Ser trans en México. Entre el reconocimiento legal y los crímenes de odio
31 de Marzo de 2025
México ha avanzado en derechos trans, pero persisten la violencia, crímenes de odio y discriminación. El artículo denuncia la brecha entre leyes y realidad, y exige al Estado garantizar igualdad, justicia y protección efectiva para la población trans.
En los últimos años, México ha dado pasos importantes hacia el reconocimiento legal de los derechos de las personas trans, dentro de ellos, el derecho a la identidad de género. Incluso, recientemente, la SCJN ha emitido una interesante sentencia sobre el derecho de las mujeres trans a utilizar los baños de mujeres, en la que reconoce que su negativa constituye un acto de violencia y discriminación. Sin embargo, a pesar de los avances en las políticas legislativas y judiciales, esta población sigue enfrentando múltiples formas de violencia, exclusión y discriminación, que reflejan una profunda contradicción entre el marco jurídico del país y la realidad cotidiana.
Este artículo escrito en el marco del día internacional de la visibilidad trans explora las tensiones entre el avance normativo y los desafíos persistentes, con un enfoque en los crímenes de odio, el acceso a la justicia, y la responsabilidad del Estado en garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de identidad o expresión de género.
México ha sido pionero en América Latina al permitir el reconocimiento de la identidad de género a través de trámites administrativos en varios estados del país, incluyendo la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, entre otros. Gracias a reformas al Código Civil, muchas personas trans pueden modificar su nombre y género en documentos oficiales sin necesidad de procedimientos judiciales ni requisitos médicos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias relevantes, donde se ha establecido que las personas menores de edad también tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género, reforzando el principio del interés superior de la niñez.
Sin embargo, estos avances conviven con vacíos legales en otras entidades federativas donde no se reconoce el derecho a la identidad, lo cual genera una situación de discriminación estructural. A ello se suma la ausencia de políticas públicas transversales que garanticen el acceso real a servicios de salud, educación, empleo, vivienda y justicia para la población trans.
México es uno de los países más peligrosos para las personas trans en América Latina. Según el informe de la organización Letra Ese, en 2023 se registraron al menos 66 crímenes de odio contra personas LGBTIQ+, de los cuales más de la mitad (63%) fueron transfeminicidios. Esta cifra podría ser mucho mayor, considerando que muchas agresiones no se denuncian o no se registran como crímenes de odio.
Por su parte, la Fundación Arcoíris, integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+ en México, ha señalado que entre 2019 y 2024 se registraron al menos 672 crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ en México, entre asesinatos, atentados y desapariciones, la mayoría de ellos registrados contra personas trans. Las entidades con mayor número de casos documentados en ese periodo fueron Veracruz (107), Chihuahua (54) y la Ciudad de México (50).
Estas muertes son la expresión extrema de un sistema que niega la humanidad de las personas trans. La impunidad, el prejuicio institucional y la falta de mecanismos especializados para investigar con perspectiva de género e identidad de género perpetúan el ciclo de violencia. En muchos casos, los crímenes ni siquiera se investigan como transfeminicidios, y las víctimas son revictimizadas en los medios de comunicación o por las propias autoridades. Frente a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades mexicanas redoblar sus esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans.
La violencia estructural contra la población trans no se limita a los crímenes de odio. La exclusión comienza desde la infancia, cuando muchas personas trans enfrentan el rechazo familiar, el bullying escolar y la expulsión del sistema educativo. Esto reduce en gran medida sus oportunidades de acceso a la educación superior y al empleo formal.
Utilizando datos de la ENDISEG 2021, en cuanto a las probabilidades de sufrir distintos tipos de discriminación laboral según la identidad de género, las mujeres trans enfrentan las cifras más altas en todas las categorías analizadas. El 36.9% ha sido víctima de trato desigual (en beneficios, prestaciones laborales o ascensos), el 31.4% ha sufrido violencia en el centro de trabajo, y el 18.8% ha sido negada en el empleo o en oportunidades laborales. Estas cifras duplican o incluso triplican las tasas de discriminación que enfrentan personas cisgénero, lo que evidencia una grave situación de exclusión estructural hacia las mujeres trans en los espacios laborales.
En materia de salud, el panorama tampoco es alentador. Los servicios de salud siguen sin estar adaptados a las necesidades específicas de las personas trans. El acceso a tratamientos hormonales, cirugías de afirmación de género y atención psicológica con enfoque afirmativo aún es limitado, y en muchos casos inexistente fuera de las grandes ciudades.
Según la Encuesta sobre salud sexual de mujeres trans en México 2021, solo el 18% de las participantes nunca se ha sentido discriminada. Los motivos más comunes de discriminación fueron por ser una persona trans (49%), por su apariencia física (26%) y por su trabajo (13%). Además, el 39% reportó haber tenido dificultades para acceder a atención médica debido a su identidad de género.
El reconocimiento legal de la identidad de género no siempre se traduce en un reconocimiento social. Las personas trans siguen siendo objeto de burlas, estigmas, discursos de odio, acoso callejero y discriminación institucional. La transfobia está en las calles, en las aulas, las oficinas, las clínicas y los juzgados.
Las instituciones del Estado deben comprender que la inclusión no se resuelve únicamente con reformas jurídicas. Es necesario implementar procesos de capacitación y sensibilización profunda en todos los niveles del gobierno, especialmente en áreas como la seguridad pública, la justicia, la salud y la educación. El respeto a los derechos humanos de la población trans debe convertirse en una prioridad de política pública y no solo en una declaración simbólica.
Con base en el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar, promover e investigar violaciones a los derechos humanos. Esto incluye el deber de prevenir y sancionar los crímenes de odio, asegurar el acceso igualitario a los servicios públicos y adoptar medidas afirmativas para eliminar las desigualdades estructurales.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales han establecido estándares normativos claros sobre la protección de las personas LGBTIQ+, incluyendo el derecho a la identidad de género, a la no discriminación, y a vivir libres de violencia. Desde el enfoque del Estado de derecho, el respeto a la dignidad de las personas trans no debe depender de la voluntad política de un gobierno ni de los consensos sociales, sino que debe consolidarse como una política pública permanente de justicia, inclusión y equidad.
Las personas trans en México siguen luchando por el derecho básico a existir sin miedo. Sus vidas no deben reducirse a estadísticas de crímenes de odio, ni sus derechos estar condicionados al reconocimiento social. Aún queda mucho por hacer para cerrar la brecha entre el discurso jurídico y la experiencia vivida. Hablar de derechos humanos implica hablar de acceso a una vida digna, a la igualdad de oportunidades, al respeto por la diversidad y al reconocimiento pleno de la ciudadanía. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas, sin importar su identidad o expresión de género, puedan vivir libres de violencia, discriminación y miedo.
El camino hacia una sociedad pacífica, democrática, tolerante y respetuosa pasa necesariamente por el reconocimiento, la memoria, la inclusión y la reparación. Porque los derechos humanos no son concesiones: son exigencias de justicia y de dignidad.
Citación académica sugerida: Pérez, Sylvia Sofía. Ser trans en México. Entre el reconocimiento legal y los crímenes de odio. Agenda Estado de Derecho, 2025/03/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ser-trans-en-mexico/
Palabras claves: derechos LGTBIQ+, diversidad sexual; personas trans; México.
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Mujer trans y destacada promotora y defensora de los Derechos Humanos desde 1999, con un enfoque principal en la salud sexual y reproductiva, el género y los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, así como de otras comunidades históricamente excluidas. Su labor ha sido fundamental para visibilizar las desigualdades y garantizar que estas poblaciones se conviertan en prioridades de atención, con el objetivo de que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos. Actualmente, se desempeña en el servicio público como auxiliar de temas LGBTIQ+ en la dirección de Derechos Humanos e Inclusión de la Secretaría de la Mujer, Inclusión y Derechos Humanos. Además, cada año ha participado en la semana de los feminismos del Tecnológico de Monterrey, siendo pionera como mujer con experiencia trans en ser invitada a participar en mesas de debate.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
