el Tribunal Constitucional autorizó finalmente al presidente Evo Morales buscar una segunda reelección en 2019, a pesar de que el texto constitucional limita este derecho a una sola reelección, argumentando que tal restricción era contraria a los derechos humanos. En este sentido, siguió una ruta argumentativa inaugurada por el presidente Daniel Ortega de Nicaragua (2010) y que sería seguida por el Tribunal Supremo Constitucional de Honduras (2015) para habilitar la reelección del presidente Juan Orlando Hernández (también en contra del texto constitucional y en alusión a los derechos humanos), como lo describe a mayor detalle el Dr. Joaquín Mejía en el volumen “la Reelección en América Latina en el siglo XXI” de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Constitucional de Bolivia concluyó que, como la Constitución prescribe que los tratados internacionales que representan la norma más favorable para los derechos humanos tienen que aplicarse, e incluso prevalecer por encima de la norma nacional suprema, debía aplicarse el artículo 23 de la Convención Americana de forma preferente ante los artículos constitucionales 156, 168, 285 y 288, ya que la primera protege de forma “más amplia” los derechos políticos.

Esto fue posible, en parte, gracias a la equívoca formulación del citado artículo 23 de la Convención Americana, pues en su numeral 2, limita los supuestos legítimos de restricción al acceso de los derechos políticos a unas cuantas condiciones que no atienden a la complejidad de los sistemas democráticos contemporáneos de la misma manera que las constituciones nacionales efectivamente democráticas. Es la lectura incompleta de este artículo 23 la que da pie al argumento del tribunal que se basa en una supuesta restricción injustificada planteada por la limitación del presidente a postularse por segunda vez como presidente en funciones.

Al respecto, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) se ha pronunciado expresamente en su Informe sobre los límites a la reelección de 2018, al afirmar que: “no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de postularse para un cargo para otro período previsto en la constitución es una modalidad o una restricción del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo” (Comisión de Venecia 2018: 18-19).  

Otro precedente clave a tomar en cuenta en este caso es el del referéndum constitucional de 2016, en el que se preguntó a la ciudadanía boliviana si estaba de acuerdo en reformar el artículo 168 de la Constitución para que el presidente pudiera ser reelecto dos veces de manera continua (añadiendo la aclaración: “Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección el periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025”), cuyo resultado fue el “No” apoyado por el 51.30% de la ciudadanía, y fue simplemente ignorado por las instituciones del Estado.

La polarización política de Bolivia sigue siendo radical, y aunque los enfrentamientos violentos han cesado, el clima social y político no alcanzará una verdadera paz hasta que se organicen unas elecciones de 2020 que se lleven a cabo con plenas garantías y ante la mirada escrupulosa de la prensa y los observadores internacionales.