Sobre el fondo, el TEDH destacó que la situación ambiental denunciada era notoria y de larga data. Las autoridades estaban en posición de evaluar los riesgos de contaminación y tomar las medidas adecuadas para prevenirlos o reducirlos. Por lo tanto, el Tribunal evaluó si el Estado había tomado medidas razonables y apropiadas para equilibrar los derechos de los demandantes frente al interés económico general de la región.

En primer lugar, el Tribunal señaló que, contrario a lo exigido por la legislación rusa, no se crearon zonas de protección sanitaria alrededor de las principales plantas y fábricas —separadas de las áreas residenciales—, dentro de las cuales la contaminación podría exceder oficialmente los niveles seguros.      El TEDH tuvo presente que la creación de dichas zonas era un proceso largo que requería recursos financieros, logísticos, técnicos y la debida cooperación y esfuerzo de las partes involucradas en el mismo, incluidas las autoridades estatales. En el presente caso, sin embargo, la demora de las empresas para desarrollar la documentación del proyecto y obtener su aprobación, no se habrían producido sin cierta inercia por parte de las autoridades y su clemencia en hacer cumplir las normas relativas a la creación de zonas de protección sanitaria. Adicionalmente, a ninguna de las empresas, excepto a una, se le ordenó suspender sus operaciones o cerrar por una violación de las reglamentaciones ambientales pertinentes, o por no crear una zona de protección sanitaria, como lo exige la legislación nacional.

En segundo lugar, la Corte consideró que las medidas adoptadas entre 1998 y 2013 no habían tenido un efecto significativo, entre otras cosas, en la reducción de las emisiones industriales o en las concentraciones de sustancias nocivas en el aire atmosférico de la ciudad. Aunque después de 2013 las autoridades tomaron mejores medidas, la contaminación industrial aún persistía, exponiendo a los habitantes a riesgos para su salud. Por lo tanto, el Tribunal parece convertir la obligación de medios, que corresponde al amplio margen de apreciación que generalmente se otorga a un Estado en materia ambiental, en una obligación de resultado.      

En tercer lugar, la Corte concluyó que los tribunales nacionales habían llevado a cabo un ejercicio de equilibrio insatisfactorio, al no evaluar adecuadamente si las medidas fueron, de hecho, efectivas y capaces de remediar las consecuencias adversas. En consecuencia, se declaró la violación del artículo 8 del CEDH y se concedió a los demandantes una indemnización por daños morales de 2.500 EUR cada uno.