La promulgación del Estatuto de la Magistratura Brasileña Interamericana por parte del Consejo Nacional de Justicia (Recomendación CNJ nº 168/2026) representa uno de los cambios más relevantes en la cultura jurídica brasileña desde la adopción de la Constitución Federal de 1988. Aunque se presenta bajo la forma de una recomendación, el documento posee un alcance mucho más amplio que el de simples directrices administrativas para las y los magistrados. Lo que allí se consolida es una nueva comprensión sobre el papel del Poder Judicial en un escenario marcado por la creciente integración entre el derecho interno y el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

El impacto de esta transformación debe ser ensalzado en Brasil, ya que representa un paradigma incomparable en el contexto latinoamericano. Durante décadas, la magistratura nacional se desarrolló bajo una lógica predominantemente legalista, fundada en la centralidad de la ley nacional y en una concepción relativamente cerrada de la jurisdicción. La actividad judicial era comprendida, sobre todo, como un ejercicio de aplicación del derecho interno, con una apertura reducida a la influencia normativa internacional. Los tratados de derechos humanos rara vez ocupaban una posición central en la fundamentación de las decisiones judiciales, y la jurisprudencia internacional permanecía distante de la práctica cotidiana de los tribunales.

Con el paso del tiempo, este modelo reveló limitaciones cada vez más evidentes ante la complejidad de las violaciones contemporáneas de derechos humanos, a la luz de las demostraciones que nos ofrecía la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuestiones ligadas a la violencia estatal, al sistema penitenciario, a los derechos de los pueblos indígenas, a la discriminación estructural, a la libertad de expresión y a la protección de grupos vulnerables comenzaron a demostrar que el derecho doméstico, considerado de manera aislada, a menudo resultaba insuficiente para ofrecer respuestas adecuadas. En este sentido, el sistema interamericano de derechos humanos empezó a fomentar en los Estados latinoamericanos la necesidad y la comprensión del control de convencionalidad de las leyes, y esto no fue diferente en el caso de Brasil.

Entre nosotros, la Constitución Federal de 1988 abrió espacio para una relación más intensa entre el orden jurídico brasileño y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente a través de la cláusula de apertura del artículo 5º, párrafo 2º, que admite la integración en un nivel diferenciado de los tratados de derechos humanos en el orden jurídico brasileño. A pesar de ello, la asimilación efectiva de esta apertura ocurrió de manera lenta y desigual. Durante mucho tiempo, persistió en el Judicial patrio cierta resistencia a la idea de que los tratados internacionales pudieran influenciar directamente la interpretación constitucional y legal en el plano interno.

El escenario comenzó a alterarse de forma más perceptible a partir de la consolidación del sistema interamericano de derechos humanos y de la ampliación del diálogo entre los tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Poco a poco, las decisiones internacionales empezaron a repercutir concretamente en el debate jurídico brasileño, y el Supremo Tribunal Federal demostró comprender el tema a partir del juzgamiento del RE 466.343-SP, en el cual se discutía la inconvencionalidad de la prisión civil por deuda del depositario infiel en Brasil. Así, temas que antes eran tratados exclusivamente bajo una perspectiva doméstica pasaron a ser analizados también a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado brasileño, conforme al principio pro persona.

Este cambio produjo una transformación silenciosa, pero profunda, en el modo de comprender la jurisdicción. El Estatuto de la Magistratura Brasileña Interamericana surge justamente como expresión institucional de este proceso, capaz de comprender el corpus iuris interamericano y el papel de los magistrados en la aplicación de los tratados de derechos humanos y de la jurisprudencia interamericana. Su mérito central radica en reconocer, de forma explícita, que la protección de los derechos humanos actualmente no se desarrolla solo dentro de las fronteras del Estado nacional, sino también en el plano internacional al que Brasil está integrado por la vía de los tratados internacionales.

En la práctica, el Estatuto de la Magistratura Brasileña Interamericana reafirma que las y los magistrados brasileños no ejercen solamente una función constitucional interna. Ejercen también una función interamericana de tutela de derechos humanos. Esto significa reconocer que la actividad jurisdiccional contemporánea exige un diálogo constante entre diferentes órdenes normativos. En este sentido, el Estatuto parte de la premisa –por nosotros defendida doctrinalmente desde hace décadas– de que todo juez nacional, cuando aplica garantías internacionales de derechos humanos en casos concretos, también es un juez interamericano.

Este punto posee una enorme relevancia, especialmente en este momento histórico en el que se verifica el nacimiento de una nueva magistratura en Brasil, comprometida con la protección de los derechos humanos. Si tradicionalmente la validez de las leyes y los actos estatales era examinada casi exclusivamente a partir de su compatibilidad con la Constitución, hoy ese control se ha vuelto más complejo, demandando de los magistrados el examen detenido de las normas internacionales. Además del parámetro constitucional, gana destaque la necesidad de verificar la compatibilidad de las normas internas con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil, por medio del ejercicio del control de convencionalidad.

Este ejercicio de control representa un mecanismo desarrollado en el sistema interamericano y, también, por la doctrina brasileña que tenemos el honor de haber inaugurado. Por medio de él, se asegura que los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adecuen su actuación a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, a la luz del principio pro persona.

La lógica del control de convencionalidad parte de una premisa relativamente simple, pero institucionalmente transformadora: la de que los jueces nacionales tienen el deber de examinar si las leyes, las políticas públicas y las prácticas estatales respetan los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y en vigor en el Estado. La protección de la persona humana deja, así, de depender exclusivamente de la interpretación constitucional doméstica y pasa a involucrar también el examen de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Federativa de Brasil, siempre al lado de los dictámenes establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la intérprete última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo que emerge del control de convencionalidad es una concepción más integrada de la protección de los derechos humanos, fundada en la idea de complementariedad entre sistemas normativos, bajo la óptica de la responsabilidad del juez nacional de aplicar la norma (internacional o interna) más favorable a la víctima de una violación de derechos humanos. Así, la Constitución, la legislación interna, los tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana pasan a operar en permanente interacción, ampliando el corpus iuris de protección de los derechos humanos en el Estado.

Este movimiento altera significativamente el perfil de la actividad judicial, que pasa a comprenderse como posmoderna y desafiada por nuevos y significativos valores. El juez nacional deja, de este modo, de actuar solo como intérprete de la legalidad doméstica y asume una función de articulación entre diferentes niveles de protección jurídica. La decisión judicial contemporánea exige la capacidad de diálogo entre fuentes normativas diversas, muchas veces producidas en espacios institucionales distintos, pero siempre teniendo como punto de partida la protección de la víctima y de sus derechos violados.

La consecuencia más evidente de este proceso es la ampliación del repertorio argumentativo de la jurisdicción, que pasa a integrarse, en el ámbito del Estatuto de la Magistratura Brasileña Interamericana, también con documentos provenientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Conceptos desarrollados en el marco del sistema interamericano –en los planos de la Comisión y de la Corte– comienzan a ingresar de forma más consistente en el lenguaje judicial brasileño, alterando así nuestra visión del mundo respecto a los derechos humanos internacionalmente consagrados. Términos como reparación integral, debida diligencia, perspectiva interseccional, vulnerabilidad agravada, protección reforzada y centralidad de las víctimas dejan de pertenecer exclusivamente al vocabulario internacionalista y pasan a influenciar directamente la práctica jurisdiccional interna.

Esta incorporación produce efectos concretos en la forma de interpretar los derechos fundamentales y enfrentar situaciones de desigualdad estructural. El foco de la jurisdicción se desplaza gradualmente de la abstracción normativa hacia la protección efectiva de la persona humana en contextos reales de vulnerabilidad, debiendo los jueces nacionales prestar atención a este fenómeno con el fin de decidir correctamente al final.

Como queda claro, el Estatuto fortalece esta racionalidad al aproximar la actuación judicial brasileña a los parámetros internacionales contemporáneos de protección de derechos humanos, institucionalizando prácticas que ya se venían construyendo de manera fragmentada en diferentes sectores del Poder Judicial. Ahora, el CNJ nos da muestras de que está efectivamente integrado y preocupado por la protección de los derechos humanos, seguro de que la iniciativa de emitir un Estatuto de la Magistratura Brasileña Interamericana responde a todos estos buenos propósitos.

Cada magistrado brasileño debe ejercer con corrección y sobriedad el control de convencionalidad de las leyes, conforme a la lógica interamericana, invalidando las normas del derecho interno que sean menos benéficas que los mandatos de los tratados internacionales de derechos humanos en vigor. La lógica interamericana atribuye esta responsabilidad a toda la magistratura nacional. Cada jueza y cada juez pasan a ejercer un papel activo en la verificación de la compatibilidad entre el derecho interno y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que se refleja en la garantía de derechos para todos los ciudadanos, además de respetar el mandato interamericano según el cual el verdadero control de convencionalidad es el que se ejerce internamente en el Estado, quedando el control de la Corte Interamericana relegado al plano complementario o coadyuvante.

Este punto modifica sustancialmente la propia comprensión del papel institucional del Judicial, pues agrega a sus funciones diarias los compromisos de derechos humanos que deben ser efectivizados mediante las decisiones judiciales. La jurisdicción deja de operar únicamente como un mecanismo de solución de conflictos internos y pasa a integrar una estructura más amplia de protección internacional de la dignidad humana. Hay una ampliación de los valores en juego y una hermenéutica renovada en la comprensión de la importancia del orden internacional para la protección de los derechos de hombres y mujeres en el interior del Estado.

Este fenómeno se ha venido presentando en diferentes países latinoamericanos, en los cuales es posible observar el fortalecimiento progresivo de la actuación de las cortes nacionales como instancias fundamentales de implementación de las decisiones del sistema interamericano. Es cierto que la efectividad de las decisiones de la Corte Interamericana depende, en gran medida, de la disposición de las jurisdicciones domésticas para incorporar estándares internacionales al quehacer decisorio cotidiano, sin lo cual la garantía de los derechos internacionalmente reconocidos resultará perjudicada o insuficiente.

En este escenario, cabe reiterar que el CNJ ha asumido un papel relevante en Brasil, pues, en los últimos años, logró ampliar los mecanismos de cooperación con instituciones internacionales, estimular programas de formación en derechos humanos e incentivar la adopción de políticas judiciales orientadas a la incorporación de parámetros interamericanos en Brasil. El Estatuto aparece como el resultado más sofisticado de este recorrido institucional, simbolizando justamente esta transición histórica. Más que orientar conductas administrativas, proyecta una nueva cultura judicial, ahora fundada en la comprensión de que la protección de los derechos humanos exige apertura institucional, diálogo entre sistemas jurídicos y un compromiso permanente con la efectividad de la dignidad humana.

Su significado trasciende, por lo tanto, el campo estrictamente normativo. El documento expresa un cambio de paradigma sobre el sentido mismo de la jurisdicción en el siglo XXI. La magistratura deja de ser concebida solo como guardiana de la legalidad interna para adentrarse en la comprensión de cuestiones que, hasta entonces, eran ajenas a los juzgadores domésticos, lo que seguramente refuerza el nexo entre el Estado brasileño y esta nueva arquitectura internacional de protección de los derechos humanos.

En sociedades marcadas por desigualdades históricas, violencia institucional y fragilidad en la protección de grupos vulnerables, el fortalecimiento de mecanismos multinivel de tutela de derechos ha de funcionar como un importante instrumento de contención de abusos y ampliación de garantías. El desafío, de aquí en adelante, será transformar esta orientación institucional en práctica judicial cotidiana, con la certeza de que la efectividad del Estatuto dependerá de la capacidad de la magistratura para incorporar, de manera consistente, la lógica de protección integral de los derechos humanos a las decisiones concretas.

Al reconocer explícitamente esta realidad, el Estatuto de la Magistratura Brasileña Interamericana consolida un proceso de maduración institucional del Poder Judicial brasileño. Y señala que, en el actual estadio de desarrollo del constitucionalismo democrático, proteger derechos fundamentales ya no significa simplemente aplicar la ley interna, sino también asegurar que el Estado permanezca fiel a los compromisos internacionales asumidos ante la comunidad regional de derechos humanos.