Diez acontecimientos de alto impacto en materia constitucional que dejó el 2025 en América Latina
21 de Enero de 2026
El artículo examina diez acontecimientos constitucionales relevantes de 2025 en América Latina, mostrando avances puntuales en derechos y una preocupante tendencia regional de erosión democrática e inestabilidad institucional.
La caída del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a inicios de 2026, configuró un hecho de trascendencia mundial. Sin embargo, la inestabilidad política, las detenciones de expresidentes, los retrocesos en las garantías de los derechos y las prácticas de erosión democrática no son exclusivas del citado país, sino que son parte de la realidad latinoamericana. Por ello, es útil revisar algunos sucesos con implicancia constitucional que se desarrollaron en la región durante el 2025, que nos confirman los enormes retos que enfrentan nuestras democracias, sin perjuicio de existir algunas experiencias positivas.
El Parlamento uruguayo, luego de un largo recorrido procedimental, aprobó la despenalización de la eutanasia en el país. Si bien la norma deberá reglamentarse por parte del Ejecutivo, será aplicable a los mayores de edad psíquicamente aptos, debiendo presentarse enfermedades incurables e irreversibles. Se trata del reconocimiento del derecho a la muerte digna. Resalta que Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano en reconocerlo por la vía legislativa; esto, por cuanto hasta ahora los demás países lograron lo propio a partir de sentencias de sus respectivas altas cortes constitucionales.
El alto tribunal impulso 27 años de prisión contra el exmandatario por participar en un intento de golpe de Estado, luego de perder las elecciones presidenciales en el 2022. Esta decisión quedó firme tras la inadmisión de un recurso impugnatorio posterior (embargo infringente). Si bien es una sentencia penal, la causa tiene una sustantiva relación con la observación del orden constitucional, en tanto se trató de la condena por delitos contra la democracia, como el intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, entre otros. Sin duda, es un precedente importante para la región, pues es la primera vez que se condena a un exjefe de Estado brasileño por conspirar para quebrar el ordenamiento democrático y constitucional.
El supremo tribunal decretó la firmeza constitucional de la Ley 2385 (2024), popularizada como la “Ley No Más Olé”, que prohíbe progresivamente las corridas de toros en el país. El colegiado amplió la prohibición a las corralejas, toros coleados y las peleas de gallos. Así, reafirmó el principio de protección de los derechos de los animales. El fallo dispuso un plazo de tres años para la extinción de estas actividades; esto, para viabilizar los respectivos procesos de reconversión laboral y cultural. Asimismo, se mantiene el deber del Estado de transformar las plazas públicas en espacios culturales, deportivos y artísticos. Con esta sentencia, se retira formalmente la etiqueta de “culturalidad” de las corridas de toros y se desvanece la falta de evaluación del impacto fiscal en las economías populares relacionadas con tauromaquia en Colombia. Seguramente, los argumentos de esta decisión influirán en los próximos debates sobre la materia en la región.
El juicio de amparo es el principal medio judicial de control constitucional para proteger los derechos humanos en México. Desde su aparición, ha evolucionado, ampliando sus alcances y sirviendo como una vía efectiva para enfrentar el abuso de poder a todo nivel. Sin embargo, el 2025 se aprobó una reforma integral a la Ley de Amparo que ha recibido diversas críticas por restringir su acceso y desnaturalizar sus alcances. Si bien puede haber aspectos positivos como fortalecer la celeridad procesal y la digitalización; lo cierto es que medidas como la redefinición del interés legítimo y los límites estrictos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado y el amparo fiscal, resultan aspectos de directo ánimo restrictivo que debilita la garantía de los derechos. Este cuestionamiento no es arbitrario, si se toma en cuenta que los cambios se producen por iniciativa del Gobierno y en el marco de una reforma judicial altamente discutible.
El colegiado, por mayoría, otorgó amparo provisional contra el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 2026; esto, ante presuntas irregularidades en su aprobación (caracterizada por la urgencia e insuficiente debate). El fallo no anula el decreto, pero impide su ejecución; lo que obliga al Gobierno a operar con el presupuesto de 2025, en tanto reajuste lo necesario y formule una nueva iniciativa de ley. Naturalmente, es una situación que, más allá de impactar en la inversión pública y el desarrollo nacional, refleja el contundente poder que tienen las altas cortes constitucionales. A los efectos trascendentales que tienen las sentencias estructurales o las declaraciones de estados de cosas inconstitucional, se suma la posibilidad de suspender la ejecución del presupuesto público.
El 2025, la Asamblea Legislativa aprobó habilitar la reelección presidencial indefinida, extender el periodo del mandato presidencial a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral. Así, se abrirá una nueva dinámica política y electoral, considerando que, con el recorte del período del actual presidente, el 2027 se realizarán las elecciones bajo un esquema unificado, pues simultáneamente se elegirá al presidente de la República, miembros de la Asamblea Legislativa y concejos municipales. Estas reformas estuvieron precedidas de la ratificación de otra que permite modificar la Constitución con votación en una sola legislatura y no en dos. Independientemente de que estas medidas son reflejo de la deliberada política de erosión democrática del gobierno de Nayib Bukele, no debe dejar de preocupar que el modelo salvadoreño, por su popularidad (que ha trascendido fronteras), es una alerta permanente sobre los ajustes urgentes que requieren implementarse en las democracias de América Latina.
Se aprobó en primera votación, entre otros aspectos, la reforma constitucional que establece que, “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad». Es una medida promovida por el actual Gobierno dictatorial que ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a muchos opositores y críticos; a quienes, incluso, ha expulsado del territorio. La reforma fue ratificada en segunda votación en enero 2026 (segunda legislatura). Se trata de una medida más de amedrentamiento inaceptable que lesiona directamente un derecho tan elemental como la nacionalidad; sobre todo, de una población vulnerable que, en muchos casos, opta por adquirir otra nacionalidad para preservar su propia vida e integridad.
El presidente Novoa no solo hizo noticia por la derrota en referéndum de sus propuestas de reforma constitucional (que incluyó la convocatoria a asamblea constituyente), sino que alentó una inaudita marcha masiva en contra de los jueces de la Corte Constitucional. Esto, porque el colegiado jurisdiccional suspendió, en el marco de sus competencias, 17 artículos de tres leyes promovidas por el Gobierno como proyectos de urgencia económica. Lejos de asumir una posición democrática y estadista, Novoa alentó un hecho sin precedentes: enfrentar a la población con la justicia constitucional. Claramente, se trató de una inaceptable injerencia populista que, como era de esperarse, generó el señalamiento de organismos nacionales e internacionales.
Se modificó el artículo 127 de la Constitución que imponía un límite de 60 años para ser elegido presidente. El proyecto presentado por el Consejo de Estado, formalmente, busca no restringir el acceso a la presidencia a personas que, por su trayectoria, puedan ser valiosas. Esta medida regirá para las elecciones presidenciales de 2028. La crítica a esta norma se concentró en que su aprobación respondió a un procedimiento acelerado y sin mayor debate público, siendo el verdadero fin el permitir la continuidad indefinida en el poder de la élite del Partido Comunista de Cuba, impidiendo así una alternancia real y una renovación generacional. En todo supuesto, la utilización de las reformas constitucionales para hacerlas funcionales a los intereses de poder (que colindan con el interés general) es un indicador de erosión democrática.
Bajo la Constitución vigente, Dina Boluarte se convirtió en el cuarto caso en el que el Poder Legislativo decide vacar al presidente de la República por incapacidad moral permanente. Se trató de un procedimiento caracterizado por la inmediatez. Si bien la exmandataria venía cometiendo una serie de inconductas contrarias a su alta investidura (algunas más graves que los cuestionamientos que definieron su vacancia), lo cierto es que este caso, una vez más, colocó al Perú en el dilema de si el abierto uso de esta causal por parte del Parlamento configura una contradicción directa del sistema de equilibrio entre los poderes públicos.
Citación académica sugerida: Gutiérrez Canales, Mario Raúl. Diez acontecimientos de alto impacto en materia constitucional que dejó el 2025 en América Latina. Agenda Estado de Derecho. 2026/01/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/diez-acontecimientos-de-alto-impacto-en-materia-constitucional-que-dejo-el-2025-en-america-latina/
Palabras clave: constitucionalismo; democracia; derechos humanos; reformas constitucionales; tribunales constitucionales
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Doctor en Derecho y Ciencia Política. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid y en Giustizia Costituzionale por la Università di Bologna. Asesor principal del Congreso de la República del Perú y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
