El decreto de reforma constitucional al poder judicial que fue aprobada por el congreso mexicano en el otoño de 2024 tiene varios puntos dilemáticos como son la remoción escalonada de los cargos jurisdiccionales, la creación de dos órganos para administrar y vigilar al poder judicial, la elección popular de jueces y el periodo para el que son electos, en esta nota nos centraremos en los dos puntos finales.

Para comenzar pongamos el problema central que se presenta en el ámbito jurisdiccional entre la independencia judicial y la rendición de cuentas. Desde el liberalismo clásico la característica central de los tribunales es la independencia judicial porque solamente aquella es capaz  de salvaguardar la libertad política de la ciudadanía, y fue con este argumento como base con lo que se construyeron los poderes judiciales en el mundo occidental con una notable excepción: los Estados Unidos donde se introdujo la elección popular de los tribunales de los estados federados aunque se mantuvo el método de designación para la jurisdicción federal.

¿Por qué solamente Estados Unidos y en el siglo XXI Bolivia tienen la elección popular como método para seleccionar jueces? Porque es un mal procedimiento que se ha querido sostener con la necesidad de la rendición de cuentas por el poder judicial y se ha pretendido que la elección popular sea la panacea para el problema de la corrupción.

Para comenzar los mismos norteamericanos desde el principio del siglo XX introdujeron reformas a la elección popular de jueces locales mediante el plan Missouri que es un procedimiento de filtro de candidaturas a partir de revisiones por las barras de abogados y que permiten la ratificación de jueces en funciones, pero no su postulación. Con lo que, si bien en varios de los estados se votan a los jueces, esto sucede después que son postulados con la comisión de selección y designados por el gobernador en turno. Así, la elección es realmente una ratificación por parte de la ciudadanía, lo que matiza de manera importante el argumento de la votación popular.

Respecto a la corrupción del poder judicial y la rendición de cuentas de los jueces, la constitución boliviana estableció la elección popular de las magistraturas. Sin embargo, con informes y estudios recientes, la realidad es que la corrupción se ha refinado y la ciudadanía sigue teniendo una mala opinión de los jueces bolivianos con lo que el argumento que la elección popular logrará superar la corrupción tampoco es cierto.

Esto guarda relación con lo que indica la exposición de motivos del proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma en México, ya que, si bien realiza alguna mención a la independencia judicial, el motivo central del documento es combatir la corrupción en el poder judicial, especialmente en sus órganos más importantes: la Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, aunque de este último hay marcadas diferencias en el decreto de reforma.

La reforma establece un procedimiento complejo en etapas que comienza con la convocatoria por parte del Senado de la República y termina con la declaración de validez de los comicios por parte del Tribunal Electoral, contemplando en sus etapas el registro de propuestas, el establecimiento de comisiones de evaluación por parte de cada uno de los poderes federales, la selección inicial por parte de tales comisiones, la postulación por parte de cada uno de los poderes de la unión, la revisión de las listas de postulación por parte del Senado, la remisión de las listas al órgano electoral para que organice la elección y la votación de la ciudadanía (art. 96 del decreto).

Como puede observarse es un procedimiento que tiene diversas etapas de filtrado, pero que en sus diversas fases está supervisado por los poderes políticos: el ejecutivo y el legislativo que al final de cuentas son los que propondrán las listas de candidaturas, lo que vuelve discutible el sentido de la votación popular porque al final se votarán las nominaciones de los poderes políticos.

El argumento anterior se refuerza con la experiencia comparada y con la circunstancia que, excepto la primera elección que será en 2025, las demás votaciones para jueces estarán empatadas con los comicios federales de cada tres años, con lo que al mismo tiempo que se elegirán cargos legislativos y ejecutivos también se votarán cargos jurisdiccionales, lo que muestra claramente la supeditación de estos a los cargos políticos.

Además, la relación de subordinación de los cargos jurisdiccionales se muestra en los periodos de encargo que cada uno tendrá: los cargos en la Suprema Corte durarán doce años (art. 94 del decreto), esto es, dos periodos presidenciales o cuatro periodos legislativos, mientras que los correspondientes al Tribunal Electoral serán de seis años (art. 99 del decreto) o un periodo presidencial y los relativos al nuevo Tribunal de Disciplina serán de seis años (art. 100 del decreto) también un periodo presidencial, lo que relaciona directamente la postulación de los cargos jurisdiccionales a la postulación de los cargos legislativos y ejecutivos que son votados en simultáneo con lo que la independencia judicial se vuelve discutible.

En el caso del Tribunal Electoral hay una notable excepción porque el transitorio cuarto del decreto de reforma extiende hasta 2027 los encargos de las actuales magistraturas, que deberían terminar en octubre de 2024 y 2025, lo que es dudoso en el sentido de la reforma que es la sustitución de jueces por designación a jueces por votación.

En conclusión, la iniciativa propone un mal método de selección de jueces como es la votación popular amparada en un supuesto que no se sostienen.