El 1 de noviembre de 1945 daban comienzo los procesos de Núremberg en que se enjuiciaban las responsabilidades de las cabezas visibles del nazismo por las atrocidades cometidas bajo el régimen de Adolf Hitler. Tan solo unos días antes, el 24 de octubre de 1945, se ratificaba en San Francisco la Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Y tres años después, en 1948, la Asamblea de dicha organización aprobaba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Había comenzado, sin duda, una nueva era, al menos para una parte del mundo: se había producido la internacionalización del reconocimiento y garantía de los derechos humanos.

Ningún Estado podría a partir de aquel momento ser absolutamente inmune si utilizaba su soberanía para obviar o anular los derechos y libertades de su ciudadanía porque, desde entonces, existen una serie de organizaciones e instituciones internacionales encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Estas organizaciones no son infalibles, es obvio, y la tutela externa y global no es igualmente intensa en todas partes; los intereses geoestratégicos de los Estados que las componen no desaparecen. España, por ejemplo, se mantuvo ajena a aquel proceso de democratización global (occidental), y hasta 1977 estuvimos bajo un régimen dictatorial en el que las libertades individuales y políticas eran ignoradas, todo ello consentido por los llamados aliados. Pero eran otros tiempos y el comunismo, que supuestamente Franco había eliminado en mi país acabando con la República, régimen basado en el estado de derecho social y democrático, pudo más que el respeto de nuestras libertades.

En todo caso, en términos generales, cabe afirmar que a partir de la aprobación de la Carta de Naciones Unidas y la DUDH comenzaba una nueva etapa en la relación entre Estados y en la tutela de los derechos de las personas. De la protección universal se pasó a la protección regional. En América, en 1948 se creaba la Organización de Estados Americanos, cuya Carta entró en vigor en 1951. Más tarde vendría la Convención Americana de Derechos Humanos. En Europa se firmaba en 1949 el Estatuto del Consejo de Europa, una organización internacional que cuenta hoy con 47 Estados. En su seno, fue aprobado el Convenio Europeo de Derechos Humanos el 4 de noviembre de 1950, en Roma. Este Convenio destacaba frente al resto de instrumentos de reconocimiento internacional de los derechos por erigirse en un sistema integral de protección, un catálogo de derechos políticos y civiles y un mecanismo de tutela de dichos derechos. Aquel inicial sistema europeo, que cumple 70 años estas semanas, ha evolucionado como ningún otro y, como tantas veces he repetido, se ha convertido en el único sistema internacional de tutela de derechos y libertades plenamente jurisdiccional ante el que las personas y los Estados pueden presentar sus demandas en igualdad de condiciones.

El CEDH y el TEDH, que dictaba su primera sentencia el 14 de noviembre de 1961, en estos 70 años han generado un estándar común para todos los Estados parte del sistema. Un estándar que se ha forjado a través de cientos de miles de demandas interpuestas ante Estrasburgo que han generado, a su vez, más de 22.500 sentencias del Tribunal. Esta jurisdicción ofrece tutela no solo a los 820 millones de nacionales, sino, además, a todas aquellas personas que estén bajo la jurisdicción de un Estado parte: tanto en el territorio de un Estado,  como en el de un tercer Estado, cuando por las razones que fueran, el Estado parte en cuestión ejerza el poder efectivo en aquel territorio o en parte de él o, en todo caso, sobre la persona que siente violados sus derechos.

Es cierto que las demandas que acaban siendo admitidas, estudiadas y resueltas sobre el fondo por el TEDH son muy pocas. Sin embargo, este número aparentemente bajo de decisiones sobre el fondo respecto de la cantidad de demandas que se presentan cada año no debe llevarnos a engaño, puesto que la labor que viene realizando la jurisdicción europea a lo largo de estos casi 70 años es enorme desde el punto de vista jurídico.