A pesar de que la Junta ha adoptado 15 decisiones (a fecha de 1 de agosto de 2025) con respecto a contenidos publicados en América Latina, en ninguno de ellos empleó jurisprudencia o estándares interamericanos. En todos los casos realizó un análisis exclusivamente conforme al Sistema Universal, aplicando de manera directa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), a pesar de que ni el Estatuto, ni el Reglamento Interno de la Junta limitan su competencia a únicamente este instrumento. Por el contrario, en la normatividad interna de la Junta se habla de “normas de derechos humanos” de manera general y en la política de derechos humanos de Meta se establece que, “dependiendo de las circunstancias”, la plataforma puede utilizar otros tratados de derechos humanos, dentro de los que se incluye la CADH.

La principal justificación de Oversight Board para no aplicar la CADH o la jurisprudencia de la Corte IDH en sus decisiones es que, para garantizar consistencia en sus determinaciones, las cuales por su naturaleza tienen un alcance global, resulta necesario utilizar estándares del sistema universal (pág. 4 y 5). Para Aswad, este enfoque es apropiado debido a que las expectativas globales deben ser internacionales y no regionales, por lo que, ante contradicción entre los sistemas, el universal debe prevalecer.

No obstante, el caso de un post sobre  ayahuasca es emblemático en la materia. En julio de 2021, un usuario publicó en Instagram una imagen de esta planta, la cual está vinculada con usos religiosos y ceremoniales dentro de comunidades indígenas en Brasil, acompañada de un texto sobre sus usos. Aunque en Brasil su consumo religioso cuenta con reconocimiento legal, Meta eliminó la publicación por promover “drogas duras”.

En su decisión, algunos miembros de la Junta hicieron alusión a la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos del caso de Animal Defenders International c. Reino Unido como una “referencia comparativa”, para sostener que un permiso amplio respecto a las drogas tradicionales y religiosas daría lugar a intentos de los usuarios de manipular el sistema de moderación. Esta referencia al sistema europeo se produjo a pesar de que el caso hacía alusión a una publicación proveniente de Brasil y con impacto directo en este país.

Este caso resulta preocupante considerando que, mientras que el Oversight Board omite deliberadamente los estándares interamericanos sobre pueblos indígenas, sí toma en cuenta dentro de su razonamiento un estándar europeo, ajeno al contexto regional. Lo anterior evidencia una práctica selectiva que, bajo el pretexto de una coherencia global, incurre en una invisibilización del marco interamericano.

La Junta pudo, por ejemplo, haber analizado el caso a la luz de la jurisprudencia interamericana sobre identidad cultural y participación en medios de comunicación de pueblos indígenas. Ese mismo año (2021), la Corte había desarrollado estándares en el Caso Pueblos  Indígenas  Maya  Kaqchikel  de  Sumpango Vs. Guatemala, en el que concluyó que el derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas implica necesariamente un derecho a que estos se vean representados en los medios de comunicación, especialmente sus particulares modos de vida y relaciones comunitarias (incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, como el internet y las redes sociales). 

Así, como lo establece el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, bajo el principio de no discriminación, el reconocimiento del derecho a la identidad cultural constituye un elemento esencial y criterio interpretativo para reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ambos casos, mutatis mutandis, resultaban relevantes en el caso de un post sobre ayahuasca.