El segundo instrumento que interviene en el problema es el Decreto 1275 de 2024  sobre autoridades ambientales indígenas, expedido como preámbulo a la  COP16 de biodiversidad que tuvo lugar en Cali. Esta norma avanza en la materialización de algo que la Constitución ya había reconocido desde el año 91: los territorios indígenas, como entidades territoriales, que hacen parte de la estructura político administrativa del país y gobiernan sus territorios de acuerdo con sus sistemas culturales. La implementación de las competencias ambientales que trae el decreto fortalece la puesta en funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) y la construcción de un país plural y diverso que entiende que la protección de la diversidad cultural y biológica deben ir de la mano.

Este decreto otorga a las autoridades indígenas competencias ambientales reforzadas y reconoce su papel como guardianes territoriales y del ambiente, estableciendo principios de justicia ambiental. En un contexto donde el mercado de créditos de carbono ha generado tensiones y desacuerdos, la correcta implementación de este decreto podría transformar la gestión ambiental y abrir un camino hacia la coexistencia entre las iniciativas de compensación y los derechos de los pueblos indígenas.

Uno de los puntos esenciales de esta normativa es el reconocimiento de la autoridad indígena en la gestión ambiental. Este principio permite a las autoridades indígenas formular y desarrollar planes de ordenamiento en sus territorios a partir de sus propios sistemas de conocimiento. Esto representa una reivindicación de su autonomía y el reconocimiento de que su relación con el medio ambiente no sólo es legítima, sino que ofrece alternativas para la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Los gobiernos indígenas obtienen así un mayor control sobre proyectos que, de otra forma, podrían amenazar sus prácticas tradicionales y sistemas de vida.

Otra dimensión significativa es la posibilidad de una regulación más estricta del mercado de carbono. Según los principios de progresividad y rigor subsidiario que introduce el decreto, las autoridades indígenas cuentan con la capacidad de imponer normativas ambientales más rigurosas que las del Estado central. Esto podría aumentar los estándares para los proyectos de compensación de carbono en Colombia.

El decreto también fortalece el pluralismo jurídico y el respeto a los sistemas normativos indígenas. Este reconocimiento implica la coordinación entre las normativas indígenas y las estatales, maximizando las primeras en el ámbito de los territorios indígenas. Esto podría significar que los proyectos de carbono tendrán que ajustarse a los reglamentos de los pueblos indígenas, que a menudo están más alineados con el cuidado territorial a largo plazo y la protección de la biodiversidad.