El 16 de febrero, entró en vigor en Chile una ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC). No es una reforma menor. La Ley N° 21.805 introduce un cambio de enfoque relevante para el Estado de derecho, toda vez que el cuidado deja de ser un asunto “privado” —resuelto en silencio por las familias, y sobre todo por las mujeres— para pasar a ser un derecho fundamental, una política pública, con responsabilidades públicas y coordinación institucional.

Dos son las principales novedades de la Ley Nº 21.805. Primero, reconoce expresamente el derecho al cuidado como un derecho con tres dimensiones: a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Segundo, no se limita a sumar prestaciones dispersas, sino que crea un sistema nacional para articular instituciones, programas, servicios, normas e instrumentos en materia de apoyos y cuidados. Ese diseño sistémico es clave, porque uno de los problemas históricos en esta materia ha sido precisamente la fragmentación de programas valiosos, pero descoordinados; respuestas sectoriales, pero sin una arquitectura común.

La ley también avanza en algo especialmente relevante: reconoce derechos no solo de quienes requieren cuidados, sino también de quienes cuidan, en particular de las personas cuidadoras no remuneradas. Esta dimensión es decisiva para comprender su impacto. En América Latina —y Chile no es la excepción— el cuidado ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres, con efectos directos en su inserción laboral, ingresos, salud mental y tiempo disponible. La Ley 21.805 asume esa realidad al incorporar principios como la corresponsabilidad social y de género, la igualdad y no discriminación, la vida independiente y la participación. En otras palabras, el cuidado se entiende como una función social que debe redistribuirse y sostenerse colectivamente.

Entre sus contenidos más concretos, la norma establece un catálogo de derechos para las personas que requieren cuidados: acceso en condiciones de igualdad a servicios y prestaciones, información oportuna y accesible, participación en decisiones sobre los apoyos que reciben, resguardo de su integridad física y mental, y consideración prioritaria en situaciones de emergencia y desastre. También reconoce derechos para personas cuidadoras no remuneradas, incluyendo acceso prioritario a apoyos destinados a reducir su carga, formación y certificación, y atención en salud mental, entre otros. Este punto no solo amplía la cobertura jurídica de la ley; también visibiliza a un grupo históricamente central para la reproducción social, pero débilmente reconocido por el Derecho.

Otro aspecto relevante es la institucionalidad. La ley encarga la conducción al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de una Secretaría de Apoyos y Cuidados, y prevé mecanismos de coordinación interministerial, planificación y evaluación. Además, crea instrumentos como registros de prestadores y de personas cuidadoras no remuneradas, que pueden ser útiles para identificar ofertas, orientar decisiones y mejorar el diseño del sistema. Este componente administrativo puede parecer técnico, pero es central: sin capacidad de coordinación, información y seguimiento, el reconocimiento del derecho corre el riesgo de quedarse en una declaración.

La nueva ley, además, no surge en el vacío. Llega después de dos procesos constituyentes en los que el derecho al cuidado fue reconocido en los textos constitucionales sometidos a plebiscito, aunque con formulaciones distintas. Si bien esos textos no entraron en vigor, su discusión dejó instalada una idea que hoy vuelve por vía legislativa: los cuidados son una materia jurídicamente relevante y su regulación no puede seguir dependiendo solo de arreglos privados o respuestas parciales. La Ley 21.805 puede leerse, en ese sentido, como una continuidad institucional de ese debate, ahora trasladado al plano legal.

También se inserta en una tendencia normativa más amplia. En los últimos años, Chile ha aprobado leyes que, desde distintos sectores, fueron anticipando esta transformación: normas sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y recientemente protección de estudiantes cuidadores en educación superior. La novedad de la Ley 21.805 es que organiza ese conjunto disperso bajo una lógica de sistema. Ya no se trata solo de responder a problemas puntuales, sino de construir una política pública con coherencia jurídica e institucional.

Esta evolución no es solo interna. Desde una mirada regional, también dialoga con estándares recientes del sistema interamericano. Más precisamente, con los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-31/25, que reconoce el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo, cuyas dimensiones son las mismas que recoge la ley N° 21.805. Además, se alinea con experiencias latinoamericanas comparables: Uruguay (Sistema Nacional Integrado de Cuidados), Ciudad de México (reconocimiento constitucional) y Colombia (planificación intersectorial).

Pero el verdadero examen empieza ahora, con su implementación. La ley reconoce que la garantía del derecho al cuidado será gradual y progresiva. Eso es comprensible en términos de implementación, pero abre preguntas decisivas: ¿cuáles serán los estándares mínimos de disponibilidad, calidad y accesibilidad?, ¿cómo se definirán prioridades?, ¿qué criterios se usarán para determinar necesidades de apoyo?, ¿cómo se evitarán brechas territoriales?, ¿qué vías de reclamación tendrán las personas cuando el acceso falle o la calidad sea insuficiente? Estas preguntas no son secundarias: de sus respuestas dependerá si el SNAC se consolida como un derecho exigible o queda reducido a una promesa programática.

A ello se suma el desafío presupuestario. Todo sistema de cuidados requiere financiamiento, priorización y mecanismos de rendición de cuentas. La discusión futura no será solo cuánto gastar, sino cómo distribuir recursos, qué prestaciones privilegiar, cómo medir resultados y qué controles administrativos y judiciales operarán frente a exclusiones o incumplimientos. En ese plano, la implementación del SNAC será también una prueba para la capacidad del Estado de coordinar políticas complejas con enfoque de derechos.

La Ley 21.805 no resuelve por sí sola la crisis de los cuidados. Pero sí marca un punto de inflexión jurídico e institucional: reconoce que cuidar y ser cuidado no puede seguir dependiendo únicamente del esfuerzo familiar, y que una democracia que se toma en serio la igualdad debe organizar socialmente esa responsabilidad. El valor de esta ley está en haber dado ese paso. Su promesa, en cambio, dependerá de la implementación.