La Ley -conocida ya informalmente como “Ley de Amnistía”- se sustenta en una interpretación equivocada de dos tratados internacionales ratificados por el Perú. En primer lugar, el Congreso afirma que el Estatuto de Roma “crea” los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto, sólo a partir de la ratificación y entrada en vigor para el país es que se vuelve obligatorio investigar, juzgar y sancionar a quienes los cometan. En segundo lugar, señala que las disposiciones de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, que afirma que estos graves crímenes no prescriben, no son aplicables al Perú sino hasta después de su entrada en vigor, dado que Perú realizó una reserva al tratado. Así, según el Congreso, se respetaría el principio de legalidad y el derecho de prescripción.

Al margen de la lectura errónea que propone el Congreso de los tratados señalados, se debe recordar que aquellos no son fuente exclusiva de las obligaciones de investigación y sanción que recaen sobre el Perú respecto a estos crímenes. Tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por el Perú en 1978 y 1956, respectivamente, ya establecían estas obligaciones. Asimismo, se tenían las reglas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, la regla 158 establece la obligación de los Estados de investigar los crímenes de guerra cometidos tanto por ciudadanos como por las fuerzas armadas, y sancionar a los imputados cuando corresponda. Por otro lado, la regla 159 permite conceder amnistía, siempre que no se trate de personas acusadas o condenadas por crímenes de guerra.

Por otra parte, de los artículos 1.1 y 25 de la CADH, se desprende el derecho de toda persona a la protección judicial frente a actos que violen sus derechos fundamentales. Esto implica que toda persona tiene derecho a acceder a un recurso efectivo ante los tribunales competentes, independientemente de si el perpetrador del acto vulneratorio actuó en el ejercicio de sus funciones o no. En el contexto específico de los delitos que el Congreso pretende dejar impunes, estos artículos cobran especial relevancia, ya que garantizan a las víctimas y sus familiares el derecho a acceder a recursos judiciales efectivos y a que se les asegure la investigación y sanción de dichos actos.

Adicionalmente, los Convenios de Ginebra de 1949, también contienen disposiciones que establecen los deberes de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves infracciones al DIH. Por lo tanto, como se ha desarrollado previamente, estos tratados, vigentes antes del 2002, ya imponían al Estado peruano la obligación de investigar y sancionar estos crímenes.

En ese sentido, aunque el Estatuto codifica explícitamente dichos delitos, su precisión sobre la competencia se refiere a los casos que puedan ser sometidos a la Corte Penal Internacional, lo cual no exime a los Estados de realizar estas acciones respecto de quienes cometan estos crímenes. Por lo tanto, no es cierto que se estaría aplicando de manera retroactiva las disposiciones contenidas en el Estatuto, ya que a los miembros de las fuerzas del orden que han sido condenados o procesados por esos delitos, se les ha imputado tipos penales vigentes al momento de la comisión del hecho.

Al conjunto de normas señaladas se suman también las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en sus sentencias para los casos de Barrios Altos y La Cantuta. En ambas decisiones, advirtiendo la impunidad que operó en Perú tras la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte ordenó al Estado cumplir con su deber de investigar los hechos y permitir a las víctimas y sus familiares un verdadero acceso a la justicia. Además, la Corte afirmó que las normas de exclusión de responsabilidad penal en casos que involucran graves violaciones a los derechos humanos, son incompatibles con la Convención Americana. Son precisamente las organizaciones de víctimas y familiares, y otras organizaciones de la sociedad civil, quienes de manera reiterada han tenido que volver a la Corte IDH para exigir la justicia que les es arrebatada en sede interna mediante acciones inconvencionales del Estado.