En el Chile contemporáneo, una tensión creciente y profundamente preocupante se ha instalado en el corazón del debate público: aquella que confronta, o parece confrontar, el ejercicio de la libertad de expresión con la imperiosa necesidad de proteger los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer (en adelante, LGBTIQ+). La discriminación y la violencia contra esta comunidad no son fenómenos nuevos en la historia del país; han sido una constante dolorosa, combatida con valentía y resiliencia por activistas y organizaciones que han logrado avances significativos en las últimas décadas.

Sin embargo, lo que hoy enciende las alarmas no es solo la persistencia de estas vulneraciones, sino la renovada y peligrosa legitimidad que ciertos discursos adquieren al ampararse en una interpretación laxa o distorsionada de la libertad de expresión. Este escudo retórico, esgrimido con particular vehemencia por sectores conservadores, está facilitando un retroceso tangible en la garantía de los derechos LGBTIQ+ y corroe un pilar fundamental de cualquier sistema democrático que aspire a ser verdaderamente inclusivo.

El XXIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (en adelante, MOVILH) publicado en marzo de 2025, ofrece un panorama desolador que sustenta esta preocupación con datos contundentes. Según este informe, el año 2024 se consolidó como el peor en términos de retrocesos para los derechos de las personas LGBTIQ+ desde el retorno a la democracia en Chile. Se registraron 2.847 casos y denuncias por homofobia y transfobia, lo que representa un alarmante aumento del 78,7% en comparación con el año 2023. Particularmente grave es el incremento del 462,7% en los ataques dirigidos específicamente contra personas trans. Estas cifras no son meros números; reflejan vidas truncadas, proyectos personales obstaculizados y un clima de miedo e inseguridad que se expande.

Este alarmante incremento de la violencia y la discriminación se nutre, en gran medida, de un contexto político y social donde ciertos discursos que antes permanecían en los márgenes han ganado visibilidad y una suerte de validación pública. Sectores ultraconservadores, a menudo articulados con movimientos internacionales que promueven una agenda reactiva a los avances en derechos humanos, han intensificado sus campañas contra lo que peyorativamente denominan «ideología de género».

Utilizan la palestra pública, las redes sociales y, en ocasiones, espacios institucionales para difundir mensajes que estigmatizan, deshumanizan y ridiculizan a las personas LGBTIQ+. Estos discursos, hábilmente disfrazados de «opinión» o «defensa de valores tradicionales», erosionan la cohesión social y borran progresivamente la línea fundamental que el derecho internacional de los derechos humanos traza con claridad entre la expresión legítima, incluso aquella que puede ser crítica o controversial, y el discurso que incita al odio, la discriminación o la violencia.

Es crucial recordar, en este punto, que el marco jurídico internacional que Chile ha suscrito y está obligado a respetar establece que la libertad de expresión, si bien es un derecho humano fundamental y una piedra angular de la democracia, no es un derecho absoluto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, inciso 2, establece que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores, fijadas por ley y necesarias para asegurar «el respeto a los derechos o a la reputación de los demás» o «la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas».

De forma similar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, inciso 3, contempla restricciones a este derecho, siempre que estén expresamente fijadas por la ley y sean necesarias para fines análogos. Más aún, el artículo 20, inciso 2, del mismo Pacto mandata la prohibición por ley de «toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia». Estas disposiciones no buscan coartar el debate público ni silenciar las críticas, sino proteger la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas pertenecientes a grupos históricamente sometidos a discriminación y violencia. La protección contra el discurso de odio es, en sí misma, una condición necesaria para que la libertad de expresión de los grupos vulnerables pueda ejercerse sin temor.