Además de las reglas establecidas por la sentencia T-534 de 2024 sobre el derecho de petición y el interés público ambiental, en Colombia existen otras apuestas por cerrar las brechas de información ambiental sobre las cadenas ganaderas. Primero, están los acuerdos cero-deforestación. Son convenios públicos privados entre las instituciones públicas, gremios, empresas y organizaciones de la sociedad civil para construir sistemas de trazabilidad einstrumentos de información, verificación y certificación para cerciorarse que las cadenas estén libres de deforestación. Por otro lado, está el Proyecto de Ley 009 de 2022, una propuesta legislativa en la que, además de proponer que dichos mecanismos de trazabilidad estén a cargo de las instituciones públicas, busca establecer la obligación de debida diligencia para los eslabones de transformación y exportación de la carne.

Sin embargo, la vía judicial, de la sentencia T-534 es, por ahora, la alternativa más esperanzadora para volver transparente la información ambiental sobre las cadenas de suministro, si vemos los problemas que tienen la vía política y legislativa.

Por un lado, los acuerdos cero-deforestación no contienen sanciones, más allá del costo reputacional que tengan las empresas frente a los consumidores por no participar o no cumplir con ellos. Pero en Colombia aún no existe un movimiento de consumidores exigiendo activamente dicha transparencia. A pesar de algunos casos en donde se ha demostrado que se ha vendido carne deforestadora (como el caso del Grupo Éxito), no han habido grandes movilizaciones de los consumidores para exigir transparencia. A esto se suma el ritmo lento en que los acuerdos se están ejecutando. Por su parte, el Proyecto de Ley 261 aún se encuentra cursando el proceso de decisión del Congreso y, aunque sea aprobado, el texto restringe la obligatoriedad de debida diligencia (y por ende de transparencia) sólo a ciertos eslabones de la cadena.

Por ende, ante los bloqueos políticos, la vía judicial se vuelve en la vía más provechosa en la coyuntura reciente, toda vez que precisa un estándar respecto al secreto comercial y reconoce el carácter de interés público de la información. Lo que no quiere decir que no tenga sus defectos. Estos residen, de un lado, en que la sentencia T-534 apenas abre una posibilidad de exigencia de transparencia, mediante derechos de petición y en caso particular de periodistas, por lo que su efectividad dependerá de la presión que se haga desde la sociedad civil, más no de una obligación general que obligue a las instituciones a ser transparentes de oficio.

Además, esta no se pronunció sobre el carácter ambiental de la información, lo que deja un vacío aún sobre el vínculo que tienen problemas como éste con la implementación de estándares reforzados como los que  introduce el Acuerdo de Escazú en materia de acceso a información ambiental de particulares.