La decisión de la Corte IDH contribuyó directamente a la protección de los derechos de las víctimas, e indirectamente fortaleció la jurisprudencia existente respecto a derechos reproductivos para la región.

Primero, la sentencia precisó el concepto de esterilización forzada. En I.V., la Corte optó por definir que una esterilización involuntaria calificaba como una “esterilización no consentida”, al considerar que el término “forzada” correspondía al ámbito penal internacional. Ramos Durand corrige ese rumbo, ya que estableció que todo procedimiento de anticoncepción quirúrgica realizado con consentimiento obtenido bajo coerción configura una esterilización forzada, reforzando además el contenido del derecho a un consentimiento pleno, previo, libre e informado. Este ajuste terminológico alinea la jurisprudencia interamericana con el Estatuto de Roma, la Convención de Estambul y el reciente estándar del caso Carbajal. Esta modificación terminológica contribuye a evitar alegaciones sobre distintos grados de gravedad de una esterilización: todas son forzadas en la medida que se hacen sin la voluntad de la persona afectada.

Segundo, el fallo reconoció por primera vez en la jurisprudencia internacional a la violencia reproductiva como categoría independiente de violencia de género. La prohibición de esta forma de violencia de género está protegida por la Convención de Belém do Pará; no obstante, se distingue de la violencia sexual en cuanto al bien jurídico protegido. La prohibición de violencia reproductiva protege la autonomía reproductiva y la de violencia sexual, la libertad sexual. De esta forma, la violencia reproductiva abarcaría a la violencia obstétrica (ya tratada por la Corte IDH en los casos Brítez Arce y Rodríguez Pacheco), así como otras formas de violencia tales como el embarazo forzado, el aborto forzado, la anticoncepción forzada y la esterilización forzada.

En tercer lugar, la Corte reconoció que las esterilizaciones forzadas cometidas en Perú son graves violaciones a los derechos humanos y, por tanto, estableció la imprescriptibilidad para estos hechos descritos en el caso. En particular, la Corte ordenó que en las investigaciones por los hechos sufridos por Celia Ramos no podrán aplicarse disposiciones de amnistía, prescripción ni excluyentes de responsabilidad. Este extremo es fundamental para las aspiraciones de justicia de las víctimas en la jurisdicción peruana ante los múltiples esfuerzos de aplicar leyes de amnistía amplias sobre hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado.

En cuarto lugar, la sentencia ofrece reparaciones con potencial de alcanzar a todas las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú. La Corte ordenó asegurar que el registro de todas las víctimas de esterilizaciones forzadas se lleve a cabo, y que se diseñara e implementara la política de reparaciones que la sentencia en firme de la Corte Superior de Lima ya había ordenado en 2023, con presupuesto suficiente y participación de las víctimas.

Finalmente, la Corte ordenó medidas estructurales para garantizar el consentimiento previo, pleno, libre e informado en salud sexual y reproductiva y prevenir su vulneración. Estas incluyen la adopción de un marco normativo unificado sobre el consentimiento, la actualización y difusión de protocolos, la elaboración de una guía accesible para pacientes, la creación de mecanismos de denuncia y el diseño, en un plazo de dos años, de una política pública integral con enfoque de género, interseccionalidad y capacitación obligatoria del personal de salud.