Cuando pensamos en las víctimas de los conflictos armados solemos imaginar rostros humanos: personas que gritan, que reclaman, que exigen justicia. Pero, ¿es acaso la humanidad la única herida por la guerra? ¿Las minas antipersonales no desgarran también la tierra y sus raíces? ¿Los derrames de crudo causados por el saqueo de los oleoductos no envenenan los cuerpos de agua y alteran su curso natural?

El territorio sufre, resiste y, como lo ha reconocido la Jurisdicción Especial para la Paz —mecanismo central de justicia transicional en Colombia—, también es víctima. Así lo demuestra una decisión histórica: el reconocimiento y acreditación del río Magdalena como víctima del conflicto armado y sujeto de derechos. Un cuerpo de agua que recorre más de 1.600 kilómetros y cuya cuenca hidrográfica abarca 272.000 km². Un río que no solo ha sido testigo de la guerra, sino también cuerpo herido, marcado por el abandono, la violencia y la indiferencia institucional.

El pasado 9 de mayo la Jurisdicción tomó una decisión paradigmática: reconocer al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos en el marco del caso que investiga crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública —o en asociación con grupos paramilitares, terceros civiles y otros agentes del Estado— en el contexto del conflicto armado colombiano.

El Magdalena, vena del territorio, ha sido escenario de múltiples afectaciones: contaminación por hidrocarburos derivados de atentados y saqueos a la infraestructura petrolera; daños ocasionados por las fumigaciones aéreas con glifosato; alteraciones de su cauce natural producto de obras no concertadas y vertimientos tóxicos provenientes de la minería ilegal de oro y carbón. A ello se suman las desapariciones forzadas que lo convirtieron en tumba silenciosa y la fragmentación del tejido social de las comunidades que lo habitan y lo protegen. Ribereños y río han sido testigos del horror: del paso de cuerpos mutilados bajando por la corriente; de la militarización de sus orillas; de cómo su cauce fue convertido en frontera, botadero y estrategia de guerra. Ha visto tanto el Magdalena, que se han documentado centenares de víctimas arrojadas a sus aguas —cuerpos sin nombre, silenciados por la violencia.

Tanto ha presenciado el río, que los relatos nacidos en sus orillas aún cargan con los pesares de la guerra. Como lo recuerda Laura Ortiz, con una claridad estremecedora:

“En lo fino de la guerra, encontrábamos de a cinco diarios. Por eso le digo, el pueblo se cansó de coger muertos ajenos. ¿Sabe que los hombres bajan con la panza arriba y las mujeres flotan bocabajo? Eso es raro. Los que no flotan se engarzan en las redes o el remo choca con sus cabezas. Dicen los pescadores que es como toparse con una roca de carne.”

Lo más grave es que este  río herido es, además, la arteria hídrica del país. No solo constituye la principal fuente de agua potable, riego, energía y abastecimiento industrial para más de la mitad de la población colombiana, sino que, junto con su afluente principal —el río Cauca— y otros más de treinta afluentes mayores, sustenta directamente a cerca del 85 % de la población. A lo largo de su recorrido, este sistema hídrico da origen a humedales, ciénagas y lagunas costeras de altísimo valor ecológico, paisajístico y productivo. Estos ecosistemas no solo cumplen      funciones esenciales en la regulación hídrica y la preservación ambiental, son el soporte de una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta.

Reconocer al territorio y a la naturaleza como víctima no es un gesto simbólico: responde al deber jurídico y ético de proteger el medio ambiente. Este debe ser conservado, restaurado y defendido, no solo por sus funciones ecológicas, sino porque es sustento de vida para millones de personas. El derecho internacional y la Constitución colombiana lo exigen; la memoria del conflicto lo reclama.

Este reconocimiento no surge de la nada. La Jurisdicción ha interpretado, en consonancia con estándares internacionales y nacionales, que la titularidad de derechos no está reservada únicamente a las personas naturales. También los elementos ecosistémicos —como el río Magdalena— pueden ser reconocidos como sujetos de derechos cuando cumplen funciones vitales, pues están profundamente ligados a las comunidades que los habitan y requieren mecanismos efectivos de protección.

Esto implica aceptar que el territorio tiene derecho a ser salvaguardado constitucionalmente; que existe un vínculo jurídico y ético de interdependencia entre la naturaleza y los pueblos que la cuidan y que debe garantizarse su representación judicial para exigir reparación, restauración y garantías de no repetición dentro del proceso transicional.

En el caso del río Magdalena —y de la naturaleza en general— la destrucción del medio ambiente constituye una forma de delito pluriofensivo: una agresión que vulnera simultáneamente los derechos de poblaciones enteras al agua, la salud, la vivienda y la vida misma. Por eso su reconocimiento jurídico no solo representa una forma de reparación simbólica, sino un paso concreto hacia la construcción de garantías de no repetición.

La decisión de la JEP no es un acto menor. Es un precedente vivo que transforma la forma en que concebimos la justicia en contextos de guerra. Es un llamado a entender que la paz no se construye únicamente reparando a las personas, sino también sanando la tierra que fue testigo y víctima. Porque en Colombia, donde la guerra dejó cuerpos en los ríos y cicatrices en la selva, el territorio también tiene memoria. Ahora, gracias a este paso histórico, también tiene voz.

El reto está en este momento en el territorio, en los cuerpos de agua que siguen siendo víctimas y silenciados. La Jurisdicción Especial para la Paz deberá avanzar en el impulso de medidas reales de protección a la naturaleza, entendida no solo desde su dimensión ecológica, sino también desde sus dimensiones cultural y espiritual; porque el medio ambiente no representa      únicamente lo físico y lo biológico: también contiene la historia, las creencias, los afectos y la vida misma de los pueblos que lo habitan.