La violencia policial en Brasil es una cuestión muy seria y ha sido condenada no sólo a nivel nacional, sino también en foros internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos emblemáticos, como Honorato y otros contra Brasil y Tavares Pereira contra Brasil, ilustran la profundidad de este problema endémico que afecta a la realización de los derechos humanos en el país, representando ejemplos impactantes de la violencia policial en Brasil y de la impunidad que a menudo acompaña a estos crímenes.

Edson Honorato y otras 12 personas fueron asesinadas por la policía militar en 1997, durante la llamada «Operación Castelinho» en São Paulo, en circunstancias que apuntaban a una ejecución extrajudicial. La investigación fue negligente y dio lugar a una sentencia absolutoria, cuyas apelaciones fueron rechazadas. En cuanto a las demandas civiles interpuestas por familiares, cuatro fueron juzgadas favorablemente, pero sólo una familia recibió efectivamente una indemnización. El caso puso de manifiesto la práctica sistemática del uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y la ineficacia del sistema judicial para imputar responsabilidades a los agentes implicados, investigados por su propia clase.

La sentencia de la Corte Interamericana incluyó como medidas de reparación mecanismos de transparencia de la actuación policial, como la adopción de tecnología para la localización de vehículos, la destitución de cualquier policía implicado en una muerte durante una operación y la supresión de la competencia de la Policía Militar para investigar actos cometidos contra civiles. También determinó que será posible reabrir investigaciones cerradas cuando futuras condenas consideren que la investigación realizada fue insuficiente.

Otro espacio temporal, la misma violencia: José Tavares Pereira, militante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, fue asesinado en 2000 en el estado de Paraná, durante la interceptación de vehículos que se dirigían a una manifestación que nunca tuvo lugar. Al igual que en el caso Honorato, las investigaciones se vieron empañadas por fallos e imparcialidad, y se cerraron precipitadamente. La familia de Tavares Pereira luchó durante años para que se hiciera justicia, haciendo frente a amenazas e intimidaciones.

La Corte Interamericana condenó al Estado brasileño, reconociendo su responsabilidad por la insuficiente protección de la vida y la falta de una investigación adecuada. Como medidas de reparación, ordenó la protección del monumento a Antônio Tavares Pereira en el lugar donde está construido, la inclusión de contenidos específicos sobre el tema en el currículo de formación de las fuerzas policiales y la adecuación del ordenamiento jurídico en cuanto a la competencia de la Justicia Militar.

En ambos casos, la Corte ordenó a Brasil proporcionar tratamiento psicológico a las familias de las víctimas, pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional.

La violencia policial en Brasil es un fenómeno polifacético con profundas raíces históricas y estructurales. Desde la época colonial, las fuerzas policiales se han utilizado como instrumento de represión y control social, especialmente contra las poblaciones marginadas. Esta historia ha dejado un legado de prácticas autoritarias y militarizadas que perduran hasta nuestros días.

Uno de los mayores retos en la erradicación de la violencia policial es la cultura de la impunidad. Casos como los de Honorato y Tavares Pereira son claros ejemplos de cómo la falta de responsabilización perpetúa la violencia. A menudo, los agentes de policía implicados en abusos no son debidamente investigados, y cuando lo son, se enfrentan a juicios que rara vez terminan en condenas. Este ciclo de impunidad no sólo debilita la confianza pública en las instituciones de justicia, sino que fomenta la perpetuación de los abusos. Esta realidad ya quedó expuesta en el caso Favela Nova Brasília contra Brasil, en el que la Corte exigió al estado de Río de Janeiro que adoptara medidas para reducir la letalidad y la violencia policial. En este sentido, la condena dialoga con una decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil que concedió medidas cautelares para reducir los abusos policiales en el estado.

La estructura militarizada de las fuerzas policiales brasileñas contribuye significativamente a la violencia. La Policía Militar, responsable de una actuación policial de gran envergadura, opera bajo una lógica de combate, tratando a los ciudadanos muchas veces como enemigos. Este enfoque agresivo es especialmente evidente en las favelas y comunidades periféricas, donde la presencia policial se asocia con frecuencia a la violencia y el miedo.

La violencia policial en Brasil se manifiesta de diversas formas, desde abordajes truculentos hasta ejecuciones sumarias. Datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública muestran que en 2023 más de 6.400 personas murieron a manos de agentes de policía en el país -17 personas al día-, una de las cifras más altas del mundo. Estas muertes se producen de forma desproporcionada entre jóvenes negros y pobres, lo que revela una brecha racial y socioeconómica en la violencia de Estado.

Además de las ejecuciones, muchos ciudadanos son víctimas de abordajes agresivos y tortura durante las detenciones. Los informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional destacan con frecuencia casos de tortura en comisarías y centros de detención, donde se violan sistemáticamente los derechos básicos de los detenidos.

Las ejecuciones extrajudiciales son quizá la forma más extremada de violencia policial. Los agentes de policía implicados en estas acciones suelen alegar defensa propia, pero las investigaciones muestran que muchos de estos casos son asesinatos premeditados. La práctica de los «autos de resistência», en los que las muertes se justifican como reacción a un supuesto ataque, ha sido ampliamente criticada por enmascarar ejecuciones sumarias. El registro de las muertes con este término, o con el sinónimo «resistencia seguida de muerte», dicta la tendencia de las investigaciones, asumiendo que las personas ejecutadas habían realizado actividades criminales y que la fuerza policial actuó legalmente al reaccionar agresivamente. Este entendimiento es reforzado por la Corte Interamericana.

La violencia policial representa una grave violación de los derechos humanos, que afecta directamente al derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal. La impunidad que caracteriza muchos de estos casos compromete la justicia y perpetúa un ciclo de violencia y desconfianza. Las poblaciones más afectadas por la violencia policial -los jóvenes, la población negra y los pobres- se enfrentan a un estigma constante. A menudo se trata a estas comunidades con recelo y desconfianza, lo que agrava las desigualdades sociales y perpetúa la marginación.

Para combatir eficazmente la violencia policial se requiere un conjunto de acciones integrales que incluyan reformas institucionales, cambios culturales y la participación activa de la sociedad civil.

Es esencial invertir en la formación continua de los agentes de policía, haciendo hincapié en los derechos humanos y en la capacitación para aplicar técnicas de mediación de conflictos, así como promover una cultura de respeto de los derechos humanos dentro de las fuerzas de seguridad. Además, es necesario reforzar los departamentos de policía y los organismos de control externos, como el Ministerio Público, para garantizar investigaciones imparciales y la rendición de cuentas por los abusos cometidos. Asimismo, las operaciones policiales deben ser transparentes y estar efectivamente comunicadas, permitiendo la participación de la sociedad civil, incluidos los movimientos sociales, las ONG y los consejos comunitarios.

Así pues, la violencia policial en Brasil es un problema endémico cuya solución requiere un enfoque múltiple. Los casos de Honorato y Tavares Pereira son dolorosos ejemplos de la necesidad de reformas urgentes e integrales. Sólo mediante cambios institucionales y culturales y la participación activa de la sociedad civil podremos avanzar en la construcción de una fuerza policial que respete los derechos humanos y esté verdaderamente al servicio de la población.

La lucha contra la violencia policial es, en última instancia, una lucha por la dignidad humana y por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Cada paso que se da en esta dirección es un avance para garantizar que todos los brasileños puedan vivir con seguridad y dignidad, libres del miedo a la violencia de quienes deberían protegerlos.