El tránsito hacia la reparación de las víctimas del estallido social en Chile: más dudas que certezas
18 de Octubre de 2022
A tres años del estallido social en Chile, la autora presenta un análisis sobre el derecho a la reparación de las víctimas.
En octubre de 2019, la sociedad chilena experimentó un despertar que impulsó el denominado “estallido social”. Tal circunstancia, en cuanto expresión pública del derecho a la reunión, protesta y utilización del espacio cívico, tuvo múltiples consecuencias. Entre ellas, la represión estatal en contra de personas que se transformaron para siempre en víctimas.
Como consecuencia de ello, entre octubre de 2019 a julio de 2021, surgieron al menos 10.796 denuncias penales por violencia institucional , consistentes en denuncias de homicidio, mutilaciones, torturas, apremios y otros graves ilícitos. Crímenes que, en su gran mayoría, permanecen en la impunidad y, en los pocos casos que han existido sanciones, han sido desproporcionadas, en parte porque las autoridades han dado una respuesta lejana al estándar de debida diligencia, exigido en esto tipo de contextos.
Entre los obstáculos al acceso a la justicia destaca el negacionismo, incluso cuando los hechos y la crueldad de estos son evidentes y aun cuando se perpetraron en contra de víctimas que, en una inmensa mayoría, pertenecen a grupos especialmente protegidos, tales como NNA, mujeres o personas defensoras de derechos humanos. Ante tal supuesto, la respuesta estatal, cuando no fue la represión fue el aquiescente silencio. En la práctica, aspectos tan relevantes como los homicidios en manos de agentes estatales no han sido apropiadamente visibilizados, así como tampoco la responsabilidad de los altos mandos.
En marzo de 2022, instalado el nuevo gobierno, las esperanzas de las víctimas y sus comunidades se cifraron en que el negacionismo fuera superado por un impulso de políticas públicas destinadas a priorizar sus casos, sacarlos de la indiferencia y visibilizarlos para alcanzar la tan anhelada verdad, justicia y reparación.
En este contexto, el Presidente de la República Gabriel Boric, en su primera rendición de cuenta pública, el 1 de junio de 2022, sostuvo: “Hace sólo tres años, las muertes de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito, entre otros, en el marco del estallido social, nos obligaron a una tarea muy dura, que en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como Gobierno”. A ello, agregó que dicho compromiso se plasmaría en una “Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social, la cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia. Pero, junto a esto, durante los próximos meses conformaremos una Mesa de Reparación Integral”.
La Agenda está conformada por tres pilares de trabajo: (i) verdad y justicia; (ii) reparación; y, (iii) medidas para la no repetición, memoria y educación.
Según lo descrito en la Agenda, un documento de cinco páginas, el primer eje (verdad y justicia) implementará medidas orientadas a promover que los procesos sean tramitados con especial dedicación y en un plazo razonable. Para ello se indica que presentarán un Proyecto de ley que asegure la persecución penal especializada en DD.HH. Asimismo, se señala que se inyectarán recursos al Servicio Médico Legal, con el propósito de realizar todos los Protocolos de Estambul pendientes.
En la Agenda, el eje de reparación se centra en la conformación de una Mesa de Reparación Integral, que incluye un proceso de diálogo participativo con las víctimas. La mesa partiría su trabajo en el mes de julio con sus “encuentros territoriales”, para dar inicio al proceso reparatorio participativo. Hasta ahora se ha dicho que la Mesa de Reparación tendrá 18 integrantes, entre autoridades y representantes de las mesas territoriales. Cabe mencionar que, en la web de la Subsecretaría de Derechos Humanos, todos los detalles relativos a la Mesa se limitan a información general de los encuentros participativos, caracterizadas como instancias de escucha y diálogo entre autoridades estatales y víctimas, quienes deben auto identificarse como tales e inscribirse en el sitio respectivo.
En este sentido, no existe información específica respecto a qué autoridades participarán ni si son las mismas en cada encuentro. Además, tampoco existe detalle sobre la caracterización de las víctimas, lo que parece un dato de especial trascendencia en un país donde la identificación con el concepto de víctima no siempre es fácil, especialmente respecto de torturas, tal como lo señalaba Sir Nigel Rodley en su informe de visita a Chile de 1995. Otra dificultad derivada de la ausencia de conceptos en esta materia, es representada por las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que fueron objeto de procesos penales en su contra y que, no tienen certeza de si están siendo convocados.
Por otra parte, las personas defensoras de derechos humanos, representantes legales de las víctimas u organizaciones de la sociedad civil, no están siendo convocadas a los encuentros participativos ni se sabe qué rol tendrán en la Mesa de Reparación. Además, tampoco se conoce el rol de los organismos estatales que han desarrollado un papel crucial en materia de reparaciones de víctimas de la dictadura, como el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).
A tres años desde que el Estado respondiera a la protesta social con una extendida brutalidad contra los cuerpos de las víctimas, no se conoce la existencia de Proyectos de ley ni de medidas estatales concretas destinadas a asegurar la persecución penal especializada en DD.HH. Asimismo, tampoco hay medidas que garanticen la imprescriptibilidad penal y civil de los delitos originados por la violencia institucional, ni de formas de protección a la protesta destinadas a salvaguardar la integridad de las personas defensoras.
Si bien son muchos los pendientes en materia de reparación integral que se pueden mencionar, y cuya ausencia da origen a continuas vulneraciones adicionales —tales como las infracciones al acceso a la justicia o el acceso a información pública—, tras el tiempo transcurrido desde el inicio del estallido vale la pena centrarse en el hecho de que ninguna autoridad estatal ha sido concretamente sancionada. Tal impunidad contrasta con la extensión y gravedad de los crímenes perpetrados y se expresa, por ejemplo, en el hecho de que varios de los integrantes del Alto Mando de Carabineros, principal institución estatal involucrada en los crímenes contra la población civil, permanecen en cargos de especial relevancia, y ninguno fue desvinculado por las nuevas autoridades.
En cuanto a las sanciones administrativas que el Contralor impuso contra cuatro Generales e incluso el General Director de Carabineros no se presentó a declarar ante el Ministerio Público, aun cuando él y el gobierno habían comprometido toda la colaboración en el proceso penal seguido contra el Alto Mando institucional. Por el contrario, a escasos días del 18 de octubre sentenció que las autoridades deben esforzarse “para que los responsables de quienes agreden a los que tienen que defender a la ciudadanía, estén en la cárcel y no al revés».
Esta situación nos obliga a recordar lo que el profesor Juan Méndez señala como una obligación indispensable para alcanzar los fines de la justicia transicional en una sociedad que aspira a reparar integralmente a sus víctimas, esto es, el deber estatal de “separar a los verdugos plenamente identificados de los cuerpos de seguridad y otras posiciones de autoridad”. Así, ha de resguardarse el derecho de las víctimas a contar con “instituciones nuevas, reorganizadas y responsables”, y es que no se puede alcanzar una reparación integral mientras los perpetradores se mantengan en el poder, este es, en sí mismo, el requisito esencial de la no repetición y, en el caso del Chile actual, se alza como el principal obstáculo para iniciar el urgente y necesario tránsito hacia procesos que aseguren la reparación integral de las víctimas.
Citación académica sugerida: Fernández, Karinna. El tránsito hacia la reparación de las víctimas del estallido social en Chile: más dudas que certezas. Agenda Estado de Derecho. 2022/10/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reparacion-de-las-victimas-del-estallido-social-en-chile/
Palabras clave: Chile, estallido social, reparación, derechos humanos.
Abogada defensora de derechos humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
