Agrotóxicos, comunidades rurales y derechos humanos en el Paraguay
29 de Noviembre de 2022
Tras la visita del Relator Especial de la ONU en sustancias tóxicas y derechos humanos a Paraguay, ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el país en la materia?
El reciente comunicado final de la misión del Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, confirma lo que ya estaba comprobado: en el Paraguay no se cumple con los estándares de tóxicos permitidos para ser usados en la agricultura. Esto conlleva graves consecuencias para las comunidades locales y pueblos indígenas que habitan las zonas agrícolas del país sudamericano.
La agricultura es de suma importancia en Paraguay, donde los principales productos |son la soya, el algodón y la ganadería. Sin embargo, es un sector en el que impera la desigualdad, dado que solo 1% de los terratenientes posee el 77% de las tierras cultivables. Además, muchas de estas tierras están en manos de empresas extranjeras, sobre todo brasileras y europeas.
El sector depende enormemente de los insumos químicos, como los pesticidas e insecticidas, ya que se estima que el 94% del sector depende de ellos. También hay grandes monocultivos, principalmente de soya, lo cual tiene un impacto negativo en el medioambiente y la biodiversidad local. Asimismo, se usa grandes cantidades de pesticidas que han sido prohibidos en, por ejemplo, la Unión Europea por el demostrado daño que causa en la salud humana, tal como ocurre en el caso del paraquat.
El impacto en las comunidades rurales es severo y permea todos los aspectos de sus vidas. Como relata el comunicado, el uso de pesticidas ha resultado en “la pérdida de sus territorios, enfermedades, discapacidades, muertes y conflictos sociales y judiciales”. Así también, “las comunidades han normalizado afectaciones como los dolores de cabeza y náuseas”.
Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que esta grave situación haya salido a la luz. El Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen en el 2019 sobre el caso de Portillo Cáceres et al. v. Paraguay. Una familia campesina paraguaya presentó una petición ante el Comité producto del uso masivo de agrotóxicos por parte de grandes empresas agropecuarias, situación que acarreó el envenenamiento de la comunidad y la muerte de su familiar, Rubén Portillo Cáceres. En este dictamen el Comité concluyó que hubo violaciones de los derechos a la vida, a la privacidad, a la familia y el domicilio, y a un recurso efectivo por parte del Estado paraguayo a la comunidad campesina.
La situación es igual de grave para los pueblos indígenas rurales. Dos años más tarde, en el 2021, el Comité aprobó un nuevo dictamen sobre el caso de Benito Oliveira Pereira et al. v. Paraguay, en donde se concluyó que el Estado violó los derechos de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ del pueblo Ava Guaraní a sus tierras y su domicilio, por causa del uso extensivo de agrotóxicos por parte de empresas agrícolas cercanas.
Este caso es emblemático porque, por primera vez, se reconoce la noción del “domicilio” desde la perspectiva de esta comunidad indígena y su relación intrínseca con su tierra y territorio. Por ende, se indicó que los fuertes daños causados por los pesticidas a la comunidad y el ambiente, perjudican la subsistencia cultural de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ.
No se trata de un solo caso, sino de un patrón que perdura y que se podría haber evitado. Paraguay ha firmado y ratificado varios convenios internacionales sobre el uso de químicos y desechos, como los de Basilea, Estocolmo, Minamata y Rotterdam. Asimismo, es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como del Convenio 169 de la OIT, el cual ha ratificado. Además, firmó el Acuerdo de Escazú, aunque está pendiente su ratificación.
El problema, entonces, está en el no cumplimiento de estos convenios y acuerdos, lo cual hace que estos hechos nocivos sigan ocurriendo.
La solución no es única, y debería tomar varias formas y abordar las múltiples problemáticas identificadas.
Siguiendo al Relator Especial, es primordial que el Estado paraguayo implemente estos convenios y acuerdos, cumpla con sus propias leyes, aplique los dictámenes del Comité de Derechos Humanos, y ratifique el Acuerdo de Escazú. “Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente saludable y proteger a su población de los efectos indiscriminados del uso de pesticidas peligrosos en Paraguay”, según dice Orellana.
Asimismo, el sector agropecuario tiene que evitar el uso de agrotóxicos nocivos y tener pleno respeto para los derechos de las comunidades rurales y para el ambiente. De esta forma, se buscaría evitar la pérdida de la posición comercial del país dentro del marco del Acuerdo de París a nivel mundial —firmado y ratificado por el Paraguay—, o bien a nivel europeo. Esto último referente al Pacto Verde Europeo, la estrategia “De la Granja a la Mesa”, y las propuestas de ley sobre la diligencia debida, y evitar la deforestación y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro, entre otras. Como he dicho antes, esto es clave ya que hay muchas empresas europeas activas en el Paraguay.
Una posibilidad de mejorar la situación a futuro sería promover la agricultura alternativa sostenible (AAS), propuesta por Kuipers (2022), a través de políticas públicas y por las propias empresas y comunidades rurales. Por AAS se entiende una agricultura que es alternativa a la convencional, que en este caso depende enormemente de los agrotóxicos altamente nocivos y, a la vez, incorpora y respeta los tres aspectos clave del desarrollo sostenible, a saber: lo social, lo medioambiental y lo económico.
En el caso específico del Paraguay, donde hay una fuerte presencia indígena, es clave que esto se implemente de forma intercultural, respetando las diferentes culturas presentes, así como también de forma interseccional, entendiendo que la situación de una mujer indígena rural es muy diferente a la de un hombre blanco terrateniente, aunque convivan en la misma comunidad.
De todas formas, queda claro que hay que mejorar la situación en el sector agropecuario con urgencia para evitar nuevas violaciones de los derechos humanos en Paraguay, en la región, y en el mundo entero.
Citación académica sugerida: Kuipers, Stijn. Agrotóxicos, comunidades rurales y derechos humanos en el Paraguay. Agenda Estado de Derecho. 2022/11/29. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/agrotoxicos-comunidades-rurales-y-derechos-humanos-en-el-paraguay/
Palabras clave: Paraguay, agrotóxicos, pesticidas, derechos humanos, comunidades rurales, pueblos indígenas,
Estudió en la Universidad de Leiden (Países Bajos), la Universidad Diego Portales (Chile), la Universidad de Gante (Bélgica) y la Universidad Carlos III de Madrid (España). Además, tiene experiencia laboral en América Latina y Europa, y a partir de noviembre de 2022 se desempeña como consejero político para el comercio internacional y los derechos humanos en el Parlamento Europeo. Le apasionan los derechos de los pueblos indígenas, de las personas de la diversidad sexual y de género, y de las mujeres, entre otros. Cree que a través de la cooperación internacional, se puede crear un mundo más justo, sostenible y equitativo para todas las personas.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
