Asentar personal militar en los pasos fronterizos como una política permanente para el control de la migración irregular trae graves dificultades para la efectiva protección de los derechos humanos. De acuerdo a la normativa peruana, las fuerzas armadas efectivamente cumplen un rol en la vigilancia de fronteras. No obstante, dicho rol no está pensado para el ejercicio de funciones administrativas como el control migratorio, sino en la defensa del territorio nacional; y, está sujeto a estándares del uso de la fuerza y al respeto irrestricto de los derechos humanos.  A esto se debe añadir que el personal militar no ha sido preparado para un uso de la fuerza aplicable a situaciones sociales de migrantes o un posible desborde social.

De otro lado, expone a los migrantes a un mayor riesgo. Esto se explica porque, desde el inicio de la pandemia, el cierre de fronteras ha ocasionado que las personas con necesidad de migrar hacia el territorio peruano o transitar a través de él para llegar a otro destino tengan que recurrir a pases no autorizados. De hecho, a mayores obstáculos, como la militarización, el flujo migratorio no se detiene—al menos no permanentemente—, sino que obliga a las personas a hacer uso de vías cada vez más riesgosas y clandestinas. Esta precarización expone a la población en movimiento a ser víctimas de otros delitos y vulneraciones de derechos humanos como la trata de personas, violencia sexual o el tráfico ilícito de migrantes.

Asimismo, esta medida genera violaciones directas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos enfocados en las personas en situación de movilidad, como el derecho a solicitar asilo y el derecho a la no devolución. El primero, de acuerdo a la Convención sobre Refugiados y a la Declaración de Cartagena, ambos instrumentos ratificados por el Perú, permite que toda persona que sufra un temor fundado de persecución o que haya huído de su país de origen por amenazas ligadas a alteraciones graves del orden público, como la violación masiva de los derechos humanos acaecida en Venezuela, solicite protección internacional al Estado receptor e inicie el procedimiento regulado para el reconocimiento de su condición de refugiado.

El segundo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, implica que una persona extranjera, refugiada o no, no puede ser devuelta a un territorio en donde su vida, libertad o integridad estén en riesgo por motivos de raza, nacionalidad, religión, condición social u opiniones políticas. Esta devolución puede adquirir diversas manifestaciones, incluyendo el rechazo o no admisión en fronteras.

Para el respeto de ambos derechos, es necesario que el Estado cumpla con las garantías del debido proceso y evalúe cada caso en concreto para determinar posibles situaciones de riesgo que enfrentaría una persona de no ser admitida en el país. Sin embargo, el cuerpo militar peruano no cuenta con una preparación, a lo largo de su formación, para realizar un análisis que involucre situaciones migratorias con posibles riesgos de derechos humanos. Además, esta función no le ha sido asignada por la ley peruana y, por lo tanto, no constituye una instancia administrativa que garantice, para civiles, derechos como un plazo razonable para el análisis de cada caso o la posibilidad de ejercer una defensa frente a una posible decisión perjudicial. En consecuencia, militarizar las fronteras e impedir el ingreso a grupos poblacionales cuyo rasgo en común es compartir una nacionalidad —probablemente la venezolana o haitiana—indica que el Estado no está cumpliendo con su obligación de individualizar los casos y que, más bien, está incurriendo en una generalización discriminatoria con base en la nacionalidad de las personas.

De este modo, aunque la militarización parece ser una salida efectiva para un sector de la población, no cumple con el objetivo de mantener una migración ordenada y, además, vulnera estándares en derechos humanos como el respeto al derecho a solicitar refugio y el principio de no devolución. Por ello, resulta urgente que el Estado peruano abandone este tipo de medidas populistas y aborde el fenómeno migratorio pensando, primordialmente, en la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad.  A la par, debe trabajar en combatir la crisis de seguridad, sanitaria y política enfocándose en las verdaderas causas estructurales de los problemas.