Desde la presentación de la iniciativa de reforma al poder judicial el pasado 5 de febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, las voces de los estudiantes y de las juventudes de México no fueron escuchadas y, en consecuencia, se ignoraron nuestros derechos a participar en la toma de decisiones del país.

Derivado de lo anterior, el 1 de septiembre, miles de estudiantes y jóvenes decidimos salir a las calles en defensa de los derechos humanos, la democracia y, por ende, del poder judicial. La ruta escogida para la marcha fue simbólica ya que abarcó desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República, bastión en el que la oposición pudo haber contenido la aprobación de la reforma judicial.

Durante la marcha, el grupo de estudiantes y jóvenes ahora conocido como “Movimiento Generación del 24” recabó cientos de derechos de petición con diversos cuestionamientos dirigidos al Poder Legislativo. Por medio de los derechos de petición, buscamos que el poder legislativo nos informara sobre cómo la reforma judicial garantizaría los derechos de acceso a la justicia, la independencia judicial y, consecuentemente, el derecho al futuro de los estudiantes y jóvenes del país.

Sin embargo, las exigencias de las juventudes fueron ignoradas por la clase política. Derivado de la falta de respuesta por los integrantes del poder legislativo, presentamos diversos juicios de amparo, solicitando la integración de una comisión que pudiera escuchar de manera consciente, plural y representativa a las juventudes de México. No obstante, por la suspensión de labores del poder judicial (paradójicamente, derivado de la reforma judicial), los juicios no fueron admitidos.

Durante todo este proceso, los estudiantes y las juventudes hemos acudido a todas las vías institucionales y constitucionales para tratar de establecer un diálogo con las autoridades y fuerzas políticas del país con la finalidad de poder lograr una discusión plural, consciente e informada que pudiera derivar en una reforma integral en materia de justicia.

No obstante, dicho escenario de indiferencia y negación al diálogo con las juventudes de México se postergó hasta la “discusión” y posterior aprobación de la reforma judicial por parte del Congreso de la Unión  y de las Legislaturas Locales, respectivamente.

Como jóvenes, estamos convencidos de que la dirección política, social y económica del país debe tener como norma, en todo momento, el fortalecimiento de la división de poderes y el respeto a los derechos humanos, pilares esenciales de toda sociedad que aspira a tener una Constitución.

La reforma al poder judicial no cumple con esas condiciones por dos cuestiones principalmente: (i) genera una falsa sensación de empoderamiento ciudadano mediante el voto popular de los jueces, magistrados y ministros; y (ii) debilita, en perjuicio de los justiciables, los derechos de acceso a la justicia, la independencia judicial, así como el sano equilibrio entre los poderes tradicionales del Estado.

El pasado 1 de octubre de 2024 concluyó el mandato constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador y, comienza un nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en llegar al cargo de Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, después de 200 años de República.

En ese sentido, las juventudes buscamos establecer diálogo a efecto de que podamos participar activamente en las decisiones del país, mismas que indebidamente han sido monopolizadas por los actores políticos tradicionales, ignorando las voces y los derechos de las juventudes.

Por tales motivos, buscamos que, durante su mandato, la presidenta Sheinbaum Pardo lleve a cabo las siguientes acciones en defensa y garantía de los derechos de miles de estudiantes y jóvenes del país:

1) Garantice un ambiente de respeto a la pluralidad y diversidad de opiniones en el que podamos expresar de manera libre nuestras ideas, incluso cuando son críticas de las políticas del gobierno.

2) Establezca mesas de trabajo con las diversas fuerzas políticas de México a efecto de que se escuchen de manera activa y consciente los reclamos de los estudiantes y juventudes del país.

3) Haga un llamado para que los actores políticos del país cumplan con las suspensiones dictadas en este proceso por las autoridades judiciales a efecto de que se preserve el orden constitucional y legal de nuestro país.

4) Establezca mecanismos institucionales para que durante todo su gobierno los estudiantes y jóvenes podamos participar en la vida política del país manera activa, directa y libre de violencia.

5) Involucre de manera real y consciente a los estudiantes y jóvenes en el proceso de creación de leyes secundarias para la instrumentalización de la reforma al poder judicial para poder hacer valer nuestras preocupaciones respecto de los derechos de acceso a la justicia, la independencia judicial y el derecho al futuro.

6) Lleve a cabo un proceso de pacificación en México, mediante un llamado a todas las autoridades del Estado y a todos los sectores de la población a la unidad y a la reconciliación.

Como jóvenes, estamos convencidos de que la reparación del tejido social en nuestro país se encuentra en la búsqueda de la paz y, consecuentemente, en el fortalecimiento de la educación y la cultura. En estos días, hemos sido testigos de que los mecanismos que existen actualmente en nuestro sistema político y jurídico limitan sustancialmente la participación real de los jóvenes en la vida pública del país. Por lo anterior, resulta impostergable que se desarrollen nuevos canales de comunicación entre las juventudes y los actores políticos tradicionales.