Que Bukele busque la reelección no toma por sorpresa. Así, desde la irrupción en la Asamblea Legislativa con militares en febrero de 2020; la destitución, sin seguir los procedimientos de ley, de los más altos magistrados del país y al fiscal general, para imponer nuevos funcionarios afines al partido de gobierno en mayo de 2021; la cesantía todos los jueces, juezas y fiscales de 60 años o más, o que tuvieren más de 30 años de servicio público que afectó a un tercio de los operadores de justicia en el país en septiembre de 2021; la confirmación del uso del programa espía Pegasus para vigilar a más de 30 personas entre defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos a principios de 2022; el establecimiento de un estado de excepción que ha sido renovado más de 40 veces; las altamente cuestionadas elecciones presidenciales, legislativas y municipales a principios de 2024, que llevaron a la Misión de Observación Electoral de la OEA a demandar la necesidad de contar con procesos electorales eficientes, mejor organizados, más transparentes y equitativos, Bukele ha dado todos los pasos previos necesarios para enquistarse en el poder.

El desmantelamiento del estado de derecho y separación de poderes –por medio de la sujeción de los demás poderes del estado– es una realidad en El Salvador. Además, existen graves violaciones de derechos humanos; acoso y hostigamiento de la prensa independiente, que ha obligado a periodistas a exiliarse fuera del país para resguardar su vida e integridad; así como la criminalización, acoso y asfixia a la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

Todas estas situaciones han sido denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y han llevado a la CIDH a pronunciarse en diferentes momentos. No obstante, surge la pregunta ¿Dónde está la comunidad internacional de las Américas? Sobre todo, después que la Corte IDH emitiera esta OC-28/21.

Las Américas, como bien lo analiza la Corte IDH, cuenta con un instrumento claro para proteger la democracia: la CDI, cuyo propósito es preservarla y protegerla. La CDI no es una declaración de buenos principios, sino un instrumento vivo que le da facultades a los Estados miembros de la OEA para asegurar ese fin.

De hecho, en 2021, El Salvador solicitó, en el marco del artículo 17 –que establece que, cuando un proceso institucional democrático está en riesgo se podrá recurrir al Secretario General de la OEA o al Consejo Permanente para solicitar asistencia– una misión especial para evaluar la situación del país. El informe de dicha misión, fue emitido en mayo de 2021, pocos días antes la destitución de los y las magistradas de Sala de Constitucional y del fiscal general sin seguir los procedimientos de ley.

El informe es claro, el país se encontraba atravesando una complicada situación democrática y, entre otros puntos, recomendaba adoptar medidas para garantizar la vigencia del sistema democrático salvadoreño creado a partir de los Acuerdos de Paz de 1992; promover y garantizar los derechos humanos; adoptar medidas para fortalecer la transparencia; proteger y garantizar la libertad de expresión y prensa.

Este informe parecería un presagio de lo que vendría después en el país. Sin embargo, a la fecha ni desde la Secretaría General de la OEA, ni desde el Consejo Permanente se conocen qué pasos se tomaron para darle seguimiento a las recomendaciones. Lo anterior, sin tomar en cuenta que el propio artículo 20 de la CDI le otorga al Secretario General de la OEA o cualquier Estado Miembro –en caso de que se produzca una alteración de un orden constitucional– convocar a una reunión de Consejo Permanente, para realizar una apreciación colectiva de la situación, e incluso se podrán hacer uso de  todas las gestiones diplomáticas para la normalización de la institucionalidad democrática. Si luego de lo anterior, no se lograra reestablecer el orden democrático, se puede convocar a una Asamblea General extraordinaria para analizar la situación.  

Desde su existencia, la CDI ha sido invocada al menos en diez ocasiones, para evitar crisis políticas-institucionales (Ecuador, Perú, Bolivia, Nicaragua) y frente a rupturas de orden democrático (Ecuador, Honduras y Venezuela). Sin embargo, no existe evidencia de que la OEA esté considerando la situación salvadoreña. Así, revisando las reuniones de Consejo Permanente, no ha existido una sola reunión para discutir la situación de El Salvador, pese a que desde 2020 su orden democrático se ha visto seriamente disminuido.

Es más, en el 2024, en el seno de la OEA, un grupo de países creó un grupo de trabajo llamado Grupo Voluntario de la OEA de Seguimiento a la Carta Democrática Interamericana, cuyo interés es fortalecer el diálogo y la cooperación en materia de democracia considerando los nuevos desafíos que ésta enfrenta. Tampoco existe evidencia de que dentro de sus actividades exista diálogo sobre situaciones particulares de algún Estado Miembro de la OEA, y mucho menos de El Salvador.

Entones, me vuelvo a preguntar, ¿Qué tiene que pasar en El Salvador, para que los Estados Miembros de la OEA y/o su secretario llamen a una reunión de Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la CDI? o ¿Para que este grupo de trabajo discuta sobre el quiebre democrático que ha sufrido El Salvador?

El Multilateralismo no puede ser pasivo y reactivo, tiene que ser proactivo y propositivo. La situación que atraviesa El Salvador nos recuerda que el multilateralismo a la carta no sólo ha llevado fragmentación del sistema internacional y a la falta de coherencia en la gobernanza global, sino a la desprotección de quienes viven en países como El Salvador. Quienes ya no cuentan con un sistema de pesos y contrapesos nacionales, separación de poderes y estado de derecho, y ahora se enfrentan a una escalada de represión que ha llevado a periodistas y defensores de derechos humanos a salir del país, a la criminalización de estos últimos, a graves violaciones a derechos humanos, y actualmente a una reelección indefinida frente al silencio rampante del concierto de naciones interamericanas.