La Corte acertó en dos puntos abstractos. Por un lado, en reconocer que el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa tiene dos caras, una de las cuales efectivamente importa la tolerancia hacia el ejercicio público y privado de la religión, lo que contiene un respeto a las reglas internas del credo en cuestión. Por otro lado, en sostener que, así como la legislación civil no tiene por qué estar atada a los cánones de una religión en particular, tampoco la regulación interna de cierta confesión tiene por qué ser una copia de las normas civiles.

Lo que resulta discutible es el modo en que la Corte trabajó con estos principios abstractos para la solución del caso concreto. En primer lugar, no está para nada claro que los registros eclesiásticos se refieran a “los fines específicos” de la Iglesia.

Los registros consignan actos de indudable contenido espiritual, como lo son el bautismo y la confirmación. Pero ¿el registro en sí mismo tiene dicho carácter? Aquí ya notamos un primer problema con la sentencia de la Corte. Para invocar el artículo I del Acuerdo con la Santa Sede, hay que determinar si el contenido de los registros hace o no al fin específico de la Iglesia. Por supuesto, es sensato tener deferencia a lo que la propia Iglesia diga al respecto, pero no puede clausurarse el debate sobre la cuestión. Y la Corte lo clausuró sin mayor análisis.

En segundo lugar, la Corte no efectuó ningún análisis, ni siquiera uno superficial, de los derechos invocados por la reclamante. Y no lo hizo porque, al afirmar que las reglas internas de la Iglesia son independientes de la legislación civil, sencillamente establece la inaplicabilidad al caso de las normas seculares, como la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Identidad de Género.

Pero no termina de quedar claro si ello se debe al principio de neutralidad del Estado, en cuyo caso se trataría de una inmunidad de la que gozan todas las confesiones religiosas, o si es un privilegio especial de la Iglesia Católica en función del Acuerdo con la Santa Sede.

En el primer caso, se trataría de una doctrina problemática en términos de Estado de derecho y de sujeción a la ley: pese a que ambas leyes establecen su aplicación a personas privadas sin hacer distinción especial para confesiones religiosas, resultaría que las denominaciones espirituales gozarían de una franquicia particular.

En el segundo supuesto, nos volvemos a encontrar con el problema anunciado en el párrafo anterior: si es un privilegio especial de la Iglesia Católica, debería ser interpretado restrictivamente. Y, por ello, se debería haber analizado con mayor fruición el vínculo entre los registros y los fines específicos de la Iglesia.

Por último, los derechos invocados por la reclamante no son meramente legales: también son constitucionales y convencionales. La Corte debería haber explicado por qué, en el caso, un supuesto respeto a la inalterabilidad de los registros eclesiásticos, en aras a la libertad religiosa, tendría más peso que los derechos a la identidad personal y a la autodeterminación informativa.

En síntesis, quizás la solución al caso concreta sea correcta. Pero la Corte podría haber hecho un trabajo más exhaustivo para explicar por qué y así aprovechar más la importancia de este precedente. Al no hacerlo, aunque haya acertado en la solución, fracasó en su rol de ser un foro para las razones públicas y el diálogo judicial.