Como si todo lo anterior no fuese suficiente, hay otro aspecto que no puede pasar desapercibido: ¿Se está denunciando a Iván Duque como jefe de Estado y jefe de Gobierno? comandante supremo de las fuerzas armadas? pretendiendo que responda por los delitos cometidos por la fuerza pública con ocasión de las manifestaciones populares en Colombia. Surge entonces la pregunta respecto de en qué calidad respondería.

El Estatuto de Roma, en su artículo 25 consagra las formas de autoría y participación. Un delito internacional se puede cometer directamente, con otro o a través de otro. Se puede incluso llegar a responder por ordenar, incitar, proponer, facilitar, colaborar. Sin embargo, para cada una de ellas se tienen que probar los elementos objetivos y subjetivos de la conducta. Frente a estos últimos, entonces, debería verificarse que de manera dolosa e intencional Iván Duque haya deseado y conocido los delitos objeto de análisis. No se puede descartar dicha posibilidad, pero las dificultades jurídico procesales son enormes. 

Otra forma a través de la cual podría responder es mediante la figura del artículo 28 del Estatuto. Acá no se le imputaría un delito como autor o partícipe. Se le juzgaría en virtud de la posición que ocupa como presidente. A esta figura se le conoce como la responsabilidad de superior jerárquico. La norma establece que éste podría entrar a responder por los delitos cometidos por sus subalternos —sobre los cuales se presume que se tiene un control efectivo—, toda vez que conociendo los hechos no haya actuado de conformidad para evitarlos o para sancionar a sus responsables. Esta es una alternativa atenuada de punibilidad que representa menos retos en materia probatoria y que no implica la responsabilidad directa como autor o partícipe de las conductas en ciernes. 

Frente a la pregunta de si los hechos ocurridos en Colombia durante las jornadas del paro y la posibilidad de que éstas puedan ser conocidas y juzgadas por la Corte Penal Internacional, la respuesta no es sencilla. Claramente hay elementos indicativos que podrían redundar en un proceso ante instancias internacionales. Sin embargo, el camino a la CPI es largo, no es automático y más allá de las denuncias que en todo su derecho puedan presentar ciudadanos y organizaciones civiles, es necesario tener en cuenta que la activación de la competencia del tribunal internacional debe pasar por estrictos filtros de carácter jurídico. 

La Corte Penal Internacional entonces, en momentos críticos como el que vive Colombia, más allá de ser una solución efectiva para investigar y sancionar ciertas conductas, adquiere valor como ese constante recordatorio de que los abusos de poder, sobre todo aquellos que redunden en graves violaciones a los derechos humanos, no quedarán impunes. Su mera existencia entonces, puede tener un enorme valor en la prevención de dichos abusos. El presidente Duque debe saber que, si bien ahora no es una amenaza inmediata y directa, de seguir cometiéndose delitos contra la población civil, algún día podrá llegar a ser juzgado por la Corte Penal. No es el momento, el camino es largo, pero el Tribunal está ahí y la posibilidad de que se abra una investigación no es del todo imposible.