La importancia de la economía del cuidado en el proceso Constituyente chileno

14 de Diciembre del 2021
La importancia de la economía del cuidado en el proceso Constituyente chileno
Crédito foto: Aditya Romansa / Unsplash

¿Qué debería incluir la nueva Constitución chilena para atender la economía de los cuidados? ¿Por qué es importante? ¿Debería existir un derecho al cuidado?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Observatorio Nueva Constitución

Alianza

El Observatorio Nueva Constitución es un centro de estudios conformado por una alianza de colaboración entre académicos, expertos en políticas públicas y miembros de universidades e instituciones internacionales que buscan analizar el proceso constituyente chileno.

El objetivo del Observatorio Nueva Constitución es verificar el cumplimiento de estándares internacionales asociados a este tipo de procesos, así como de las reglas dadas a partir del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019. También busca cooperar por medio de actividades de formación constitucional y extensión académica, y de la generación de propuestas en áreas que puedan ser de interés para el proceso.

El Observatorio tiene como antecedente el libro 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, en el que algunos de los(as) académicos(as) que participan de esta instancia son coautores.

Observatorio Nueva Constituación

La Convención Constitucional chilena ha pasado a la historia como el primer órgano constituyente paritario del mundo. Reflexionar desde una perspectiva feminista sobre las bases estructurales de la desigualdad de género en el modelo actual chileno, a través de los cuidados, resulta no solo pertinente para la construcción de una nueva sociedad, sino esencial para la sostenibilidad de la vida. ¿Qué es la economía de los cuidados? ¿Cuál es la influencia de los cuidados en la economía? ¿Es el cuidado no remunerado una base silente del modelo económico y sus desigualdades?

¿Qué es la economía de los cuidados?

Desde hace algunas décadas, y de la mano de la economista estadounidense Nancy Folbre, se ha instalado, al menos en el mundo académico, el concepto de la economía de los cuidados. Sus investigaciones a través de los años han explorado la relación entre política económica y feminismo. Particularmente, ha estudiado las labores de cuidado, dentro y fuera de la economía formal.

Académicas, economistas y agrupaciones feministas, como la Asociación Internacional para la Economía Feminista, han definido qué significan los cuidados. Para el proyecto Care Work and the Economy, el trabajo de cuidados es explicado como el trabajo y las relaciones entre personas que son necesarias para la salud, el bienestar, la mantención y protección de todas y todos, jóvenes o viejas/os, con cuerpos capacitados, con capacidades diferentes o frágiles en cualquier sentido. De esta manera, los cuidados están en la base de nuestra condición humana. Todas las personas recibimos a diario cuidados, sean pagados o no. 

¿Qué pasaría si se invirtiera en servicios públicos de cuidados? UK Women Budget Group afirma que, por ejemplo, si en Reino Unido se invirtiera un 2% del PIB en la industria de cuidados, se crearían 1.5 MM de nuevos trabajos. Si la misma cantidad fuese invertida en construcción, solo serían 750 M de nuevos empleos.

Para Forbes, la inversión pública en la economía de los cuidados puede generar dividendos para todos y todas, al mejorar la productividad. Un mejor acceso a la salud, la educación, el cuidado infantil y el cuidado de ancianos y ancianas, también puede ayudar a sanar las dolorosas divisiones basadas en la raza, etnia, género y clase social, al mejorar, o más bien igualar, las oportunidades para todas las personas.

Necesidad de los cuidados

La importancia de los cuidados es multidimensional. Por un lado, es un trabajo que sostiene la vida de personas y comunidades. Por otro, es uno de los sectores económicos en mayor crecimiento. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, globalmente, “los trabajos relacionados con el cuidado crecerán de 206MM a 358MM en el año 2030, solamente asociado a cambios demográficos”.

Desafortunadamente, y tal como afirma Care Work and the Economy, la mayoría del trabajo de cuidados sigue sin ser contabilizado en términos macroeconómicos, porque no es remunerado y es ejecutado mayoritariamente por familiares dentro de los hogares o las comunidades.

Un esfuerzo común que están haciendo distintas asociaciones feministas y centros de estudio en el mundo, es contabilizar esta contribución para impulsar políticas económicas que promuevan y defiendan la equidad socioeconómica y de género.

La COVID-19 ha puesto en el corazón de la crisis el trabajo de cuidados, asumido históricamente por las mujeres.  Ha quedado en evidencia que el acto de cuidar y ser cuidado se encuentra en la base sobre la que existe la vida humana, funciona el planeta y se desenvuelven las economías. Se habla de la crisis de los cuidados, pues es un problema que se reproduce socialmente y que pone en jaque la esencia del modelo económico. No es un problema de oferta y demanda, sino de la dirección general hacia la que se encuentra orientada la vida social.  

Cuidados y la nueva Constitución en Chile

Yo Cuido es una asociación chilena de cuidadoras informales de personas en situación de dependencia, pioneras en visibilizar el anónimo y silencioso trabajo de las cuidadoras en Chile. Las fundadoras de Yo Cuido afirman que, en su vida cotidiana, “se ven afectadas áreas tanto en lo social, laboral, mental, físico, emocional, por lo que baja la calidad de vida del cuidador, repercutiendo en su cuidado y su entorno”, y por tanto “no somos considerados como sujeto de derecho dentro del impacto que conlleva cuidar de manera permanente”.

Las mujeres integrantes de esta asociación sostienen que la Ley 40.422 es insuficiente, pues define al cuidador como toda persona que proporciona asistencia permanente, gratuita o remunerada, para la realización de actividades de la vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, estén o no unidas por vínculos de parentesco, pero no subsana ni prevé la inclusión social y laboral, ni vela por la igualdad de oportunidades de las cuidadoras.

Dentro de los logros alcanzados por las cuidadoras se encuentra el desarrollo de la primera encuesta de cuidados. En ella se catastró información transversal de la realidad de las personas que ejercen labores de cuidado, específicamente de quienes cuidan a personas con discapacidad. Entre otros resultados impactantes, gracias a este trabajo sabemos que las cuidadoras informales dedican, en un 81.7%, todo el día a labores de cuidado, o que la casi totalidad de quienes ejercen las labores de cuidados (97,7%) son efectivamente mujeres.

La asociación Yo Cuido ha tenido dos grandes triunfos en los últimos meses. Por un lado, la transversalidad del trabajo no remunerado de los cuidados y la necesidad urgente de visibilizarlo significó que una de sus fundadoras fuera escogida como Convencional Constituyente. Esta es una clara señal de que, al momento de diseñar una nueva Constitución, tenemos la oportunidad de abordar la crisis de los cuidados repensando la organización social en su conjunto. Por otro lado, en 2018, las mujeres organizadas en Yo Cuido presentaron un proyecto de ley que da preferencia en salud a las personas cuidadoras de personas dependientes, y que fue aprobado  unánimemente hace pocas semanas.  Mariela Serey, fundadora de la organización y constituyente por el Distrito 6, afirma: “Corrimos el cerco de la desigualdad y la injusticia que miles de mujeres hemos vivido siendo cuidadoras”.

Oxfam International, a través de sus documentos de discusión sobre la crisis de los cuidados y economía feminista, enumera “actos de cuidado”, útiles para abordar la oportunidad de replantear el país que tenemos, entre los cuales se encuentran: repensar nuestro entendimiento y valoración del trabajo y de las y los trabajadores; invertir y asegurar el acceso a infraestructura social y de servicios (educación, vivienda, salud, servicios sociales, derechos sexuales y reproductivos); reimaginar las prácticas económicas para asegurar la justicia social, la cohesión y el bienestar para todas y todos; crear políticas globales de seguridad centradas en las personas y enfocadas en la paz y la justicia, que requieren necesariamente la participación de las mujeres y personas jóvenes en su diseño y ejecución; definir nuevos estándares de buena gobernanza empoderados de ideas feministas y de liderazgos colectivos. 

En la región, países como Uruguay, Ecuador y México se han hecho eco de estos “actos de cuidado” en sus normativas. En Uruguay, “el cuidado es tanto un derecho como una función social garantizada por la Ley Nº 19.353.  El Sistema de Cuidados nace con el objetivo de generar un modelo de responsabilidad compartida de los cuidados, entre familias, Estado, comunidad y mercado”. En Ecuador, el Plan nacional de Desarrollo 2017-2021 declara como uno de sus objetivos el  fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural. Además, a principios de este año, fue aprobada la Ley Orgánica sobre el derecho al cuidado en el ámbito laboral para mujeres o personas con capacidad reproductiva que se encuentren en período de embarazo, parto y puerperio, y lactancia o cuidado. Por su parte, el estado de la Ciudad de México garantiza el derecho al cuidado y su provisión a través de un sistema de cuidados, contemplado en el artículo 9 de su Constitución Política: “Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado”.

En Chile actualmente no existe una normativa específica sobre los cuidados de manera integral, como parte de una decisión política de hacerse cargo de la inequidad que el trabajo de cuidados no reconocido supone. Algunas leyes han tratado de abordar la problemática de manera incompleta, poniendo énfasis en aristas específicas como la salud, la niñez, la vejez o la protección social en los casos de la población más vulnerable.

No obstante, hoy se ha instalado en la discusión nacional la necesidad de incluir el derecho al cuidado en la nueva Constitución. A principios de noviembre de este año, en el Día de las personas cuidadoras, la Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, recibió a las cuidadoras organizadas en la asociación Yo Cuido, mientras paralelamente, dos convencionales constituyentes reflexionaban a partir de este hecho: “La Convención Constitucional avanza y esto nos permite entrar de lleno a la discusión de temas esenciales para dotar a nuestro país de una Constitución digna de los tiempos que corren. En esa dimensión es que resulta necesario poner los cuidados al centro de esta nueva Constitución, dando un debate comprensivo de todas sus áreas para llegar al reconocimiento del cuidado como un derecho social”.

Ya antes, la Corporación Humanas, en su documento Hacia una Constitución Feminista, declaró el derecho a cuidar y ser cuidado entre sus 15 puntos mínimos: “Garantizar el derecho al cuidado de toda persona, desde su nacimiento hasta su muerte, un derecho universal en que el Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad para y entre mujeres y hombres, estableciendo el mandato a la implementación de un sistema nacional e integral de cuidados y el deber de cuidar a quienes cuidan”.

Voces internacionales y locales convergen en la idea de que es este el momento de poner en el centro del desarrollo del país, la sostenibilidad de la vida, y el reconocimiento de que el trabajo de cuidado, no remunerado y remunerado, genera riqueza. En Chile tenemos la posibilidad única de reflexionar sobre un nuevo orden social y económico que salde las deudas históricas con las cuidadoras, reconociendo y visibilizando el aporte al desarrollo colectivo desde múltiples dimensiones, en una nueva Constitución.

Citación académica sugerida: Canales Moreno, Francisca. La importancia de la economía del cuidado en el proceso Constituyente chileno, Agenda Estado de Derecho, 2021/12/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-importancia-de-la-economia-del-cuidado-en-el-proceso-constituyente-chileno/

Palabras clave: Chile, Constitución feminista, cuidados, cuidadoras

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ACERCA DE LA AUTORA
Francisca Canales Moreno

Licenciada en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniera Civil Industrial de la Universidad de Chile. Área de Comunicaciones del Observatorio Nueva Constitución.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.